El juez consideraría “incoherente” investigar a los concejales y no a Barberá por el blanqueo en el PP
El juez instructor del caso Imelsa, Víctor Gómez, afirma en su exposición razonada sobre el caso de presunto blanqueo de capitales en el PP de València, que “resultaría incoherente llamar a los donantes como investigados y no a la senadora aforada” Rita Barberá. Según avanza la Cadena Ser, que ha tenido acceso al escrito, este argumento se reforzaría porque la ex alcaldesa tenía “una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, García Fuster, existiendo además una relación personal de estrecha confianza” entre ambas, y además “reconoce la aportación pero niega cualquier reintegro”.
Para el magistrado Barberá debe declarar como investigada (figura que sustituye a la de imputada), junto con los 50 concejales, ex concejales y asesores, tanto por su condición de donante de mil euros para la campaña del PP (hecho que reconoce la ex alcaldesa), como superiora jerárquica de los investigados (que Barberá relativiza afirmando que no tenía responsabilidades en la dirección de campaña).
En el escrito se señala la sospecha de que se produjeran “irregularidades en la contratación pública de la concejalía de Cultura y de la Diputación de Valencia a través de Imelsa y Ciegsa, dependiente de la Generalitat Valenciana”, según se desprendería de las grabaciones de Marcos Benavent con la ex concejal María José Alcón. Estas grabaciones, según el juez, se aprecian “conductas concertadas para destinar ilícitamente dinero público a fines ajenos a los de la Administración y la presunta percepción de comisiones entregadas por parte de empresas adjudicatarias siendo el hilo conductor el recaudador Marcos Benavent”, es decir, el reparto de comisiones por las adjudicaciones, parte de las cuales serían para financiar al PP.
Las investigaciones judiciales refrendarían estas sospechas a través de la cuenta del grupo municipal del PP en Valencia se han producido ingresos opacos -anotados como “C GP” y “CyA”, ingresos que serían el dinero blanqueado por un importe superior a los 200.000 eurosque se realizarían desde el año 2001, haciéndose los mayores ingresos de forma fraccionada en fechas próximas a las campañas electorales.
El juez también destaca que las personas autorizadas en esa cuenta en ese periodo eran las exsecretarias del grupo municipal, María del Carmen García Fuster y María José Pi, así como también el exvicealcalde, Alfonso Grau. Por otro lado destaca que el primer día que se ordenó la intervención telefónica a la ex concejal Alcón, ésta confesó esta práctica a su hijo “con plena conciencia del procedimiento de blanqueo y referencias genéricas a la corrupción en el seno del partido”, confesión que recientemente ha querido desacreditar el mismo marido de Alcón, Alfonso Grau.
Finalmente en el escrito del juez también se apunta que Rita Barberá relaciona su implicación con este presunto caso de financiación irregular con el “distanciamiento” que tuvo con su ex vicealcalde, Alfonso Grau, después de ser imputado en el Caso Nóos y librarse la propia ex alcaldesa.
