La sentencia del Constitucional que anula la sanidad universal “es una insensatez que genera miedo en la ciudadanía”
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Carmen Montón, se han reunido este miércoles con representantes de diferentes colectivos en defensa de la salud universal. Sobre la mesa, la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto-ley aprobado por el Consell del Botànic pocas semanas después de llegar a la Generalitat que universalizaba la atención médica a los inmigrantes que residan en la Comunitat Valenciana, estén o no regularizados.
La presidenta de Odusalud (Observatorio por el Derecho Universal a la Salud), María José Moya, ha mostrado su preocupación porque con el fallo del Constitucional, que ha calificado de “insensatez”, se vuelva a generar miedo entre la población y un “daño y un sufrimiento innecesario y gratuito entre los más vulnerables”, así como un problema de salud pública al poner en riesgo a miles de personas. Así, se ha preguntado: “¿Qué pasa si un niño enfermo de tuberculosis no tiene la documentación en regla y no puede acudir a un centro de salud para ser medicado?”.
Este colectivo, en el que están representadas 89 entidades diferentes, ha rechazado la sentencia porque consideran que contraviene el derecho fundamental a la salud, recogido en la Declaración de los Derechos Humanos. Así mismo, creen que el fallo contradice la sentencia provisional de marzo de 2016, en la que se dictó que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.
Moya también ha lamentado que el fallo restringe las competencias de las comunidades autónomas, de quienes depende la sanidad, y “refleja la falta de independencia del Tribunal Constitucional respecto al poder ejecutivo”. De igual modo, ha cargado duramente contra el real decreto 12/2016, del que ha reclamado su derogación, y ha insistido en que, en ningún caso ha sido evaluado y demostrado que esa norma haya supuesto un ahorro económico.
“Blindar” la sanidad pública universal
El jefe del Consell ha insistido en lo que ya anunció nada más conocerse la anulación de la ley: “Cualquiera que entre en un centro de salud u hospital valenciano va a ser atendido, sin importar su origen”. Así, ha insistido en que la Abogacía de la Generalitat está estudiando cómo “blindar” la sanidad universal a través de instrumentos jurídicos o una orden: “Respetamos la sentencia que anula el decreto-ley, pero la instrucción previa sigue vigente”.
A juicio del president, el fallo “no atiende al interés general, no es justo y no es humano”, al tiempo que señalaba que la sanidad universal “no es caridad, es un acto de justicia que nos da dignidad como sociedad”. “Atender a 23.000 personas (que son las que se han beneficiado de la norma) no creo que suponga un coste que no podamos asumir”, ha dicho.
Puig ha lamentado que haya fuerzas “instaladas en el rencor” que intenten “limitar la igualdad y cercenar los derechos de los ciudadanos en base a intereses partidistas”, así como ha advertido que este tipo de políticas y discursos son el “caldo de cultivo” de la xenofobia.
Mensaje de tranquilidad
Tanto el president como la consellera de Sanidad han reiterado el mensaje de tranquilidad a la población. “Estamos ante un derecho fundamental para nuestro Gobierno, porque no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, hay personas”, ha explicado Montón, quien ha reitarado que la sanidad universal en la Comunitat Valenciana sigue vigente gracias a la instrucción de la conselleria.
La titular de Sanidad sigue reivindicando la derogación del real decreto 16/2012, que provoca “exclusión, discriminación y desigualdad”.
