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Primero la Intervención y ahora la Abogacía: otra jueza de los casos sobre la F1 en València evidencia el poco interés por perseguir la corrupción

Obras de montaje del circuito urbano de Fórmula 1 de València.

La jueza que investigaba la compra con dinero público de la empresa privada Valmor que organizó la Fórmula 1 en València ha decidido archivar definitivamente la causa. La titular del juzgado de Instrucción número 2 de València revela en su auto de sobreseimiento, contra el que ahora cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que la Abogacía de la Generalitat Valenciana “no mostró ningún interés en proseguir con la investigación” puesto que “no propuso ninguna diligencia de prueba concreta a realizar” durante la instrucción. Esta actuación de los abogados públicos en esta causa, que deben pelear por recuperar el dinero presuntamente malgastado, se suma a los informes de la Intervención de la Generalitat que exoneraron a Francisco Camps de la causa por la construcción del circuito de Fórmula 1 y al exconseller Rafael Blasco en el caso Abucasis.

La operación de compra de Valmor, que se creó para organizar los grandes premios de Fórmula 1 en València, supuso la asunción de más de 30 millones de euros de deuda privada como pública. El Fiscal Anticorrupción consideró que podrían haberse cometido varios delitos y presentó una denuncia, así como abrió otros dos procesos por los sobrecostes en la construcción del circuito y la adjudicación del proyecto. Con el tiempo y durante la instrucción en el juzgado, cambió el representante del Ministerio Público, que también modificó el criterio inicial hasta llegar a solicitar el archivo. A esta situación hay que añadir que el Tribunal de Cuentas desestimó la demanda de reintegro por alcance. Con estos argumentos y tras revelarse las pocas ganas de la acusación particular, ejercida por la Abogacía de la Generalitat, y de las otras acusaciones, la jueza ha decidido confirmar el archivo que ya decretó el pasado mes de marzo.

Así, según el auto adelantado por Las Provincias, la instructora señala que en el plazo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se propuso por ninguna de las acusaciones diligencias de prueba concretas a realizar, “motivo que lleva a pensar que no existía interés por las partes acusadoras, en este caso, en proseguir activamente con la investigación”, según consta en esta resolución, de fecha 1 de septiembre. Y eso que la Abogacía de la Generalitat había recurrido el archivo.

La instructora alega que no quiere decir con ello que la solución propuesta y llevada a cabo respecto a la organización del Gran premio de València de F1 fuera la “única posible”, pero sí que la solución propiciada “no parecía ni ilegal ni arbitraria conforme a la jurisprudencia reiterada” y que ya expuso en el auto de sobreseimiento en cuanto al delito de prevaricación. Por ello, confirma la decisión al no ver argumentos distintos que le lleven al convencimiento para dictar una resolución diferente.

En esta causa llegó a estar investigada la exconsellera de Turismo, Lola Johnson, miembro del Gobierno de Alberto Fabra que decidió adquirir por un euro una empresa con una deuda millonaria.

La falta de diligencias en la instrucción por parte de la Abogacía de la Generalitat evidencia que algunos abogados públicos no han puesto toda la carne en el asador en los diferentes casos de corrupción denunciados por Anticorrupción. Lo mismo pasa con una Intervención que, en el caso de la Fórmula 1, concluyó que “no se produjo perjuicio económico” en una infraestructura que todavía se sigue pagando en la actualidad. El mismo interventor que desmontó el caso del circuito de la Fórmula 1 fue interventor delegado cuando se llevó a cabo su construcción en la etapa del PP.

Pelo la jueza no es la única que ha afeado a la Abogacía de la Generalitat su poca implicación en la investigación de casos de corrupción con quebranto para las arcas de la Generalitat. El sindicato CGT, que ha abanderado procesos penales por el saqueo de Canal 9 o el escándalo del Instituto de Restauración (Ivacor), ha denunciado en constantes ocasiones esta actitud de los abogados con sueldo público. “Hasta que no presionamos en prensa, la Abogacía no decidió acusar en una causa por corrupción”, llegaron a denunciar desde el sindicato. “No se ha priorizado la lucha contra la corrupción en este departamento”, lamentan en CGT.

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