Las ONGD consideran los delitos del Caso Cooperación “demostrados y acreditados”
El pasado viernes quedaba visto para sentencia el juicio contra Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad en el gobierno de Francisco Camps, y otros ocho encausados, entre ellos el empresario Augusto César Tauroni o algunos exaltos cargos de la Generalitat, por el conocido caso Cooperación por el presunto desvío del dinero de las ayudas a la fundación Cyes para cooperación internacional en Nicaragua para la adquisición de cuatro inmuebles en Valencia.
Así, la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) considera que tras dos meses de juicio, el trabajo llevado a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, la abogacía de la Generalitat y las acusaciones populares, han “demostrado y acreditado” los delitos a los que se imputa a los 9 acusados en la pieza.
A juicio de la Coordinadora, los técnicos que han participado como testigos y las pruebas periciales que conforman el sumario “han evidenciado las irregularidades en el proceso de concesión, realización y de justificación de las subvenciones investigadas, así como la inacción de los responsables para que se devolvieran los fondos según las recomendaciones del Síndic de Comptes”.
Por otra parte, la CVONGD considera que los argumentos esgrimidos por el equipo jurídico de las defensas a lo largo de todo el proceso han sido “más de carácter efectista que real, y que han intentado crear confusión cuestionando pruebas y testimonios, y buscando más los defectos de procedimiento y de forma que la demostración de que los proyectos investigados se han desarrollado correctamente en Nicaragua, y que han servido para la lucha contra la pobreza y no para el lucro de los acusados”.
En esa línea, han querido agradecer públicamente la “valentía y firmeza” de los técnicos de la extinta conselleria de Solidaridad, así como también el trabajo desarrollado por la Fiscalía Anticorrupción, la abogacía de la Generalitat y por Antonio Penádes, en la acusación popular.
Según explican, este esfuerzo “ha puesto sobre la mesa las irregularidades que acompañaron todo el proceso de concesiones investigado, y ha demostrado que las ONGD que llevan a cabo labores de cooperación al desarrollo se rigen por procedimientos y controles exhaustivos, los cuales no fueron considerados en el caso que nos ocupa”.
Desde la CVONGD solicitan de nuevo que el dinero presuntamente desviado se restituya a la Generalitat Valenciana y que ésta lo destine a proyectos de cooperación al desarrollo. Además de esto y como representantes del sector “seguimos velando por la cooperación, los valores que esta implica, y por lo mismo trabajando en el resto de la causa”.
La CVONGD tiene en marcha la página web www.casoblasco.info de seguimiento informativo del caso para consulta pública y de recaudación de fondos para el sostenimiento de los gastos judiciales.
Conclusiones finales
La pasada semana se realizaron las conclusiones finales por parte de las acusaciones y la defensa de los acusados por delitos de presunto fraude, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. le ha hecho este juicio a su “honorabilidad”.
Anticorrupción reclama penas de prisión de 14 años para Blasco -y 33 años de inhabilitación-, 13,5 para Agustina Sanjuán, 13 para Alejandro Catalá, 11 para César Augusto Tauroni, 8 para Marc Llinares, 10 para Josep María Felip y de 4 años para Marcial López y María José Cervera, mientras que la defensa de Blasco pide su absolución al desvincularle de los delitos cometidos. El exconseller de Francisco Camps, por su parte, defendió que “siempre ha estado al lado de la ley”, al tiempo que lamentaba el daño que le ha hecho este juicio a su “honorabilidad”.
