València, tercera ciudad en número de personas solicitantes de asilo, y la valenciana, la cuarta autonomía

Las cifras de solicitudes de asilo en la provincia de València han crecido en los últimos años de 1.429 el año 2017, a 3.588 en 2018, hasta llegar a las 5.548 solicitudes de personas en riesgo en 2019, según datos hechos públicos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), resultado de su informe anual ‘Más que cifras’. El número de personas solicitantes en 2019, apunta CEAR-PV, es la mayor cifra nunca antes registrada en la provincia de València.

Según señala la organización, el total de personas que solicitaron asilo de toda la Comunitat Valenciana fue de 7.501, un “importante” incremento puesto que las cifras de años anteriores habían sido de 4.330 en 2018 y 2.300 en 2017. Como ocurrió el año pasado, la valenciana volvió a ser la cuarta autonomía en cifras de asilo, solo por detrás de Madrid, Catalunya y Andalucía.

En lo que respecta al desglose por provincias, tanto Castellón como Alicante han recibido un importante incremento de personas solicitantes. Alicante pasó de las 505 de 2018 a duplicar esta cifra, llegando a las 1.140 solicitudes este 2019, mientras que Castelló ha triplicado las cifras pasando de las 237 en 2018, a las 813 solicitudes de 2019.

La organización de defensa de derechos humanos lamenta que la tasa de aprobación de solicitudes de asilo haya descendido hasta el 5% durante 2019, cerca de 20 puntos menos respecto al 2018, de modo que poco más de tres mil personas obtuvieron protección internacional España, según revela el informe que resume los principales datos del sistema de asilo de 2019.

España se sitúa, por tanto, muy por debajo de la media de la Unión Europea que registra alrededor de un 30% de resoluciones favorables. Así, de un total de más de 60.000 resoluciones, se otorgó el estatuto de refugiado a 1.653 personas y se ofrecieron 1.503 protecciones subsidiarias.

Sin embargo, la organización destaca como “un claro avance” respecto a periodos anteriores, la concesión de 39.776 permisos por razones humanitarias, en su mayoría a personas de nacionalidad venezolana, y de forma muy residual también de Ucrania, El Salvador, Honduras o Colombia.

“Resulta indefendible que España imponga obstáculos como el visado de tránsito a quienes que huyen de países que viven graves conflictos y no tengan otra forma de solicitar asilo en nuestro país que arriesgando sus vidas poniéndolas en manos de traficantes de personas”, destaca Estrella Galán, directora de CEAR.

En ese sentido, en CEAR señalan que es “muy preocupante” ver cómo solo el 6% de la personas que solicitaron asilo se presentaron en puestos fronterizos (7.020), y únicamente 307 en embajadas y consulados, limitadas exclusivamente a extensiones familiares. Según CEAR, estas cifras evidencian la falta de vías legales que permitan acceder a las fronteras españolas de forma segura sea por vía marítima, aérea o terrestre, en particular a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla para las personas de origen subsahariano.

“Lamentablemente las personas refugiadas siguen sin tener la posibilidad de pedir el traslado desde nuestras embajadas para solicitar asilo, una medida contemplada en la ley y que evitaría viajes con un infinito coste humano para miles de personas”, explican desde la entidad. Mientras que solo un 2% de las peticiones se realizaron en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

CEAR considera que “los datos generales no son buenos, pero resultan particularmente alarmantes si enfocamos las denegaciones de asilo a las personas que huyen de Colombia o de los países donde impera la violencia de las maras, así como el no reconocimiento de algún tipo de protección a las personas que llegaron a España a través de los barcos ”Aquarius“ y ”Open Arms“ huyendo del infierno que vivieron en Libia”.

Récord de solicitudes en 2019

En 2019 España vivió un nuevo año récord de peticiones de asilo, con un total de 118.264, más que el doble respecto a 2018, tal como informa CEAR. Las cinco nacionalidades con mayor número de solicitudes fueron: Venezuela (40.906), Colombia (29.369), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931) y El Salvador (4.784). De este modo, el 80% de las solicitudes fueron presentadas por personas de América Latina.

“La política de visados impuesta por España está determinando el perfil de los solicitantes de asilo en nuestro país, dificultando enormemente la llegada de nacionales de Siria, Yemen o Palestina, entre otros, al imponerles un visado de tránsito. De este modo, estas decisiones se convierten en la práctica en una herramienta selectiva de control de fronteras”, denunció Galán.

La acumulación de expedientes pendientes de resolución en la Oficina de Asilo y Refugio siguió en aumento durante el año pasado, y según datos del Ministerio del Interior, al término de 2019 habían alcanzado un total de 124.025.

CEAR destaca que una de las principales causas que han provocado este incremento de solicitudes es la ausencia de unas políticas migratorias adecuadas. En ese sentido, la falta de disponibilidad y flexibilidad de vías de migración ordenada, como recoge el Pacto Mundial para las Migraciones de Naciones Unidas, está provocando que la única vía disponible para poder acceder y permanecer en España sea a través del proceso de solicitar protección internacional, lo cual ha provocado una sobresaturación en el sistema de asilo.

La vida de Samuel, más allá de las cifras

Samuel (nombre ficticio) tiene 37 años. Su vida y la de su familia es una más de las que se deciden en los más 120.000 expedientes pendientes de resolución. Este activista colombiano recibió un sinfín de amenazas por parte del grupo paramilitar Águilas Negras en diferentes zonas de su país. Tras una devolución en el aeropuerto de Barajas y después de no admitirle su solicitud de asilo, consiguió volver a España en marzo de 2019 y esta vez sí fue admitida su petición.

“Espero ser acogido y que me brinden la protección en este país. Es un proceso de adaptación que no es fácil, pero espero desarrollarme aquí, y poder traer a mi esposa y mis dos hijas”, declaró a CEAR, de espaldas a la cámara, por temor a represalias de los paramilitares a sus familiares que aún permanecen en Colombia.