El ministro de Consumo insta a Mazón a que “deje de eludir sus responsabilidades” y cierre los pisos turísticos ilegales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha exigido al gobierno de Carlos Mazón que cumpla sus responsabilidades en la lucha contra la proliferación de viviendas turísticas ilegales en la Comunitat Valenciana, a la vez que le advertía que “tiene que dejar de eludir sus responsabilidades”.

De esta forma se ha expresado durante su visita a Gandia este viernes para establecer vías de colaboración con el ayuntamiento de esta localidad para lucha contra la proliferación de viviendas turísticas que se anuncian de manera ilícita. Durante esta visita, el ministro Bustinduy, que esta misma semana ordenó a la plataforma Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, ha instado al govern de la Generalitat Valenciana a que actúe, en el marco de sus competencias, sobre este tipo de viviendas que se publicitan de manera ilícita.

Concretamente Bustinduy ha reclamado al Consell de Carlos Mazón que inspeccione todos los pisos turísticos que se anuncian ilegalmente, que cierre todos aquellos que incumplen la normativa y que sancione a las empresas que gestionan estos alojamientos en la Comunitat Valenciana ya que, ha recordado, “es la única administración que puede hacerlo en esta región”.

Pablo Bustinduy ha afirmado que “la ciudadanía está en una situación límite” debido a la crisis de la vivienda y ha señalado que “Mazón tiene que actuar contra las empresas que están detrás de los pisos turísticos ilegales y asegurarse de que esos inmuebles pasan al mercado del alquiler habitual a precio asequible”. Sobre esta cuestión, ha querido resaltar que “estos pisos tienen que volver a ser hogares para los vecinos y vecinas”.

Junto con el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el ministro Bustinduy ha puesto en valor el trabajo que el ayuntamiento de esta localidad turística está haciendo para luchar contra el intrusismo y la publicidad engañosa o ilegal de los alojamientos turísticos y ha reclamado que todas las administraciones competentes actúen y colaboren de forma conjunta para poner fin a esta importante problemática.

En lo que se refiere a las competencias del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en esta materia, esta semana se ha dado a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha respaldado, a través de un auto, las actuaciones de la administración que lidera Bustinduy para poner fin a la publicidad online ilícita de viviendas turísticas. En ese auto, el TSJ de Madrid ordena a la plataforma Airbnb a eliminar los anuncios que Consumo le instó a retirar en una primera resolución, 5.800, siendo un total de 65.935 los anuncios que el Ministerio detectó en esta plataforma y les ha ordenado bloquear.

Por otra parte, desde la Dirección General de Consumo se mantienen abiertos tres expedientes sancionadores relacionados con la vivienda. El primero a una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por no retirar miles de anuncios ilícitos, el segundo a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas, y el tercero a una gran inmobiliaria por potenciales prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas.