Parientes de quita y pon en el negocio de las depuradoras públicas valencianas
PSPV y Compromís quieren liquidar la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) por sus vinculaciones con el caso Emarsa, por la falta de control y por los constantes casos de nepotismo y puertas giratorias que inundan sus dependencias. Los socialistas quieren una fusión entre la entidad y la dirección general de Agua -elegida por el PSPV- mientras que la coalición pretende crear una Agencia Valenciana del Agua que incremente sus competencia a todo el ciclo integral del agua. Las negociaciones serán duras porque ninguno de los dos partidos que sostienen el Consell quiere perder su poder en un sector estratégico a la vez que opaco.
Lo que tienen claro ambos partidos es que la situación en la Epsar es insostenible. El nuevo gerente de la entidad pública, Enrique Lapuente, mantiene en sus puestos a toda la dirección de la anterior etapa popular. La mayoría fueron nombrados por Juan Luis Martínez Muro, gerente de la entidad entre 2011 y 2015 aunque entraron a trabajar en la Epsar sin ningún proceso de selección y de la mano de José Juan Morenilla (gerente entre 2002 y 2011), uno de los principales acusados en el saqueo de la depuradora de Pinedo. Martínez Muro dejó la Epsar y regresó a su puesto de trabajo en Proaguas Alicante, una sociedad pública dependiente de la Diputación de Alicante y cuyo trabajo con la Epsar se ha disparado en los últimos dos años.
Un hermano de Martínez Muro, Miguel Ángel, trabajó para la Epsar hasta marzo de este año a través de la empresa Red Control-Laboratorios Tecnológicos de Levante, aunque según la sociedad, la adjudicación de los contratos de control de lodos se produjo en 2009, antes de que Martínez Muro llegara a la entidad pública. De vinculación familiar entre empleados y exempleados va la historia de Antonio Basiero, miembro del departamento de obras y explotaciones de la Epsar y responsable de supervisar las depuradoras de Castellón y sus comarcas. Curiosamente, su sobrino Luis Basiero, es jefe de Explotación y coordinador técnico del área de saneamiento de la empresa Facsa, que explota la mayoría de plantas de la zona Norte de la Comunitat Valenciana. El tío debe fiscalizar el trabajo de la empresa del sobrino.
Llamativa, cuanto menos, es la relación de la empresa Facsa con la Epsar. La firma de la familia Gimeno de Castelló fichó a José Juan Morenilla cuando salió de la Epsar en 2011 por el escándalo de Emarsa. Contratado como director general y por un salario superior a los 100.000 euros, trabajó 11 meses para la entidad pública hasta que se complicó todavía más su situación procesal -ahora está sentado en el banquillo-. En su etapa como gerente de la Epsar, Facsa había ganado numerosos contratos con la entidad pública para la explotación de depuradoras.
La actual secretaria del consejo de administración designada a dedo por el actual gerente, Sabela García, entró a la entidad tras abandonar Pavasal en 2008. Esta empresa trabaja para la entidad pública en obras de construcción, pero no en depuración pese a haber concurrido a la mayoría de concursos. Como Sabela García, muchos empleados de la entidad vienen directamente del sector privado, algo que el Consell bipartito quiere erradicar funcionarizando estas competencias.
Familias políticas
En la Epsar también hay otro tipo de relaciones familiares particulares, pero esta vez del mundo de la política. La jefa del departamento Jurídico de la Epsar es Patricia Stuyck Pons, prima hermana del eurodiputado del PP Esteban Gonzáles Pons. Concejal del PP de Aldaia es Héctor Ferrandis, que trabaja en el departamento de contratación de la entidad. En ambos casos, el gerente Enrique Lapuente dijo mantener su confianza en ellos. De hecho, la mantiene en todos los directivos, cuyos cargos ha respetado en sus dos años al frente de la entidad de saneamiento.
