¿Abolir la prostitución?

Abolición: anulación, supresión, cancelación, invalidación, eliminación, extinción…

Abolir la prostitución sería suprimirla, eliminarla, extinguirla… ¿de verdad que con una ley se extinguiría esta práctica?

Este mes de septiembre se llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto legislativo para abolir la prostitución, una iniciativa promovida por el Ejecutivo (no solo el PSOE) formando parte de una serie de medidas feministas encaminadas a erradicar el machismo estructural. Este propósito viene de largo, pero se relanza con fuerza a raíz del escándalo de José Luis Ábalos y Koldo García a propósito de sus conversaciones grabadas que denigran a las mujeres como objetos de consumo.

Los socialistas ya intentaron sin éxito anteriormente sacar adelante en el Congreso esta iniciativa penalizando la tercería locativa, es decir, destinar inmuebles o locales a la prostitución contemplando multas a los clientes.

Pero ni Sumar ni el PP ni los socios de la coalición apoyaron la iniciativa.

En esta ocasión también se prevé penalizar a la clientela y a los proxenetas, así como la tercería locativa, y sensibilizar a la ciudadanía. También contempla la asistencia social destinada a buscar una salida a las personas en situación de prostitución.

El Anteproyecto propone reforzar penalmente a quienes se lucran con el negocio y penalizar a quien lo demanda y consume, terminar con las masculinidades tóxicas que no entienden las relaciones sexuales desde una perspectiva de igualdad, de respeto y de humanidad.

El objetivo del Gobierno es lograr el mayor consenso posible haciendo coincidir este anteproyecto con otro, el de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que concedería permiso de residencia y trabajo a las víctimas e incluso el acceso al Ingreso Mínimo Vital, abordando todos los tipos de trata, como la explotación laboral, los matrimonios forzosos o el comercio de órganos. Los derechos se reconocerían con independencia de que haya denuncia o no por parte de la víctima.

El modelo abolicionista del Gobierno aboga por eliminar cualquier reglamentación relacionada con la prostitución, y por sancionar a los demandantes de la actividad, considerando que la prostitución beneficia a los empresarios sin defender los derechos de las trabajadoras sexuales. Un argumento clave de la tendencia abolicionista es la consideración de que la prostitución es una forma de violencia estructural explotadora producto de la desigualdad de género, puesto que la mayoría de las mujeres prostitutas está coaccionada económica y socialmente. La tendencia abolicionista no considera la prostitución como un trabajo ejercido libremente sino como una cosificación del cuerpo de la mujer. Criminaliza a los proxenetas y clientes, a quienes se benefician de la prostitución y a quienes la demandan.

Entonces ¿si no hay clientes no hay prostitución?

Quienes rechazan la reglamentación consideran que favorecería la creación de redes ilegales y la consolidación de la actividad como profesión a costa de perjudicar los derechos humanos de las mujeres que se ven forzadas a prostituirse.

Pero la abolición ¿no favorecería acaso la clandestinidad de todas las formas de prostitución, dejando a las prostitutas en una situación más precaria todavía?

Políticamente, no está claro que haya consenso puesto que Sumar apuesta por un modelo regulacionista que reconozca el trabajo sexual con derechos. Piden adecuada protección legal. Muchas trabajadoras sexuales afirman que han elegido libremente su ocupación, y que prohibirla atentaría contra su libertad de decisión sobre su vida; consideran que están trabajando como cualquier otra persona, por lo que debería ser respetada su decisión como forma legítima de trabajo con derechos laborales y protección legal.

Tampoco los colectivos de trabajadoras sexuales están de acuerdo, puesto que denuncian que la Ley las estigmatizaría y que no se atienden sus reivindicaciones de derechos laborales. La asociación Stop Abolición y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales critican que el Ministerio de Igualdad no se haya reunido con ellas desde 2022. Stop Abolición recuerda que las normativas de Francia, Irlanda y Suecia que criminalizan a proxenetas y clientes no han conseguido reducir la prostitución y en cambio han reducido la seguridad de las prostitutas.

Es evidente que el PP considera oportunista la iniciativa con la intención de lavar la imagen del PSOE y reforzar la posición feminista del Ejecutivo.

Organizaciones como Amnistía Internacional propugnan la despenalización de todos los aspectos de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y el trabajo sexual realizado sin coacción, explotación ni abusos. También la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo o la Alianza Global contra la Trata de Mujeres son partidarias de la despenalización del trabajo sexual. Y luchan contra la trata, un abuso atroz contra los derechos humanos que debe estar penalizada por el derecho internacional.

Pero ¿no sería más necesario reducir la amenaza de violencia a las trabajadoras sexuales?, ¿garantizar el acceso a una atención médica y legal adecuada?, ¿poner fin a la discriminación y a la marginación social?, ¿a los riesgos de sufrir abusos? ¿No son acaso estos problemas más necesarios que las objeciones morales al trabajo sexual?

¿El intento de abolir la prostitución no podría conducir, de alguna manera, a la criminalización de las trabajadoras sexuales?

Leyes que luchen contra la explotación y la trata sí son urgentes y necesarias más que las que tipificarían como delito la venta de servicios sexuales consentidos por personas adultas, leyes que podrían ser perjudiciales para las trabajadoras sexuales.

Hay que seguir perseverando en la lucha contra la trata de personas, su captación, transporte y recepción recurriendo al engaño o a la fuerza con un fin de explotación.

El anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata (aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2024) se encuentra en tramitación parlamentaria y promovería una perspectiva de derechos centrada en las víctimas.

Es probable que una ley abolicionista - que penalizaría, como hemos dicho, a los clientes o terceras partes (dueños de locales o agencias) - podría aumentar la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales, ya que las empujaría a la clandestinidad, alejándolas de servicios de salud y protección legal y policial, y podrían sufrir más riesgo de violencia y explotación.

En el Código Penal español hay pocas referencias a la prostitución, y no se la cita como actividad económica legítimamente legal ni ilegal, por lo cual ninguna persona puede ser sancionada por acciones que no constituyen delito, pero ¿cómo regularla? ¿qué opciones hay?

¿Abolirla? Es decir, erradicarla.

¿Prohibirla? Con las consiguientes sanciones.

¿Regularla? Convirtiéndola en un trabajo reglamentado.

La abolición, que sigue un modelo sueco instaurado en los años 90, pretende penalizar exclusivamente al consumidor y a los proxenetas desincentivando la demanda por medio de la educación. Pero ¿soluciona la situación de vulnerabilidad de las personas que se dedican a la prostitución?

La prohibición no existe en la Unión Europea, es una opción que considera la prostitución como un acto inmoral, y el riesgo es la penalización tanto de las mujeres que se prostituyen como a los hombres que pagan por mantener sexo.

La regulación defiende a las personas que ejercen la prostitución en libertad, y pretende legalizar el trabajo sexual con el fin de conseguir derechos laborales para las trabajadoras sexuales. La tendencia considera que la prostitución es legítima si se dan las condiciones adecuadas y sí pretende combatir la trata y las condiciones precarias y no la actividad de la prostitución. La clave es el consentimiento.

En todo caso, si se aboliera sería imperdonable dejar a las mujeres que se dedican a la prostitución en situación de exclusión y abandono, y habría que estar en situación de ofrecerles alternativas reales con el fin de no llevarlas a una situación de mayor vulnerabilidad. Aquí se plantearía el problema de solucionar la situación irregular en la que muchas de estas mujeres se encuentran.

Por otra parte, se debería conseguir una reparación integral de esas personas que pasaría por asesoramiento legal y psicológico.

Pero volviendo a la pregunta inicial: ¿no es acaso una práctica que una “invalidación” de la misma no podría impedir? ¿No es la abolición una utopía?

Hay que trabajar para que las mujeres en situación de vulnerabilidad puedan salir del bucle de indefensión, precariedad y estigmatización, sobre todo de aquellas invisibilizadas por encontrarse en situación irregular y las explotadas por el proxenetismo, que debe ser duramente perseguido y penalizado.

Y para salir de ese bucle necesitan alternativas para vivir, y evitar que medidas punitivas conduzcan a una mayor vulnerabilidad por ejercer la prostitución en una mayor clandestinidad.