La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Benaguasil

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal por contratos presuntamente irregulares abonados por el Ayuntamiento de Benaguasil, gobernado por el popular José Joaquín Segarra, y que con reparos de la Intervención. El fiscal instructor remitió el pasado 10 de febrero un escrito al consistorio informando que había acordado la práctica de diligencias. Así, el Ayuntamiento de Benaguasil ha contratado al conocido penalista Javier Boix, según indica un decreto del alcalde.

Por otro lado, el también diputado provincial del PP de la Diputación de Valencia figuraba como investigado en una causa en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria por un presunto delito contra el patrimonio histórico, artístico y cultural tras la denuncia de un vecino.

El portavoz del grupo municipal Millorem Benaguasil, Vicente Valls, remitió al Ministerio Público información sobre presuntas irregularidades en la contratación, que contaban además con reparo de la Intervención. “Se podrían estar cometiendo serias irregularidades en la contratación, así como en lo regulado en la ley relativa a contratos y fraccionamientos del sector público”, reza el escrito.

La formación ha detectado que un solo contratista obtuvo 89.109 euros en 2020 y 124.983 euros al año siguiente. Se trata, según la denuncia, de “contratos menores que individual o conjuntamente superan los importes establecidos” que corresponden a un autónomo dedicado a la construcción de edificios residenciales y con domicilio social en Benaguasil.  

“Son reiterativas las contrataciones, periódicas y sistemáticas, como si existiera un modus operandi establecido claramente”, denuncia Millorem Benaguasil. Este diario ha intentado obtener, sin éxito, la versión del alcalde, José Joaquín Segarra, a través de su gabinete de comunicación.

Contratos “al margen de la legislación”

La formación sospecha que los contratos “pueden encubrir, en ocasiones, auténticas contrataciones de personal, efectuadas al margen de la legislación laboral y de la legislación administrativa, vulnerando los principios constitucionales sobre el acceso al empleo público de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

De hecho, investigadores de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo que dirige Joan Llinares, se personaron el pasado octubre en el consistorio en busca de documentación municipal, según informó Las Provincias. Antifraude colaboraba con el Ministerio Fiscal en las pesquisas, tras la denuncia presentada.

Millorem Benaguasil sostiene en su denuncia remitida a la Fiscalía que el alcalde José Joaquín Segarra y su equipo de gobierno “hacen caso omiso y continúan, año tras año y ejercicio tras ejercicio, siguiendo con el operativo establecido” e incumpliendo, a su juicio, la ley de contratos. “Claramente se observa como muchos de los contratos, facturas o adjudicaciones tenían que haber sido objeto de cuanto menos igualdad de condiciones entre muchos otros licitadores”, alega la formación.