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Fiscalía prorroga la investigación por sobrecostes de 14 millones en la compra de trenes de FGV en la etapa del PP

Viajeros esperando un convoy de Metrovalencia

Carlos Navarro Castelló

La Fiscalía de València ha prorrogado seis meses más las diligencias de investigación abiertas tras recibir en junio del año pasado toda la documentación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) relativa a los presuntos sobrecostes de 14 millones de euros en la compra de trenes entre los años 2000 y 2007, con el PP al frente del Consell

Así lo han confirmado fuentes del ministerio público a eldiario.es, las cuales han añadido que este es plazo estipulado legalmente cuando se solicita prolongar una investigación y que en principio no está previsto solicitar una nueva prórroga, por lo que finalizados estos seis meses adicionales el fiscal deberá decidir si archiva el caso, si lo remite al juzgado o si presenta una denuncia.

Fuentes de FGV han comentado al respecto que desde Fiscalía no se ha solicitado nueva documentación sobre los expedientes investigados.

El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) acordó el pasado 28 de mayo trasladar simultáneamente a Fiscalía y a la Intervención General de la Generalitat la auditoría encargada por este órgano y en la que se ponen de manifiesto presuntas irregularidades en la adquisición de trenes y suministros en seis expedientes correspondientes a la etapa del PP en la que Marisa Gracia fue gerente de la empresa.

Como informó este diario, el informe destaca la aparición de sobrecostes sin estar debidamente justificados por un valor de alrededor de 14 millones de euros entre los años 2000 y 2007.

Además, la dirección de la empresa no aplicó a las adjudicatarias penalizaciones por valor de 1,3 millones de euros por los retrasos en la entrega de trenes, cuyos plazos en muchos casos fueron modificados.

El documento cuestiona también la compra en el año 2007 de 42 trenes (22 de cuatro vagones, más 20 coches remolques intermedios) por un valor de 186 millones de euros, puesto que el objeto del contrato de la compra de los trenes era cubrir la prolongación de la línea 1, cuando dicha prolongación ni siquiera se había licitado.

El mencionado proyecto se presentó a las pocas semanas del accidente de metro que dejó 43 muertos y 47 heridos y consistía en eliminar la curva del accidente (entre plaza de España y Jesús) mediante la prolongación de la línea 1 desde plaza de España hasta la nueva Fe. Una actuación que no solo no se había licitado en el momento de la compra de los trenes, sino que nunca llegó a ejecutarse ejecutarse.

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