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Los gobiernos valenciano, catalán y balear reclaman un corredor mediterráneo seguro para los cetáceos

Una ballena varada en Tavernes de la Valldigna.

Laura Martínez

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Los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana, Baleares y Catalunya se alían para pedir un corredor seguro para los cetáceos en el Mediterráneo. El Mare Nostrum acumula un 15% del tráfico marítimo, que se ha vuelto una especie conviviente con los cetáceos y la fauna marina, y será el mar que más sufra los efectos del cambio climático, según los estudios en mano de las conselleries de Transición Ecológica.

Los tres Ejecutivos autonómicos trasladarán la petición formal en la conferencia sobre los océanos de Naciones Unidas, que se celebra en Lisboa los próximos 29 y 30 de junio. El pasado marzo se reunieron los responsables de medio ambiente de Cataluña, Baleares y Valencia en Barcelona, con el compromiso de abordar una propuesta conjunta para aumentar la protección del corredor de cetáceos y pedir que se rebaje la velocidad de los barcos para evitar la mortandad. Las comunidades, que cuentan con varios de los puertos más importantes de Europa, reclaman mayor seguridad para las especies marinas en un corredor ya protegido por el Gobierno central.

El departamento que dirige Mireia Mollà en el Gobierno valenciano trabaja en organizar un encuentro pervio que incorpore a la ONG Ocean Care, quien ha trasladado la propuesta a los gobiernos autonómicos. En la llamada Asamblea del Mar se busca marcar políticas transversales para el Mediterráneo, en previsión de impacto del cambio climático, “para involucrar al ámbito institucional y científico, pero también a la participación ciudadana en la defensa del Mediterráneo”.

El corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo fue declarado área marina protegida por el Consejo de Ministros en 2018. El área protegida tiene una superfície de 46.385 kilómetros cuadrados y compone un triángulo entre la costa catalana y valenciana, y el archipiélago balear. Estas aguas, indica el Ministerio de Transición Ecológica, “presentan un gran valor ecológico y constituyen un corredor de migración de cetáceos de vital importancia para la supervivencia de los cetáceos en el Mediterráneo Occidental”.

La reducción de velocidad de los buques se plantea como una forma de reducir los daños físicos a los cetáceos, que afectan a su supervivencia y terminan varados en la costa, pero también por su impacto acústico. El ruido submarino afecta a la diversidad de especies de cetáceos y tortugas marinas que usan la zona como paso migratorio hacia sus zonas de cría. La contaminación acústica submarina, recuerda el Ejecutivo, pone en riesgo la supervivencia de las poblaciones de fauna marina, especialmente las de los cetáceos, que debido a su especial fisiología dependen del sonido para el desarrollo de su orientación espacial, alimentación, reproducción y cría. 

Todas las especies de cetáceos y tortugas marinas que utilizan las aguas de este corredor están incluidas en las listas de protección especial, y además, el rorcual común, el cachalote común, el calderón común, los delfines mular y común y la tortuga boba son especies incluidas en la categoría de “vulnerables” dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El tercer argumento que emplea el Gobierno valenciano para pedir un límite de velocidad es el de la contaminación de los buques a través de sus vertidos y de las largas esperas en las zonas de fondeo de los puertos. Con una velocidad menor, apuntan, se facilitaría la descongestión en el acceso a los grandes puertos y se reducirían los daños ambientales.

Tratamiento como residuos

Los cetáceos varados se tratan como desechos marinos y, al margen del coste económico de transportarlos dado su gran tamaño, está el coste medioambiental. Sus cadáveres, apuntan investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aportan alimento a las especies carroñeras y nutrientes a los sedimentos y la biomasa. El estudio, en el que participa el catedrático del Área de Ecología José Antonio Sánchez Zapata, sostiene que el enterramiento, la incineración o el transporte de los cadáveres de cetáceos a vertederos para su eliminación entraña un coste económico y medioambiental, y recuerda el patrimonio cultural que se ha estructurado sobre el varado de las ballenas.

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