El PSPV denuncia que la Generalitat tiene sin tramitar 20.000 solicitudes de dependencia, más de la mitad de las peticiones

El PSPV-PSOE ha denunciado este domingo que el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón ha dejado sin tramitar casi 20.000 solicitudes de dependencia, lo que significa que más de la mitad de las peticiones presentadas está todavía por resolver. Así lo ha explicado la secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE, María Victoria Garrido, quien ha alertado de que el 56% de los los 32.499 procedimientos abiertos en la Comunitat Valenciana está todavía sin resolver, es decir, que según los datos de la propia Conselleria de Servicios Sociales, hasta 19.317 solicitantes siguen a la espera.

En ese sentido, Garrido ha lamentado que con las políticas de Mazón en materia de dependencia “vemos a un Consell que no tiene en cuenta a las personas más vulnerables y que recorta derechos mientras disminuye los impuestos a los que más tienen”: “El PP vuelve a las andadas”. “A los cambios ya denunciados por el PSPV-PSOE en el criterio de reconocimiento de los PIAS y los recortes aplicados con este cambio, hay que sumar los expedientes que se quedan en el cajón”, ha recordado.

Asimismo, Garrido ha destacado que la provincia de Alicante está en la cola en materia de resoluciones, pues de las 10.533 solicitudes presentadas, el 62% siguen sin tramitarse. Le siguen la provincia de Valencia, con 18.029 expedientes y el 60,65% sin resolver, y la de Castellón, con 3.937 casos, de los cuales el 45% permanece sin tramitar. También ha señalado que “poco más del 15% de los solicitantes tiene reconocido un grado y asignado un recurso”, por lo que se consolida una situación que “genera frustración y desamparo en los beneficiarios y sus familias”.

La dirigente socialista ha indicado que en el mes de abril, la consellera Susana Camarero dijo que la lista de espera de Dependencia se había reducido a 16.220 personas, y, en junio, solo dos meses después, hay un 18% más de valencianos y valencianas esperando la respuesta de la conselleria, y que ha criticado que al PP “le pareciese un escándalo que hubiera 11.000 personas en la lista de espera” por lo que se ha preguntado “qué pensará ahora Elena Bastidas”. 

Por último, Garrido ha querido recordar como el Botànic se encontró en 2015 con una lista de espera en Dependencia de más de 45.000 personas, y ha lamentado que el PP “vaya camino de repetir ese hito”.

El PP asegura que ha tomado “medidas históricas”

La diputada del PPCV en Les Corts Valencianes Elena Bastidas ha defendido las “medidas históricas” con las que el Consell presidido por Carlos Mazón ha marcado “un antes y un después” en la calidad de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana y ha citado como ejemplo de ello las “mejoras” en ámbitos como la prestación en plazas residenciales, ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, atención a personas con discapacidad y alojamiento para personas sin hogar.

En un comunicado, Bastidas ha expuesto que debido al “retroceso en la cobertura de prestaciones durante los dos últimos años de gobierno del Botànic”, los servicios sociales “empeoraron su valoración en el índice DEC (Derechos, Economía, Cobertura), pasando de un 4,82 en 2022 a un 4,73 en 2023”. Para revertir esta situación, ha defendido, el Consell ha destinado “un presupuesto récord” que, a su juicio, “muestra claramente nuestra apuesta por la atención de los servicios sociales”.

Además, la también portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha indicado que se han “contratado a 3.368 profesionales para la atención primaria básica, a los que se sumarán 643 más para la atención primaria específica de competencia municipal”. “Creemos firmemente que conseguir unos servicios sociales de calidad requiere la participación de todos los agentes implicados”, ha recalcado.

Bastidas también ha hecho hincapié en otras “importantes medidas” como la “inminente” reforma de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para hacerla “verdaderamente inclusiva”. Al respecto, ha concretado que las mejoras previstas “permitirán la compatibilidad de la RVI con el empleo y facilitará el cobro en el caso de beneficiarios que no dispongan de cuentas bancarias, corrigiendo, al fin, una exclusión previa que privaba a muchas personas de este derecho”.