La evaluación ambiental de la ampliación del Puerto de València de 2007 caducó en diciembre de 2019

“Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en esta Ley”.

Así reza el punto 3 de la disposición transitoria primera de la ley 21/2013 de evaluación ambiental, tal y como puso de relieve uno de los portavoces de Per l'Horta y exsecretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, durante el debate virtual organizado por la Fundación Scito sobre el proyecto de ampliación del Puerto de València.

En el coloquio también participaron el exalcalde de Burjassot y exeurodiputado por Compromís, Jordi Sebastia, el catedrático en Puertos y Costas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica, Vicent Esteban Chapapría, y la profesora de urbanismo de la Universidad Politécnica. Mercedes Almenar.

Montiel destacó que más allá de los cambios realizados sobre el proyecto inicial, según lo que establece la legislación, la DIA otorgada en el año 2007 caducó el pasado mes de diciembre, puesto que desde el año 2012 cuando finalizó la primera fase de la ampliación, en concreto las obras del dique de abrigo, no se ha vuelto a ejecutar ninguna actuación correspondiente a la segunda fase de la ampliación.

Montiel advirtió además de que la Unión Europea alcanzó un acuerdo por unanimidad para aplicar el principio de cautela a todos los proyectos que tengan una alta afección ambiental y que ese principio obliga a tomar todas las medidas de precaución posibles: “El Puerto de València no es el Vaticano y su presidente Aurelio Martínez no es el Papa”, afirmó en referencia a la forma de actuar de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

Por su parte, Sebastià defendió que el Puerto de València debe estar en armonía con la ciudad y en este sentido consideró que la infraestructura no necesita una ampliación, por lo que pidió que se reconsidere y se repiense el proyecto y qué tipo de puerto quiere la ciudad: bien uno que dé servicio a las grandes multinacionales o bien uno que centrado en las empresas y en la economía de la Comunitat Valenciana y el resto de España.

Chapapría, quien elaboró un estudio sobre los efectos socioeconómicos y necesidades de la futura terminal de contenedores del Puerto por encargo de la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y la asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller a la UPV con un coste de 30.000 euros, afirmó que la ampliación ya está ejecutada con el dique de abrigo y que solo queda ejecutar el relleno, y defendió que estas obras no tienen “efectos adicionales” sobre las playas del sur de Valencia.

La profesora Almenar realizó un recorrido histórico por las diferentes ampliaciones del Puerto, así como un repaso cronológico de la tramitación de la ampliación norte.