La Conselleria de Empleo, del PP, da cobertura a la huelga convocada por el sindicato afín a Vox

La Generalitat Valenciana, gobernada por PP y Vox, da cobertura a la huelga convocada por el sindicato afín a la ultradrecha. La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, dirigida por el PP, envió el miércoles una resolución con los servicios mínimos de la huelga, convocada apurando el plazo legal.

El departamento que dirige José Antonio Rovira considera que la convocatoria no excede el plazo de los diez días naturales, aunque fue recibida la solicitud del Sindicato para la Solidaridad de los Trabajadores de España el 14 de noviembre. La convocatoria comprende desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del 24 de noviembre de 2023. Los sindicatos mayoritarios dudan del encaje legal de la convocatoria, insistiendo en que debe realizarse antes de diez días naturales para empleados públicos.

La dirección general de Empleo emitió la resolución el pasado 22 de noviembre, dando cobertura a la propuesta del sindicato, pero no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. La propia conselleria considera “huelga ilegal” aquella que “se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, aunque en la resolución recoge una sentencia del Tribunal Constitucional que indica: “Los intereses defendidos durante la huelga no tienen por qué ser necesariamente los intereses de los huelguistas, sino los intereses de la categoría de los trabajadores”.

El secretario general del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, dijo el pasado 22 de noviembre que es “la hora de echarse a la calle” para decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no van a “permitir que se produzca una regresión en los derechos laborales”. Solidaridad explicó a principios de mes que buscaba la manera legal de convocar a los trabajadores a un paro contra la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña prevista en el acuerdo entre el PSOE y ERC para investir a Pedro Sánchez. Según recoge Europa Press, desde el sindicato ligado a Vox, la protesta es necesaria porque el dinero sale “de los impuestos de los trabajadores”.

La resolución establece que “en las huelgas que se produzcan en servicios esenciales de la comunidad, debe existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquéllos” y reconoce las características singulares de los servicios públicos esenciales. Así, en Sanidad se han decretado unos servicios mínimos del 50% en farmacia hospitalaria, quirófanos programados, oncología, hospitalización a domicilio y hospitalización diaria, un 25% en consultas externas preferentes y los servicios propios de un sábado en los centros de salud. En transportes, se ha decretado para la EMT un 60% del servicio habitual de sus autobuses, mientras que en el caso de los trenes de Metrovalencia, los servicios mínimos establecidos son del 65%. En Justicia, la resolución recoge la necesidad de que haya un profesional de gestión o uno de tramitación y, por cada cuatro juzgados, uno de auxilio, salvo en el ámbito penal, que se eleva a seis de auxilio.