El liquidador condenado por vaciar Marsans vuelve al banquillo de los acusados: “Hacienda era ley para mí”

El empresario Ángel de Cabo, condenado por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel por despatrimonializar Marsans, vuelve al banquillo de los acusados. Esta vez, la Fiscalía pide una pena de tres años y 11 meses de prisión por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública en grado de tentativa y delito continuado de falsedad en documento mercantil. Se trata de la segunda causa pendiente del empresario en los juzgados valencianos después de que la Audiencia Provincial de Castelló, tal como informó elDiario.es, anulara su absolución por defraudar a Hacienda con la mercantil Belqueba SA, dedicada a la promoción inmobiliaria.

En el juicio ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia también se sientan en el banquillo de los acusados Fernando Juan Lavernia, José Vicente Semper e Iván Losada, este último también pendiente de la causa en Castelló. Losada ya fue condenado a un año de prisión por la Audiencia Nacional por un delito continuado de apropiación indebida del dinero de los clientes de Marsans.

La Fiscalía acusa a los empresarios de usar una firma con domicilio social en la localidad de Riba-roja del Túria como una sociedad instrumental para “canalizar el vaciamiento patrimonial” de otras mercantiles, “simulando operaciones de compraventa de inmuebles”, a fin de obtener devoluciones indebidas de IVA entre los ejercicios fiscales de 2009 y 2012.

La sociedad, asegura el Ministerio Público, presentó liquidaciones de IVA a devolver correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2012. En 2013 solicitó una devolución de 141.197 euros que no fue atendida por la Agencia Tributaria por considerar que el IVA soportado era ficticio y había sido generado de forma indebida con operaciones simuladas.

El Ministerio Fiscal también reclama a los acusados una multa de 70.598 euros y que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante un año y medio.

Ángel de Cabo ha relatado que adquirió en 2008 un conglomerado de más de 100 empresas y ha explicado la mecánica que usaba cuando una constructora entraba en crisis: “Gestionábamos con los proveedores y los clientes para llegar a un acuerdo, hacían reformas y gestionaban inmuebles”. De Cabo ha afirmado que se requerían sus servicios en toda España y que, en la mayoría de los casos, “subcontrataba todos los servicios” a “cinco o seis empresas de su grupo” porque “cuando una empresa no tiene crédito no puede terminar los trabajos”.

“Pánico a las facturas falsas”

Preguntado por qué no coincidían los importes y conceptos de las obras subcontratadas, ha dicho que lo desconoce pero ha asegurado que cuando “se entra en una obra no se sabe cómo se termina, hay modificaciones”, según su declaración recogida por Europa Press.

“Yo puedo gestionar una empresa, llevar las facturas no”, ha agregado el empresario, quien ha descargado la responsabilidad de las declaraciones de IVA en el despacho que se ocupaba de la contabilidad. “Hasta que entré en prisión estaba al día con la Agencia Tributaria, era ley para mí”, ha declarado el liquidador de Marsans.

De Cabo ha afirmado que todas las facturas estaban anotadas “seguro” en los libros de registro —asegura haber llegado a tener hasta 45 libros— y preguntado por si esas facturas estaban incluidas en la declaración del IVA ha señalado que no recuerda el procedimiento. “Yo les tenía pánico a las facturas falsas, las grapaba hasta en 17 hojas, pero en el registro se llevaron todo”, ha apostillado.

También ha negado haber pactado con nadie repercutir cuotas del IVA para luego cobrarlas y tampoco tener conocimiento de una solicitud de una devolución de 141.197 euros en 2013 —que no fue atendida por la Agencia Tributaria por considerar que el IVA soportado era ficticio y generado de forma indebida con operaciones simuladas— ya que ha recordado que en diciembre de 2012 entró en prisión.