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El PSPV cuela una norma que permite a Baleària entrar en la gestión del puerto de Dénia mientras ficha a Orengo

Joasé Manuel Orengo y Ximo Puig en un acto del PSPV-PSOE.

Sergi Pitarch

Valencia —

Si la Ley de Acompañamiento sale finalmente adelante tal y como está junto a los presupuestos autonómicos para 2019, los municipios que tengan un puerto de la Generalitat y lo soliciten podrán iniciar el proceso para que la gestión pase de la administración autonómica a una entidad autónoma, que reparta el control del área portuaria entre las administraciones y los operadores.

La Ley de Acompañamiento, con la modificación en la ley de Puertos autonómicos, fue presentada el pasado 15 de septiembre por la Conselleria de Hacienda -aunque la medida viene propuesta por la Conselleria de Vivienda- y ya ha hecho que el Ayuntamiento de Dénia presente la solicitud para que el puerto de la capital de la Marina Alta pase de estar en manos de la Generalitat a una entidad autónoma.

La solicitud de esta figura legal y la arquitectura normativa, que se utiliza en la gestión de los puertos dependientes del Estado, no estaría en el punto de mira de sindicatos, PP y Ciudadanos -que se han opuesto en el Ayuntamiento de Dénia a la creación del ente autónomo- si durante las últimas semanas no hubieran sucedido varios hechos que se relatan a continuación.

El primero y más llamativo es el fichaje de José Manuel Orengo, exasesor de Presidencia y fontanero del PSPV, como director de Expansión de Baleària. Orengo empezó a trabajar en la empresa que preside Adolfo Utor a mediados de este mes de octubre, justo un mes después de que se incluyera en la Ley de Acompañamiento la posibilidad de crear entes autónomos para las gestión de los puertos de la Generalitat, una figura que beneficia principalmente a la naviera con sede en Dénia.

Y es que Baleària sería un pilar fundamental del consejo de administración del futuro ente autónomo -al ser con diferencia el principal operador del recinto portuario- y podría decidir sobre todo lo que se proyecta en el recinto portuario junto a las administraciones municipal y autonómica.

En principio, esta normativa coincide con la apuesta del Consell del Botànic de descentralizar la gestión e, incluso, con el mantra que predica Ximo Puig de la colaboración publico-privada. Pero también es verdad que en plena regulación de esta normativa impulsada por Vivienda y con la supervisión de Presidencia -ambos departamentos en manos del PSPV- se ha formalizado el fichaje de José Manuel Orengo como directivo de Baleària. Del corazón del Palau a la empresa que mejor saldrá beneficiada de ese cambio legislativo.

Orengo es reconocido en el ámbito político por su conocimiento de la administración pública, aunque su formación profesional es de perito agrícola, un ámbito terrestre bastante alejado del marino, lo que añade un plus más a las alarmas levantadas en los dos partidos de la oposición en las Corts Valencianes y en el Ayuntamiento de Dénia.

El otro hecho llamativo que ha generado sombras sobre este cambio normativo urgente es la falta de comunicación al principal socio de Gobierno del PSPV. Fuentes bien informadas de la coalición en el Gobierno muestran su sorpresa por la inclusión de esta modificación legislativa en la Ley de Acompañamiento. En concreto, la disposición adicional referida a la ley de Puertos de la Generalitat. “Nos enteramos cuando la vimos publicada en el anteproyecto”, aseguran.

Llamativo es también que la Generalitat renuncia a unos ingresos recurrentes y anuales del puerto público más rentable, unos 3,9 millones al año. Máxime, cuando el dinero se destina a la “caja única de la administración”, explican fuentes de la Conselleria de Vivienda.

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