El Ayuntamiento de València, de PP y Vox, no ha creado el órgano que vigila conflictos de intereses en contratación aprobado hace tres años

El Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, no ha puesto en marcha los controles antifraude en materia de contratación pública previstos en los códigos éticos de la Administración. En tres años de mandato, el gobierno que dirige María José Catalá no ha creado el órgano encargado de vigilar los conflictos de intereses en los contratos municipales, un Comité Ético previsto en el Plan de Integridad Municipal, que se aprobó en mayo de 2023.

A este comité le corresponde estudiar y canalizar las denuncias que puedan llegar en materia de contratación pública, los posibles conflictos de intereses en materia de integridad y proponer mejoras o medidas de “sanción” y “persecución” de los incumplimientos. Es, grosso modo, el órgano competente en hacer seguimiento del plan de integridad.

La Agencia Valenciana Antifraude lo reseña en su informe sobre las abstenciones del concejal de contratación, José Marí Olano, que han sido trasladadas a un órgano de la Intervención General del Estado encargado del fraude en proyectos europeos. En el documento, que señala una serie de irregularidades en los haceres del concejal que presidió la mesa de contratación entre abril y diciembre, y sigue siendo delegado de contratación municipal, Antifraude observó “una falta de diligencia al no comunicar el conflicto de interés al Comité ético o Unidad de Integridad”, previsto en la ley de contratos del sector público. Antifraude pidió un informe sobre la comunicación del posible conflicto de interés al comité ético del Ayuntamiento de Valencia, que el consistorio nunca remitió, pero alegó que “se han adoptado las medidas para abordar el conflicto de interés”.

Meses después, el consistorio reconoce por escrito que no se ha creado el órgano. Así consta en una respuesta remitida a Compromís, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que la delegación de Transparencia, que dirige Juan Carlos Caballero, admite que en tres años “el plan no ha sido objeto de actualización alguna” y que “el Comité Ético no ha llegado a constituirse”. En la respuesta de Caballero al concejal Ferran Puchades —que tuvo que recurrir a dos departamentos y a un recurso de amparo por la falta de información—, Transparencia señala que aunque no se haya actualizado el plan se colabora con la Agencia Antifraude, hay una norma para contratos europeos y se han realizado acciones formativas.

Como el Comité Ético no se ha constituido, no existe informe alguno sobre la evaluación o el seguimiento del plan. Mucho menos sobre el concejal de contratación, que se ha abstenido de numerosos procesos públicos para evitar conflictos de intereses con empresas con las que trabaja o ha trabajado como abogado, y que sigue ocultando cuáles son amparándose en el secreto profesional. La opacidad del consistorio le ha valido una investigación del Síndic de Greuges, otra de la Agencia Valenciana Antifraude y está por ver si del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, dado que hay contratos cuestionados que se han financiado con fondos europeos. 

“Si se hubiera puesto en marcha, no tendríamos a Antifraude o a la Fiscalía pidiendo explicaciones” sobre contratos del Ayuntamiento, ha denunciado este miércoles la portavoz de Compromís, Papi Robles. Los valencianistas reclaman un informe público sobre los contratos firmados por Marí Olano y su posible conflicto de interés, que afecta a grandes contratos y a financiación europea de proyectos. “El gobierno de PP y Vox ha dejado este Plan en un cajón para poder seguir con el oscurantismo que les acompaña”, insiste la portavoz, que también señala al edil de Vox José Gosálbez, que trabaja con el colegio de Ingenieros y oculta el contrato.

El Plan de Integridad fue aprobado por el gobierno de coalición de Compromís y el PSPV que dirigía Joan Ribó en su última junta de gobierno local, como guinda al reglamento de Gobierno abierto que impulsó la izquierda en las instituciones, siguiendo la ley de Transparencia. Según el texto, que se aloja en la web municipal, corresponde a la concejalía delegada de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto presidirlo, contando con la Secretaría General y del Pleno, la Intervención General y los jefes de servicio de Contratación, Evaluación y Personal. La edil del ramo, Júlia Climent, es también quien firma los contratos cuando Marí Olano se abstiene.