Un acusado por el saqueo de RTVV en la visita del Papa y un condenado por el caso Blasco trabajan por bolsa en Á Punt
La presunción de inocencia y la reinserción social tras cumplir una condena son dos pilares fundamentales del Estado de Derecho. Por eso, dos personas implicadas directamente en casos de corrupción y fraude a la administración pública valenciana han podido entrar en À Punt a través de las cuestionadas bolsas provisionales. En un caso, incluso habiendo sido acusado a diez años de cárcel por un escándalo en la antigua RTVV.
En el último año y medio ha podido acceder a Á Punt el que fuera jefe de Compras de la extinta RTVV, Benjamín Íñiguez, para quien el fiscal pide 10 años de cárcel y 28 de inhabilutación para empleo y cargo público por presuntos delitos de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas. Íñiguez trabaja como técnico de gestión económica de la actual corporación de medios gracias a ser de los más puntuados en las bolsas provisionales de la corporación de medios que están recurridas ante la justicia por la Unió de Periodistes Valencians.
Íñiguez es una de las personas que está detrás de las contrataciones irregulares que la antigua Canal 9 realizó con la trama Gürtel para la retransmisión de la visita de el Papa Benedicto XVI. Su mujer también está vinculada a la nueva administración, en este caso es responsable del servicio de Inclusión Social , Desarrollo Comunitario y Voluntariado de la Conselleria de Políticas Inclusivas. De momento y hasta que no haya sentencia firme, este exdirectivo de la extinta RTVV podrá seguir trabajando legalmente en la nueva À Punt gracias a su experiencia anterior.
Otro trabajador de À Punt que ha accedido a través de la bolsa provisional es Francesc Xavier Llopis. Llopis fue condenado a dos años de prisión y salió del centro penitenciario de Picassent tras cumplir condena y con informe favorable del fiscal el pasado 24 de junio de 2017. Desde hace unos meses trabaja con lingüista en la corporación pública de medios de comunicación después de haber obtenido las mejores puntuaciones en la bolsa de méritos, en la que la experiencia en la extinta RTVV es fundamental.
Llopis fue condenado en un primer momento a tres años de cárcel, aunque el Tribunal Supremo rebajó su pena a dos años por falsedad documental. Llopis colaboró con el conseller Rafael Blasco en el proyecto de desvío de fondos de pozos para Nicaragua a pisos en Valencia, juzgado en la primera pieza del caso Blasco. Llopis fue durante sus años en Cooperación la mano derecha del exconseller ahora encarcelado. Durante la instrucción y el proceso judicial no colaboró en extremo en el esclarecimiento de una fraude a las arcas públicos de 1,7 millones.
Los dos empleados pueden legalmente desempeñar sus tareas en À Punt puesto que en un caso no hay sentencia firme -no ha habido juicio aún- y en el otro ya ha cumplido condena.
