La Generalitat reclama al Consejo de Estado que se mantengan las condiciones para el trasvase Tajo-Segura y el precio del agua desalada

El Gobierno valenciano exige al Gobierno central que mantenga las condiciones del trasvase Tajo-Segura y el precio del agua desalada en el real decreto hidrológico en tramitación. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha solicitado una audiencia con la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, para conocer la redacción final del proyecto de real decreto de los planes hidrológicos, que incluye la planificación del trasvase a partir de 2025, para poder presentar alegaciones.

En el Palau sospechan que el documento ha sufrido alguna modificación que podría afectar a la cláusula acordada el el Consejo Nacional del Agua, una disposición adicional que mantenía el trasvase en los futuros planes hidrológicos, que ha provocado que en el Ejecutivo autonómico soliciten una reunión urgente antes de la aprobación de la norma. En este sentido, Puig ha asegurado que cualquier modificación o supresión del punto acordado en un encuentro en noviembre “encontrará el más firme rechazo por parte del Consell”.

El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha confirmado que este martes fue remitido por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el borrador del nuevo Plan del Tajo al Consejo de Estado y ha mostrado su satisfacción al señalar que el documento “refleja lo que el Gobierno regional pretendía: que haya un incremento paulatino en los niveles del caudal ecológico”. Este aumento, consideran en la Generalitat Valenciana y en el Gobierno de Murcia, hace peligrar la llegada de agua trasvasada a ambos territorios, mientras que en Castilla-La Mancha consideran que “el Tajo va a tener garantizado un mejor futuro y determinará que los pantanos de cabecera y sus municipios tengan una lámina estable de agua”.

El presidente valenciano, para el que la decisión tendría un alto coste político en las comarcas alicantinas, ha instado al Ejecutivo central a “respetar los acuerdos alcanzados” y ha exigido que se mantenga en los mismos términos aquello que se pactó en su día y obtuvo el refrendo del Consejo Nacional del Agua. Asimismo, ha subrayado que, en caso de incumplimiento, la Generalitat “emprenderá todas las acciones que estén a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo Segura y apoyar así las justas demandas de los regantes alicantinos”, que han convocado una protesta el próximo 11 de enero.

Agua desalada

El presidente de la Generalitat también se ha referido este martes a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y de la empresa pública Acuamed, que gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del Acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma.

El jefe del Consell ha mostrado su “rechazo frontal a esta decisión”, al tiempo que ha hecho un llamamiento al Gobierno “para que reconduzca la situación y reconsidere su postura, porque estamos hablando de un territorio donde la agricultura juega un papel muy importante y, en consecuencia, es especialmente sensible al precio del agua”. En este sentido, ha considera que la actual coyuntura “no hace aconsejable en absoluto una decisión de esta naturaleza” y ha exigido al Ejecutivo que “mantenga la subvención al agua desalada para que resulte asequible a los regantes”.