La financiación del PP de Camps, vista para sentencia con una guerra entre la Gürtel y los empresarios por las confesiones
El juicio del caso Gürtel sobre la financiación ilegal del PP valenciano ha quedado este martes visto para sentencia con las conclusiones finales de acusaciones y defensas. La Fiscalía Anticorrupción ha reducido sustancialmente las penas para los cabecillas de la trama que han “cantado” y ha mantenido el pacto con los empresarios, por el que los exime de la cárcel a cambio de abonar una multa. Los políticos del PP, excepto el exsecretario general Ricardo Costa, han visto cómo sus peticiones de cárcel se han mantenido por encima de los seis años. La diferencia, la confesión y el momento de hacerla.
Y es ese acuerdo entre la Fiscalía, los empresarios, Costa y los cabecillas de la trama el que ha generado más suspicacias y sospechas de algunos de los acusados. Y es que mientras los nueve empresarios que financiaron al PP en B abonando facturas falsas a Orange Market se salvarán de la prisión, Francisco Correa, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Pablo Crespo podrían pasar más de treinta años en la cárcel cuando se juzguen todas las piezas separada del caso Gürtel en las que están imputados.
Durante el juicio y tras la confesión de Pérez, Crespo, Correa y Costa, se ha certificado la operativa de financiación ilegal del PP a través de Orange Market. Orange Market realizaba actos electorales para el partido. Como el PP no podía hacer frente a estos pagos fueron los empresarios, por órdenes de los políticos -presumiblemente el expresidente Francisco Camps y sus vicepresidentes Víctor Campos y Juan Cotino- los que satisfacían la deuda con la empresa de Correa. Es decir, eran los empresarios los que pagaban con dinero en B y facturas falsas los actos electorales del PP. Hasta 1,2 millones entre 2007 y 2008, se ha probado en los casi cinco meses de juicio.
Tanto la letrada de Crespo como el de Álvaro Pérez consideran que su posición en el engranaje era menor y que los empresarios han sido excesivamente bien tratados por la fiscal. “La corrupción no está en el que cobra por los servicios prestados. Está en el que paga y cómo lo paga”, ha sentenciado la defensa de Pablo Crespo. Con una visión muy crítica del proceso, la letrada ha asegurado sobre la vista oral: “no se nos ha dejado preguntar a cambio de qué los empresarios pagaban facturas de Orange Market”.
En la misma línea ha ido el letrado de Álvaro Pérez para quien durante el juicio “ha habido ”protección excesiva a los empresarios“. ”Se ha protegido a los empresarios, que son el primer eslabón de la cadena. Son el fundamento de los delitos y se han quedado fuera“, ha denunciado.
Miriam Segura, la Fiscal Anticorrupción del caso, ha defendido su acuerdo y ha criticado que algunas confesiones y arrepentimientos hayan llegado a última hora. “No se puede tratar igual al que da un paso en un momento temprano, que al que da un paso cuando ya hay pruebas”, ha argumentado. Para la fiscal, “los empresarios hicieron su reconocimiento de manera muy temprana y el ejemplo son Enrique Ortiz y Beviá, que en 2016 ya habían firmado un acuerdo” con el Ministerio Público. Su reconocimiento de los hechos provocó que los demás patronos se sumaran y reconocieran los delitos. En el juicio, han sido los cabecillas y Ricardo Costa los que han acabado de apuntalar el relato de la trama de financiación ilegal del PP.
“Estos pactos no son aislados y son un derecho de los acusados”, ha añadido la fiscal en sus conclusiones. Para el Ministerio Público, “el pago de la multa -que ha superado el millón de euros entre los nueve patronos- supone un signo material de colaboración”.
El magistrado José María Vázquez Honrubia ha dado por finalizado el juicio este martes tras casi cinco meses de vista oral. El juez ya prepara la sentencia, que ya será la segunda de la trama Gürtel después de que el Tribunal Supremo haya confirmado el fallo de la pieza separada de Fitur.
