El fiscal mantiene los pactos para reducir las penas a “la banda de Blasco” y apuntala la acusación para evitar la nulidad del proceso
El fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco ha expuesto en su elevación de conclusiones provisionales a definitivas en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y el fallido hospital de Haití que respeta “en los términos más escrupulosos” los pactos que alcanzó en los días previos al inicio de la vista con los principales acusados, entre ellos el exconseller 'popular' de Solidaridad, Rafael Blasco. El fiscal Jesús Carrasco se ha referido a gran parte de los acusados como “la banda de Blasco”, a la que acusa de hacer negocio con la “excusa” de la Cooperación Internacional.
En concreto, estas conformidades contemplan penas de tres años y medio de prisión para el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni. Eso sí, el fiscal ha dedicado parte de su intervención a rebatir las prosibles peticiones de nulidad de las defensas. Entre ellas, ha defendido la legitimidad del pendrive aportado por la exdiputada Mireia Mollà -ahora consellera de Medio Ambiente- y que la causa se dividira en tres piezas.
Así lo está expresando durante esta mañana el representante del Ministerio Fiscal este miércoles durante una de las últimas jornadas de este extenso proceso, correspondiente al segundo juicio del caso, en el que se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación --2 y 3-- sobre las que Instrucción número 21 de València dio por concluida la investigación en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que reclamaba el fiscal es para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel.
Sin embargo, los acuerdos a los que han llegado estos acusados contemplan penas inferiores --de tres años y medio para los principales procesados--. Los acusados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía son, además de Blasco, Augusto César y Arturo Tauroni; la ex secretaria general de la Conselleria, Tina Sanjuán; el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, así como Alina Indiekina Lisenko y María Isabel Castillo López.
Frente al respeto “escrupuloso” a estos pactos manifestado por el fiscal, las otras dos acusaciones --Abogacía de la Generalitat y Coordinadora Valenciana de ONGD-- han mostrado su total oposición. “Nos oponemos radicalmente a las conformidades”, ha dicho la letrada de la Generalitat.
Por su parte, la práctica totalidad de las defensas han sostenido durante el juicio que también respetan los pactos alcanzados con las distintas acusaciones y solo han mostrado su rechazo a la responsabilidad civil global que ha fijado la Abogacía, de 5,3 millones de euros. Además, la mayoría de estas, entre ellas la de Blasco y Tauroni, han pedido que Generalitat y Coordinadora paguen las costas del juicio por “dilatar innecesariamente el juicio” y han denunciado la “ilegitimidad” que consideran que afecta a la Coordinadora en este proceso judicial.
