Un aparcamiento de megabuques frente a la Red Natura 2000 del Parque Natural de l'Albufera de València

Como si de un enorme aparcamiento de megabuques se tratara, cada semana decenas de ellos permanecen fondeados a la espera de que el Puerto de València, que cobra una tasa por ese 'estacionamiento', les dé acceso para cargar y descargar contenedores.

Una situación que no tendría mayor importancia si no se fuera porque esas aguas en las que permanecen están frente a las playas de Pinedo y El Saler, y por tanto frente a la Red Natura 2000 del Parque Natural de la Albufera, lo que les otorga una especial protección.

Este espacio comprende la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de l’Albufera, con 8.414,87 hectáreas de zona marina (un 28,94% de las 29.285,57 hectáreas de superficie de la ZEPA), y el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de l’Albufera, cuya superficie marina es de 6.727,34 hectáreas (un 24,43% de las 27.538 hectáreas de superficie del LIC), y que queda incluida por completo en el área delimitada por la ZEPA.

Fuentes consultadas por elDiario.es han comentado que en su momento el Puerto de València estableció dos zonas de fondeo, una al norte y otra al sur. Sin embargo, es la del sur, la que está frente a las mencionadas playas protegidas, la más utilizada por los buques puesto que es donde está encarado el acceso a la bocana.

La asociación vecinal Dehesa-El Saler ha venido denunciando esta situación por el evidente impacto paisajístico que causa, así como vertidos de fuel que llegan a la orilla de las playas y la contaminación que genera la emanación de humos de los barcos.

Una situación que se puede agravar sustancialmente de llevarse adelante la polémica ampliación norte, que prevé un canal de acceso para los buques a la futura terminal paralelo al actual por el que acceden al muelle sur, con lo que el trasiego de embarcaciones y los problemas que generan podrían aumentar exponencialmente.

Y eso pese a que la Ley de Cambio Climático impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica y aprobada el pasado 13 de mayo por el Pleno del Congreso, en cuanto a los espacios protegidos como la Red Natura 2000, obliga a establecer “las medidas oportunas para que dichas redes sigan cumpliendo en los plazos mencionados los objetivos de conservación de hábitats y especies para las que fueron diseñadas”.

En este sentido, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, notificó el pasado 6 de mayo al Ministerio de Transición Ecológica y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que las medidas cautelares asociadas a la revisión y actualización del Plan de Ordenación y Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera chocan con la ampliación del Puerto de València por la afección que puede tener en la zona marina declarada Red Natura 2000 y que por tanto debe paralizarse.

Mollà insistió en que las medidas cautelares de revisión del PORN de la Albufera, que prevén una ampliación de la zona marina protegida, establecen la “prohibición de realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica o hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido”, a tenor de lo establecido en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos y recordó a los miembros del consejo de administración de la APV, de que “cualquier actuación que contravenga esta norma -en referencia a las medidas cautelares recogidas en el acuerdo del Consell de 18 de diciembre de 2020- se hace a sabiendas de su injusticia haciéndose personal y directamente responsable de ella”.

El Puerto de València recibió 6.851 buques el pasado año y 7.891 en 2019, un descenso derivado de la pandemia. Capitanía Marítima de València, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, puso 17 sanciones en el año 2018 y 14 en 2019 a diferentes embarcaciones por contaminación por hidrocarburos.

Además, el pasado mes de febrero el organismo abrió un expediente sancionador al buque portacontenedores 'Zim Tarragona' de bandera de Israel tras una inspección instada por una denuncia vecinal en la que se puso de relieve “dos deficiencias con relación al mantenimiento del buque y su equipo”. De prosperar el expediente, la cuantía de la sanción podría llegar hasta los 180.000 euros.