El Gobierno autoriza plantas solares y eólicas que suman 3.300 megavatios a la red eléctrica valenciana

El Gobierno central ha autorizado 154 expedientes que sumarán un total de 35.800 megavatios a la red eléctrica estatal. El Ministerio de Transición Ecológica ha examinado 202 proyectos de parques eólicos y plantas fotovoltaicas que requerían una respuesta administrativa antes del 25 de enero y que ahora pasan a la tramitación de la licencia de construcción.

De la potencia total autorizada, 3.311 megavatios se corresponden con proyectos en la Comunitat Valenciana. El ministerio no ha desglosado los datos de plantas a nivel territorial, pero sí los de potencia autorizada y tipo de tecnología. En total, se han autorizado 2428 megavatios de energía fotovoltaica y 883 de eólica.

El Gobierno central tiene competencia para evaluar los proyectos que superen los 50 megavatios o aquellos que, aún teniendo una potencia inferior, afecten a más de una comunidad autónoma. Parte de los proyectos solicitados se sitúan en municipios del interior, como en Benejema o Villena, y afectan a términos municipales de Albacete.

Los 3.300 megavatios que el Gobierno central ha autorizado se suman a los 1.356 que ha evaluado favorablemente la Generalitat Valenciana, con 61 proyectos que se concentran en los alrededores de la central nuclear de Cofrentes, el norte de Castellón -especialmente la comarca de Els Ports, que linda con Teruel- y el sur de Alicante. El Ejecutivo autonómico ha dado el visto bueno a 54 plantas fotovoltaicas, cinco parques eólicos, una central hidroeléctrica y una instalación de cogeneración, que comenzarán a materializarse a finales de año, a la espera de obtener la licencia de construcción. La Comunitat Valenciana tiene el compromiso, suscrito en la ley de cambio climático y a través de acuerdos europeos, de llegar a 10.000 megavatios de energías renovables en 2030 para avanzar en la descarbonización.

Según el comunicado del ministerio, todos las declaraciones de impacto ambiental favorables incluyes las medidas correctoras y compensatorias oportunas para minimizar los posibles ambientales generados en la fase de construcción y explotación de los proyectos, así como las condiciones del Plan de Vigilancia Ambiental a desarrollar. Asímismo, destacan que la gran mayoría de las declaraciones favorables de los proyectos contiene condiciones de obligado cumplimiento, sin las que no se consigue el resto de las autorizaciones administrativas de la tramitación. Tres de cada cuatro expedientes con el informe positivo han sufrido modificaciones antes de obtenerla, con reducciones de superficie de ocupación o del volumen de equipos a instalar.