Alcaldes y concejales del PSPV en la provincia de Valencia recurrirán al contencioso contra la “paralización” de obras de Edificant
Alcaldes y concejales del PSPV en la provincia de Valencia han acordado este viernes, en un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Burjassot, recurrir a la vía contenciosa contra la decisión del Consell de “paralizar” actuaciones previstas en el Pla Edificant de construcción y rehabilitación de centros educativos.
Según informa el partido, los ayuntamientos afectados son Burjassot, Mislata, Sagunt, Quartell, Senyera y Albalat del Sorells --donde el PSPV forma parte del gobierno-- con 15 actuaciones en total.
Con esta decisión, los alcaldes y concejales pretenden defender los intereses de los vecinos y garantizar centros escolares “dignos” para los estudiantes de la provincia, ya que consideran que el Consell ha vulnerado los derechos de los menores al paralizar las actuaciones de mejora de sus centros escolares.
Por tanto, los representantes socialistas han acordado oponerse a las medidas cautelares del Consell e iniciar una estrategia conjunta. Exigen la retirada inmediata del proceso de lesividad acordado por el Consell para frenar las mejoras de los centros escolares de la provincia y reclaman que se mantengan las actuaciones de mejora previstas en los colegios por el anterior gobierno del Botànic (PSPV-Compromís).
“Son colegios cuya intervención estaba ya concedida antes de la llegada del PP y delegadas las competencias para iniciar las rehabilitaciones urgentes y necesarias para nuestros escolares”, asegura el vicesecretario del PSPV y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, quien defiende que los ayuntamientos no pueden quedarse parados ante la decisión de “bloquear el Pla Edificant”.
Bielsa denuncia que “los recortes en Edificant suponen un claro ejemplo de sectarismo político, porque lo que hace el Consell no se ajusta a la ley”: “Por eso tenemos que defender que el proceso de construcción de colegios se mantenga como estaba previsto desde la Generalitat”.
Además, recuerda que se trata de actuaciones que han requerido muchos años de tramitación y esfuerzo administrativo y de gestión por parte de los ayuntamientos. “Los niños y las niñas merecen colegios dignos y con infraestructuras seguras, modernas y adecuadas a sus necesidades”, exige.
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