El difícil parto de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria

El gobierno del primer Pacto del Botánico con el apoyo del Ciudadanos que lideró Carolina Punset pusieron como prioridad resarcir a las víctimas del accidente del metro y conseguir una sentencia política que alumbrara la tinieblas en las que el PP de Francisco Camps había hundido el peor siniestro en un subterráneo en la historia de Europa. En 2015, el primer pleno en el Parlamento valenciano de la mayoría de izquierdas con el apoyo del partido naranja sirvió para aprobar la creación de una comisión de investigación que pasara página a la fraudulenta de 2007.

Tras varios años de investigación parlamentaria se cerró la comisión con un dictamen demoledor: el accidente se podía haber evitado si se hubieran cumplido unas medidas de seguridad mínimas. De esa histórica resolución parlamentaria y por mandato expreso de la misma nació en marzo de 2018 la ley de Seguridad Ferroviaria que a su vez ponía los cimientos de la creación de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria.

Más de cuatro años después y casi dos de sentar las bases legales, este nuevo organismo no acaba de nacer pese a que en diciembre de 2019 se aprobaban sus estatutos. ¿Dónde se ha estancado esta entidad estratégica, más aún tras la sentencia judicial del accidente del metro de València que viene a confirmar la comisión parlamentaria? Pues en el nombramiento de las personas que formarán parte de ella.

La entidad tendrá cinco vocales para el Consejo Rector, dos elegidos por la Conselleria de Obras Públicas y otros tres por las Corts. De los cinco representantes saldrá la persona que presidirá el organismo. El departamento que dirige Arcadi España ha cumplido y en noviembre a través del pleno del Consell nombró vocales de la agencia a Pilar Calvo Holgado y Ricardo Insa Franco, ambos con un imponente currículum en materia ferroviaria y de seguridad, como contempla la exigente norma que planteó el Parlamento valenciano.

Las Corts Valencianes, por su parte, todavía no han nombrado a sus representantes y se dieron de plazo hasta el 15 de mayo para nombrarlos. Este plazo de seis meses puede ser reducido si es necesario, pero de momento pocos nombres suenan para la selección. De esta manera, será difícil que el organismo esté listo antes del verano. 

Para la puesta en funcionamiento de la entidad se contempla que tan pronto sean nombradas las cinco vocalías del Consejo Rector por las Corts y el Consell, se celebrará una primera sesión plenaria en la que se atribuirá la Presidencia y se elegirá a la persona que tenga que ser propuesta como titular de la dirección general.

Una vez designada formalmente la persona titular de la dirección general mediante decreto del Consell se iniciará su funcionamiento. Los órganos de gobierno de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària serán el Consejo Rector, que determinará las directrices de actuación, y la Presidencia. Además, contará como un órgano ejecutivo, una dirección general, con la consecuente organización administrativa, para poder llevar a cabo las exigencias técnicas que requiere la actividad supervisora y certificadora de la Agencia.

El propio Gobierno valenciano ante las prisas de sacar adelante este organismo consignaron 700.000 euros en 2018, dinero que pasó a otras partidas por los retrasos en la tramitación de la normativa y la búsqueda de perfiles para su dirección. En 2020 el dinero consignado en las cuentas es de 250.000 euros, más 11.000 euros para gastos. 

El Consejo Rector incluirá dos subdirecciones, una técnica, encargada de las funciones de la Agencia relativas a autorización y supervisión de las infraestructuras y equipos fijos, habilitaciones de empresas ferroviarias, especialmente el certificado de seguridad y todo lo relacionado con el material rodante y el personal ferroviario; y otra de gestión económica-administrativa propia de los entes públicos.