Ens Uneix se aparta de PP y Vox en una moción en la Diputación para buscar empadronamientos irregulares de inmigrantes

Ens Uneix, socio de gobierno del PP en la Diputació de València, se ha opuesto a una moción presentada por Vox y apoyada por los populares en el pleno de la corporación provincial celebrado este jueves. La moción, centrada en la búsqueda de empadronamientos ilegales y fraudulentos, salió adelante por el voto de calidad del presidente de la Diputació, Vicente Mompó (PP), ante las ausencias en el pleno, a pesar del voto en contra de Ens Uneix, el PSPV y Compromís.

La propuesta de Vox fue defendida por Sergio Pastor, quien manifestó que el problema de los empadronamientos ilegales y fraudulentos “afecta a la seguridad, la convivencia y la justicia”. Pastor argumentó que España está sufriendo una “inmigración ilegal que daña los derechos de los españoles, satura los servicios públicos y favorece a mafias organizadas”. Vox pedía a la Diputació ofrecer asesoramiento y recursos a los Ayuntamientos para cumplir la ley, inspecciones y visitas periódicas por las policías locales y servicios municipales para “comprobar la veracidad de los empadronamientos”, establecer canales de denuncias anónimas, y controles de identidad. Pastor concluyó que el objetivo es proteger a los españoles y que “el sistema no puede soportar a estas personas”, algunos de los cuales “tienen formas de delinquir”.

Por parte del PP, Reme Mazzolari calificó el asunto de “preocupante en nuestros municipios”, indicando que “esto pone en riesgo la convivencia y la seguridad ciudadana”. Afirmó que “no son casos aislados” y que hay mafias que acumulan centenares de empadronamientos. La portavoz popular sostuvo que la moción “no va de inmigración, va de que esta Diputación tiene que apoyar a los municipios para exigir que se cumpla la ley” y que “busca ayudar, no hay ninguna caza de brujas”.

La vicepresidenta Natàlia Enguix (Ens Uneix) votó 'no' junto a los grupos de la oposición, alegando que “no podemos inmiscuirnos en la autonomía municipal”, y que “si se hace alguna cosa mal lo han de resolver los ayuntamientos”. Enguix subrayó que “los padrones municipales no pueden ser un instrumento para delatar la población inmigrante y no se pueden hacer ciertos discursos con la población que viene a nuestro país a ganarse la vida lo mejor posible”.

La oposición denuncia “criminalización”

Desde la oposición Neus Garrigues (PSPV) se mostró a favor de la lucha contra las mafias y el fraude documental, pero alertó de que esta moción “va de criminalizar colectivos enteros de personas migrantes, de influir medio entre vecinos y de utilizar la administración municipal como instrumento policial”. Garrigues destacó que “el padrón no es un mecanismo de regularización, pero sí una garantía mínima de dignidad, que permite acceder a la educación y la sanidad pública”. Citando al INE, señaló que “menos del 0,1% de los empadronamientos de España presentan irregularidades” y que se crea alarma. Además, afirmó que “la tasa de criminalidad de la población extranjera es inferior a la de la población autóctona”.

Dolors Gimeno (Compromís) defendió que “el empadronamiento es un derecho universal independientemente de su situación irregular o no”, ya que deben estarlo para poder recibir recursos de primera necesidad, aunque puntualizó que los inmigrantes ilegales no pueden recibir ninguna subvención. Gimeno instó a actuar “contra las mafias, y no contra las personas”.