Sobre este blog

El título del blog hace referencia a Robert Solow, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1987 por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico. Por su parte, según la mitología griega, el monte Parnaso era la morada de Apolo y las musas. En la confluencia de ambos, cristaliza este canal de reflexión y divulgación sobre las últimas tendencias en economía, management, emprendimiento e innovación.

El blog está editado por Fernando Castelló, y es posible gracias a las aportaciones de sus diferentes autores:

Sin equidad y justicia no hay futuro

Miles de valencianos junto al Consell reclaman una mejor financiación

Si la política es arte de lo posible, en principio, esta disciplina se complementa perfectamente con la de la economía, cuyo objeto es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano.

La mayoría de los ciudadanos, sin ser políticos ni economistas, sabemos valorar muy bien el esfuerzo necesario para asignar recursos escasos (limitados) a necesidades crecientes (ilimitadas), y también somos muy conscientes de las bonanzas al aproximarnos a dicho objetivo. Lo hacemos, consciente o inconscientemente, todos los días.

Por ello, a la vista de los distintos informes de expertos –economistas, en su mayoría- entendemos que ha llegado el momento para que la política aplique todo su arte y logre consensuar un nuevo modelo de financiación económica que, con los recursos escasos de todos, satisfaga las necesidades básicas de todos, y de forma equitativa.

Veamos cuál es el problema, así como su alcance.

Con el modelo actual, nuestra Comunitat recibe unos 1.250 millones de euros anuales menos de lo que le correspondería si percibiera la financiación media que reciben el resto de las Comunidades de Régimen Común; unos 252 euros menos por habitante y año. Esto supone que entre 2002 y 2016 (últimos 2 periodos del sistema), entre infrafinanciación e intereses acumulados, nuestra Comunitat ha soportado una discriminación financiera equivalente a 19.000 millones de euros; una cantidad superior a todo el presupuesto consolidado de la Generalitat para este año 2017, que asciende a 18.916 millones de euros.

El problema de la infrafinanciación no se limita al periodo 2002-2016, sino que es una constante desde el inicio de los sistemas de financiación autonómica en la década de los ochenta del siglo pasado. Desde entonces, la sistemática aplicación del statu quo en las sucesivas reformas ha impedido resolver este desajuste, convirtiendo el desequilibrio financiero público en un gravísimo problema de crónica infrafinanciación, financiado, a su vez, con un incremento insostenible de nuestro endeudamiento autonómico. Y esta deuda es de todos los valencianos, no nos engañemos.

Por si esto no fuera suficiente, la crónica discriminación no se limita a la infrafinanciación por la vía del sistema, sino que, además, pese a aportar un 9,5 % al PIB nacional, nuestra Comunitat tan sólo recibe, de media, un 6 % de las inversiones territorializables con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Todos los análisis rigurosos demuestran que nuestra Comunitat soporta y se enfrenta de forma sistemática a esta inequidad que, además de injusta y nociva, es absolutamente insólita: somos la única comunidad autónoma que teniendo una renta per cápita inferior a la media nacional, es contribuyente neto a la solidaridad interterritorial dentro del Estado español.

La transcendencia de este perjuicio económico, financiero y patrimonial adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el 80 % del esfuerzo financiero de los presupuestos de la Generalitat va destinado a cubrir tres servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y asistencia social. Es decir, del total de los ingresos no financieros de nuestros presupuestos autonómicos (no confundir con los presupuestos totales), la Generalitat dedica el 80 % de ellos a sostener parte de los pilares fundamentales de nuestro Estado de bienestar; 6 puntos más que la media nacional.

Alguien podría pensar que este mayor esfuerzo podría deberse a que nuestra Comunitat es menos eficiente en el gasto que el resto de las CC.AA. Sin embargo, el análisis muestra que nuestra Comunitat destina menos recursos a la prestación de los servicios públicos básicos que la media nacional. Según los últimos datos homogéneos disponibles (correspondientes a 2015), nuestra Comunitat dedicó a la financiación de los servicios públicos básicos 2.326 euros per cápita, frente a los 2.366 de media de las CC.AA. de Régimen Común, y los 3.144 de las dos CC.AA. de Régimen Foral. Quizá sea un juicio de valor, pero me temo que esta diferencia no sólo se debe a una mejor gestión, sino también a una merma en los niveles de calidad… Y esto, admitámoslo, nos convierte en ciudadanos de segunda.

Al margen de esta valoración cualitativa, lo que evidencia la realidad es que no sólo recibimos menos financiación y realizamos un mayor esfuerzo financiero, sino que, además, somos más eficientes -o austeros- en la gestión de estos tres servicios públicos fundamentales. Por tanto, el problema financiero no proviene -ni debe resolverse- por la vía de los gastos, sino por la vía de los ingresos.

Pero aún hay más: somos la segunda comunidad con más deuda pública de todo el país, tanto en términos absolutos como en términos per cápita y, pese a las desinformaciones interesadas, gran parte de esa deuda se debe, precisamente, a la crónica infrafinanciación del sistema. Según los últimos datos, nuestra deuda pública asciende a cerca de 45.000 millones de euros. Salimos a 9.114 euros por valenciano. El lastre de esta deuda es tan abultando en relación nuestras posibilidades, que en los presupuestos de 2017 más del 20 % de los gastos totales están destinados al servicio de la deuda.

A la vista de estos datos, no es de extrañar que algunos economistas opinemos que esta situación es simplemente insostenible y que por ello reivindiquemos la compensación de aquella parte de la deuda acumulada que tiene su origen en la infrafinanciación.

Con todo, la crónica infrafinanciación no sólo ha provocado un mayor ajuste en los gastos destinados a prestar los servicios públicos fundamentales, sino que, además, el abultado servicio de la deuda encorseta sobremanera las posibilidades presupuestarias para dotar otras partidas destinadas a impulsar el progreso económico y social de nuestra economía y nuestra sociedad. No hay margen para plantear y gestionar seriamente políticas económicas de oferta y de demanda. Y, sin embargo, buena falta nos hace.

Porque, frente a la imagen del Levante feliz, nuevamente los datos nos muestran una realidad bien distinta. Nuestro PIB per cápita es 2.674 euros inferior a la media nacional y 10.404 euros inferior a la media de la zona euro. Estos datos sitúan nuestro PIB per cápita en el 88,8 % de la media de España y en el 67,2 % de la media de la zona euro. Nuestra renta anual neta media por persona se sitúa 1.443 euros por debajo de la media nacional, es decir, es 13,5 puntos inferior a la media nacional. Además, nuestra tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 24,4 %; casi 2 puntos por encima de la media nacional, y la tasa de paro todavía se sitúa 9,5 puntos por encima de la que teníamos al inicio de la crisis y 1,12 puntos por encima de la media nacional.

Está claro que estas ratios no son únicamente atribuibles a la crónica infrafinanciación de los distintos sistemas de financiación autonómica, pero qué duda cabe de que, de haber contado durante las últimas tres décadas con unos recursos, como mínimo, iguales a la media nacional, el mero efecto multiplicador del gasto público, así como la decidida apuesta de las distintas políticas económicas de oferta y demanda, habrían contribuido a estrechar estas brechas.

Hoy por hoy, mientras otros enclaves económicos, dentro y fuera de nuestro país, están impulsando un cambio de modelo productivo y están apostando por la innovación, la digitalización, la internacionalización, la formación y el talento, nuestras magras y endeudadas arcas públicas cuentan con escasísimos recursos para aplicar instrumentos de política económica en estas materias.

Por ello, la crónica infrafinanciación no sólo ha situado a nuestra Comunitat -a sus ciudadanos, trabajadores y empresarios- en desventaja comparativa en el pasado y en el presente, sino que, además, el retraso en la implantación de un nuevo sistema que cambie el signo de su resultado, lastrará el futuro de esta y las futuras generaciones con menores oportunidades y más carga por la deuda pública.

Entonces, ¿dónde está la solución?

Gran parte de la solución está en que el nuevo sistema debe basarse en criterios económicos, y en que en su aplicación debe primar el principio de equidad, entendida como igualdad de provisión de los servicios públicos fundamentales en todas las CC.AA. En este sentido, los ciudadanos de esta Comunitat debemos aspirar no sólo a recibir una financiación equivalente a la media por habitante, sino a que el nuevo modelo garantice la cobertura, de forma homogénea, de las necesidades en los servicios públicos fundamentales en todo el territorio nacional. De lo contrario, los valencianos seguiremos en inferioridad de condiciones con el respecto a otros muchos ciudadanos en el Estado español.

En cuanto a la deuda pública, el nuevo sistema debe incluir para nuestra Comunitat compensaciones que permitan amortizar la deuda derivada de la infrafinanciación. Si no lo conseguimos, nuestras cuentas seguirán siendo financieramente inviables. Hubo fastos y derroches, pero no reivindicamos la condonación de la deuda generada por aquella mala gestión pública. Por tanto, planteamientos de riesgo moral en este apartado y con esta Comunitat son simplemente falaces e intolerables.

En paralelo, debemos lograr que en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado se incluyan inversiones territorializables más acordes con nuestra aportación a la riqueza nacional. La rentabilidad pública y social de las inversiones en nuestra Comunitat está más que demostrada y aporta unas externalidades positivas de las que disfruta el conjunto de la economía del país.

Finalmente, desde la política económica regional, con más holgura de recursos, deberán activarse políticas económicas de oferta -sectoriales y horizontales- que permitan implementar un nuevo modelo productivo capaz de lograr un crecimiento sostenido y sostenible para acabar con el exceso de paro y asegurar la estabilidad y el futuro del Estado de bienestar. Para ello es necesario superar nuestros bajos niveles de productividad y competitividad, y lograr que el tejido productivo genere y aporte el valor añadido a la altura de las exigencias de los mercados globalizados y que sea capaz de retribuir dignamente a los todos los participantes en el proceso de producción (trabajadores y empresarios, esencialmente). Solow estaría muy de acuerdo con este planteamiento.

Por ello, desde la absoluta lealtad al Estado central y a nuestro sistema democrático, la sociedad civil valenciana -trabajadores y empresarios, junto a sus familias-, concitados por un interés tan general como legítimo, reivindicamos el pasado sábado un nuevo sistema de financiación autonómico reivindicamos el pasado sábado un nuevo sistema de financiación autonómicoque ofrezca a todas y cada una de las CC.AA. unos recursos proporcionales a sus necesidades reales y acabe con la actual discriminación que estamos sufriendo en esta Comunitat desde hace más de 30 años.

Los diagnósticos coinciden, las necesidades lo demuestran y la firme voluntad de la sociedad civil lo reivindica. Por tanto, para llegar al acuerdo del nuevo sistema de financiación, tan sólo hace falta que la política despliegue todo su arte milenario y lo haga posible.

*Ricardo Miralles, director de economía y análisis de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana

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