El Consell y Podemos quieren priorizar a los extrabajadores en el nuevo Canal 9
“Se deberá tener en especial consideración la experiencia acumulada y el sistema de acceso al personal de la antigua Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)”. El gobierno valenciano, compuesto por PSPV-PSOE, y su apoyo parlamentario, Podemos, estudian darle prioridad a los extrabajadores de Canal 9 en las contrataciones de la nueva televisión pública, que se quiere poner en funcionamiento en 2016.
Esa es una de las premisas de la proposición de ley que se ha aprobado en una comisión parlamentaria. Salvo cambio de última hora, las Corts Valencianes aprobarán el 23 de diciembre, víspera de navidad, la tramitación de la ley que desembocará en el nuevo Canal 9. A expensas de nuevas negociaciones, es muy posible que PP y Ciudadanos voten contra la propuesta impulsada por PSOE, Compromís y Podemos.
Los dos partidos de la oposición pura -Podemos se autodefine como un “apoyo parlamentario crítico”- se oponen a que la ley permita al gobierno valenciano, al margen del parlamento, gestionar una televisión “en pruebas”. Estos partidos también quieren sustituir la obligatoriedad de emitir íntegramente en valenciano por “preferentemente” en la lengua propia. Ciudadanos quiere incluso contenidos en inglés. Los populares, además, querían abrir el nuevo Canal 9 a la gestión privada aunque la sociedad sea siempre de titularidad pública.
Esas diferencias no se han superado. El áspero debate inicial -acusaciones contra el PP por la “ignominia” del cierre y del PP contra PSOE, Compromís y Podemos por sus falsas promesas antes y durante la campaña electoral sobre la reapertura- auguraban que la unanimidad no iba a ser posible. Y no lo fue. Tampoco en la enmienda de los firmantes del Acord del Botànic que habla de “compromisos adquiridos con los trabajadores de RTVV”.
Ese cambio sobre la proposición de ley apunta a dar prioridad a los extrabajadores de la cadena, algunos de ellos movilizados en defensa de sus antiguos puestos de trabajo, a la hora de reclutar al nuevo personal. El PP votó en contra y Ciudadanos se ha abstenido. Los grupos que apoyan el Consell justifican su autoenmienda - la “especial consideración” no aparecía en el texto inicial“- por la petición de los sindicatos. Ese texto guiará la redacción de la ley, que aún tiene un trámite relativamente largo -seis meses como máximo- antes de ser una realidad. Una vez aprobada, el Consell quiere cumplir el mandato del parlamento no más tarde de 2016.
