El informe externo de la rescatada SGR no ve delito en los avales fallidos a empresarios por valor de 118 millones

Los avales fallidos aprobados por la rescatada Sociedad de Garantía Recíproca a empresarios, líderes patronales y varios políticos del PP no serán investigados ni por la Fiscalía ni por la Agencia Valenciana Antifraude. Al menos, de momento. El informe externo encargado por los actuales gestores de Afín SGR para depurar responsabilidades concluye que “no existe reproche penal” en la adjudicación y justificación de operaciones con empresas entre 1994 y 2011 que generaron un agujero de 118 millones en la SGR. La entidad tuvo que recibir una inyección de 200 millones para garantizar su supervivencia y pagar a los bancos los avales sin garantías.

El informe de la empresa externa se ha encargado de evaluar la auditoría forense de Deloitte. Esta fiscalización sobre un total de 108 expedientes elegidos aleatoriamente sacó a la luz numerosas irregularidades y conflictos de intereses de empresarios y líderes de algunas patronales como el de la Construcción, como ha venido contando eldiario.es en exclusiva en las últimas semanas. También de políticos del PP, como la actual concejal en Vall d'Uixó, Olga Salvador. Concluye este informe que lo relatado por la forensic “no constituye un delito” y que de existir responsabilidad mercantil “habría prescrito en 2016, puesto que el consejo de administración de la SGR dimitió en bloque en 2012”, explica el presidente de Afín SGR, Manuel Illueca.

Pese a que penalmente las responsabilidades sobre consejeros y empresarios no estarían prescritas, en la opinión del despacho externo contratado para evauar la auditoría forense, “no hay reproche penal, pues la empresa en todo caso incumplió una serie de requisitos formales impuestos por la normativa interna”, confirma Illueca, también director del Instituto Valenciano de Finanzas.

La auditoría forense encargada por Afín SGR tras el rescate de 200 millones concluyó que la mora provocada por 310 avales recogidos en 108 expedientes generaron una mora de 118 millones de euros. Estos avales fueron aprobados entre 1994 y 2012, cuando la antigua SGR casi va a la liquidación por la mala gestión de empresarios y políticos del PP. El agujero fue más grande, aunque los auditores de Deloitte analizaron expedientes de manera aleatoria. Básicamente, hubo problemas de conflictos de intereses entre empresarios que estaban en los comités ejecutivos y riesgo y se daban avales a sus empresas. También de operaciones aprobadas sin garantías o con falta de documentación.

Este jueves 9 de julios el presidente de Afín SGR comparece en Les Corts para explicar el proceso de reestructuración de la entidad, que con el rescate funciona a pleno rendimiento en la aprobación de avales a empresas valencianas.