Sanidad: nos va la vida en ello

A pesar de los acontecimientos políticos que atrapan nuestra atención continuamente y, especialmente, en este principio de año, no dejamos de pensar en nuestros consabidos buenos propósitos – dedicar más tiempo a la familia, comer de manera más sana, hacer más ejercicio, mejorar el nivel de inglés… - y nos vienen a la mente nuestros principales deseos, esos que no podemos pedir a los Reyes Magos.

Y en lugar privilegiado se encuentra la salud, la de nuestros seres queridos y la propia.

Nuestro sistema de salud, de él dependemos.

Y no es una novedad decir que ese sistema de salud nuestro es deficitario, ¡qué más quisiéramos que fuera una novedad!

A fuerza de malas noticias hemos perdido confianza en la sanidad pública.

Es cierto que hay personas que han tenido suerte y no les ha tocado largas esperas o problemas con sus diagnósticos - como sí ha ocurrido en Andalucía donde más de 2000 mujeres que, tras una primera mamografía, no recibieron comunicación sobre sospechas de cáncer de mama, lo que supuso, en distintos casos, retrasos de meses e incluso años en su tratamiento y el consiguiente avance de los tumores.

Nuestra sanidad pública tiene graves problemas estructurales: retrasos para citas de atención primaria por escasez de médicos, y también de especialistas y personal de enfermería – lo que ocasiona sobrecarga laboral con el lógico agotamiento profesional -, centros saturados, hospitales antiguos, falta de equipamiento… ¿Por qué? Evidentemente por bajo presupuesto, por sistemas informáticos desactualizados, procesos administrativos complejos, sin hablar de las diferencias entre áreas urbanas y rurales.

Las consecuencias son lamentables: diagnósticos tardíos, aumento de enfermedades no tratadas a tiempo, mayor mortalidad por causas que habrían sido tratables, empeoramiento de enfermedades crónicas, aumento de absentismo laboral, mayor gasto en emergencias en vez de prevención. Cada vez más personas - por miedo y cansancio - deciden contratar una póliza privada (las que tienen poder adquisitivo suficiente y no rebasan la edad límite de 70 años).

El descontento social aumenta y con él las protestas y los conflictos.

Por si fuera poco, aumentan las agresiones al personal sanitario, son miles. Y, aunque predominan las agresiones no físicas (insultos y amenazas), las físicas también se dan con demasiada frecuencia. La atención primaria es la más afectada. Se producen por saturación de los servicios, las largas esperas, la falta de recursos, el estrés acumulado de pacientes y familiares y, por supuesto la falta de educación y respeto. Son hechos totalmente reprobables y que reclaman tolerancia cero. Las consecuencias para los profesionales son ansiedad, desmotivación e incluso abandono de la profesión. Habremos visto en los ambulatorios con fotos e identificación de los/las agresores/as y las condenas correspondientes. La Consellería pretende de este modo concienciar sobre las repercusiones que tiene agredir al personal sanitario (multas y condenas), con la finalidad de captar la atención y provocar un cambio real en los/las agresores/as y posibles agresores/as. En todo caso, la Generalitat cuenta con un Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario, cuyo objetivo es la prevención y asistencia de las agresiones hacia el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad.

La realidad es que, al margen de este hecho, el personal sanitario está agotado, y en malas fechas (como lo han sido en el puente de la Constitución y las navidades cuando la variante K de la gripe ha saturado las urgencias) se ve obligado a atender a 50? 60? 70? pacientes diarios.

No podemos olvidar que la atención primaria es la base de cualquier sistema de salud, puesto que a él acudimos cuando nos sentimos mal y donde deben detectarse los síntomas de una enfermedad a tiempo. Pero las citas se retrasan y cuando falla la atención primaria el equilibrio de todo el sistema sanitario se complica. La atención primaria es la puerta de entrada a todo el sistema de salud y el colapso de las urgencias es inevitable cuando es deficitario.

Por ello, los médicos se lanzaron en noviembre a la calle en Madrid; era la tercera manifestación exigiendo un estatuto propio del personal médico y facultativo diferente al de los demás profesionales del Sistema Nacional de Salud, así como una clasificación profesional adecuada y una regulación de la jornada, entre otras demandas, oponiéndose a la reforma del Estatuto Marco. A la vuelta del puente de diciembre se convocaron cuatro días de huelga, la mayor del colectivo médico en los últimos treinta años. Y la tercera convocatoria en menos de un año. Los médicos reclaman necesidades esenciales del colectivo; entre otras calificar las guardias como actividad extraordinaria ni garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria y reducir el tiempo de guardia, o bien tener en cuenta el nivel de responsabilidad en la clasificación de los grupos profesionales.

El SIMPA, miembro fundador de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y respetando las fechas de coordinación autonómica previstas, ha convocado huelga para los días 14 y 15 de enero.

El Gobierno debe atender las reivindicaciones del personal médico, su labor es crucial para preservar la salud, prevenir enfermedades, es el eje central del sistema sanitario. Amnistía Internacional documentó ya en 2024 cómo la austeridad, la desinversión y la mala planificación han llevado a la saturación de servicios, al agotamiento del personal y a esperas inaceptables que afectan directamente a la salud y a la dignidad de las personas. Desde entonces nada ha mejorado, al revés, los últimos datos del Barómetro Sanitario 2024 confirmaron la magnitud del problema. Y la ubicación geográfica se ha convertido en un factor determinante en el acceso a la atención sanitaria. Si a esto añadimos que se han destruido más de 50.000 plazas con un saldo de 34.000 empleos menos (según el sindicato CSIF) y la fuga de profesionales concluiremos que el deterioro de los servicios perjudica de manera alarmante a la población.

Desde una perspectiva de derechos humanos es urgente fortalecer el sistema de salud, que no es un servicio opcional sino un derecho ciudadano fundamental que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar.

Amnistía Internacional ha alzado la voz en muchas ocasiones por la “salud” de la asistencia sanitaria, especialmente por la atención primaria, el pilar de cualquier sistema de salud. Invertir en él es invertir en vida, es una prioridad.

Sí, porque nos va la vida en ello.