El Hospital General de València ha pagado 96 millones de euros en productos famacéuticos y sanitarios sin la aprobación del Consejo de Gobierno

El Consorcio del Hospital General Universitario de València (CHGUV) ha obtenido una opinión desfavorable en la fiscalización de la contratación que analiza el informe de la Sindicatura de Comptes publicado este martes. El organismo fiscalizador ha detectado “importantes debilidades de control interno e incumplimientos de la normativa aplicable” y “elementos significativos de riesgo en la evaluación” de su actividad contractual. Además, el centro hospitalario arrastra desde hace más de una década reclamaciones y contenciosos con una empresa investigada por el Juzgado de Instrucción número 6 de València en el marco de la presunta trama de corrupción del exdirector gerente Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco.

Así, el informe desvela que CHGUV ha tramitado 25 expedientes de enriquecimiento injusto por un importe total de 124 millones de euros, que corresponde mayoritariamente a compras de productos farmacéuticos. 22 de esos expedientes, por un valor de 96 millones, han sido contabilizados en la cuenta del ejercicio 2019 “sin contar con la previa aprobación por el Consejo de Gobierno”. Esta modalidad de “pedidos directos” se realiza en gran parte mediante “fraccionamiento indebido”, lo que conlleva una “infracción del principio de publicidad”. La Sindicatura ha localizado varios expedientes de contratación con posibles causas de nulidad administrativa.

El rastro del 'caso Osvaldos'

El informe repasa también la adjudicación a la empresa Out-Log SL de la gestión logística del hospital, el mayor contrato que obtuvo la presunta trama capitaneada por el exgerente del CHGUV, Sergio Blasco, y que desencadenó la denominada operación Osvaldos. El contrato, firmado en 2007, ha tenido una duración de 12 años. La sociedad, que facturó cantidades superiores a las previstas en la oferta, ha sido condenada a devolver 876.000 euros al hospital, tal como informó este diario. La adjudicataria recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La última prórroga, firmada el año pasado por un importe de 996.738 euros, “incumple los principios de contratación pública”, al haber superado el plazo máximo establecido por la normativa contractual (seis años), “por lo que debería haberse previsto una nueva licitación antes de finalizar el contrato”. A pesar de que el órgano competente para aprobar una prórroga es el Consejo de Gobierno, fue firmada por el director gerente y por el director económico financiero, “siendo este hecho una posible causa de nulidad contractual”. Este año, el CHGUV ha formalizado una segunda prórroga por un importe de 689.735 euros que “incurre en el mismo defecto”.

Out-Log SL presentó una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa que reclama 426.711 euros por la revisión de precios (el CHGUV estaba dispuesto a efectuar un abono por una cuantía mucho menor, 83.321 euros). Así, un informe de una técnica del departamento de contratación propone el pago de 422.874 euros para zanjar el procedimiento judicial, un importe que fue finalmente pagado a la empresa. La Sindicatura considera que, ante un pago de ese calibre, el Consejo de Gobierno “debió exigir previamente los informes jurídicos y económicos pertinentes y suficientemente motivados y ratificar en su caso las decisiones adoptadas”.

Otra empresa de la presunta trama investigada en el caso Osvaldos (Mantenimientos Integrales Turia SL) ha llevado a cabo las obras de reforma del espacio para consultas de alergología, por un importe de 32.333,25 euros. Miguel Sanfélix, el propietario de Out-Log SL, ha conseguido este año dos contratos de la Conselleria de Sanitat, en pleno confinamiento y mediante un procedimiento negociado sin publicidad, para el suministro y reparto de mascarillas y equipos de protección en residencias sociosanitarias dependientes de la Generalitat, por un valor de 358.000 euros. Sanfélix obtuvo ambos contratos con su empresa Kanbanlog SL, que también aparece en la investigación judicial del caso Osvaldos.