La eurodiputada Rodríguez Piñero da por hecho que la UE avala la ampliación del puerto de València

La eurodiputada del PSPV-PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero ha asegurado que el informe de la Comisión Europea que resuelve sobre la solicitud presentada por un particular a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo “avala” que la polémica ampliación del puerto de Valencia sustentada en una declaración de impacto ambiental de 2007 “sigue los criterios medioambientales y de protección de la fauna que le exigía la legislación europea y española”. Rodríguez-Piñero, que ha defendido el controvertido proyecto de ampliación de las instalaciones portuarias, considera importante que la Comisión Europea “despeje cualquier duda sobre la sostenibilidad del proyecto, lo que permitirá seguir la tramitación con absoluta seguridad jurídica”

La diputada del Parlamento Europeo ha defendido el trabajo de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, “uno de los instrumentos de participación ciudadana más importante que tienen las instituciones europeas”. “La Comisión de Peticiones permite a cualquier ciudadano denunciar posibles abusos de las administraciones. El informe elaborado por la Comisión Europea a petición de esta comisión acredita que en el caso de la ampliación del puerto de Valencia no se han producido. Es más, ha seguido toda la normativa europea existente”, ha sentenciado la eurodiputada, que es miembro del consejo de administración del Puerto de València.

Rodríguez-Piñero ha cargado también contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó, a quien le ha recordado que “debería saber que el aval de la ampliación del puerto lo da la Comisión Europea tras pedir un informe la Comisión de Peticiones, a raíz de una demanda ciudadana. En este caso, es la Comisión Europea la que certifica la legalidad después de haber estudiado durante varios meses la documentación oficial entregada por los peticionarios”. “Desdeñar a la Comisión de Peticiones es desdeñar uno de los pocos instrumentos de comunicación directa que los ciudadanos tienen con las instituciones europeas”, ha argumentado la eurodiputada del PSPV-PSOE.

“Me pregunto si, en caso de que el informe hubiera sido desfavorable, Joan Ribó hubiera quitado importancia a las instituciones europeas”, ha concluido.

Bruselas deja la pelota en el tejado del Gobierno

La Comisión Europea, que investigaba si la ampliación prevista vulnera la normativa ambiental a raíz de una petición ciudadana, apunta que es el Gobierno el que debe decidir si esta actuación requiere nuevos informes ambientales. “Dado que tampoco se han expedido los permisos pertinentes para la ejecución de las actividades contempladas en la modificación del proyecto, es demasiado pronto para que la Comisión se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de las autoridades españolas de las obligaciones derivadas de la evaluación de impacto ambiental y directivas de hábitat”, señala el texto, que recuerda la obligación de las autoridades de proteger los espacios de la red Natura 2000, como la Albufera.