La presidenta del Puerto de València quiere acelerar la ampliación pero reconoce que el tráfico de contenedores está “en caída”

“Apostamos por la descarbonización y por la digitalización, junto a la multimodalidad y también por hacer realidad en el menor tiempo posible la terminal norte al igual que el resto de proyectos que cualquier empresa nos proponga y que suponga una mejora para la dinamización de la economía valenciana”.

La nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, se pronunció así este viernes en su primera comparecencia pública tras la reunión del consejo de administración del organismo. La responsable del Puerto se mostró prudente y no quiso entrar en polémicas políticas con respecto a la petición de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para la polémica ampliación que Compromís ha puesto como condición para la investidura de Pedro Sánchez. De lo contrario, la coalición valencianista apoyará que permanezca paralizada.

Al respecto, Chao descartó la petición de una nueva DIA: “No voy a entrar en ninguna valoración de tipo político. Nosotros como organismo público lo que nos dedicamos es a tramitar expedientes con la máxima seguridad jurídica y el refrendo de todos los organismos competentes. Todos los expedientes que se han tramitado en esta Autoridad Portuaria se han tramitado desde la máxima seguridad jurídica y con el refrendo de todas las administraciones competentes en la materia. Todo se ha tramitado correctamente”.

Chao, sin embargo, reconoció que los tráficos están en caída (en los ochos primeros meses han bajado un 10,4%) por el complicado contexto internacional. Según comentó, “el escenario es complicado a nivel internacional, hay una incertidumbre que no ayuda nada en tener unas perspectivas de tráfico de crecimiento estable” y añadió que por las cifras que manejan parece que se está “estabilizando la caída”, pero insistió en que están en un “escenario malo”.

La ampliación del Puerto de València se encuentra atascada en la mesa del Consejo de Ministros principalmente por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cuestiona la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 y por los diferentes informes ambientales que aseguran que la infraestructura pondría en riesgo el Parque Natural de la Albufera.

De hecho, la APV ya ha incumplido la DIA, según la cual debía promover un proyecto de regeneración en caso de detectarse la regresión de las playas del sur, una actuación que ha desarrollado el Ministerio de Transición Ecológica con un coste de 28 millones de euros de los que el Puerto no ha aportado ni un solo euro.

Solución para la Marina de València

Sobre el funcionamiento de la Marina de València que se encuentra en un callejón sin salida al no haberse creado el nuevo ente para gestionarlo y ser improrrogable el permiso extraordinario otorgado por la APV, el cual caduca el 31 de diciembre, la presidenta comentó que “es un tema prioritario” y que ha iniciado “unas pequeñas conversaciones informales con el Ayuntamiento” para ponerse manos a la obra “para buscar la mejor salida jurídica posible a este problema que viene hace casi tres años”.

Chao añadió que aún no han tenido “una reunión formal” pero insistió en que es una prioridad: “Vamos a buscar una fórmula jurídica para un problema que tenemos y en cuanto tengamos clara la hoja de ruta informaremos”.

El organismo que se encargaba del funcionamiento de la Marina, el Consorcio Valencia 2007, integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), sigue enredado en una maraña jurídica desde que la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente.

La salida de uno de los socios del Consorcio obligó a iniciar un proceso de liquidación que finalmente quedó paralizado hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo para la creación de un nuevo ente gestor con el objetivo de mantener la gestión unitaria de todo el recinto. Por este motivo, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) prorrogó durante un año (hasta el 31 de diciembre de 2023) la cesión de la gestión de sus terrenos en favor del Consorcio.

Nueve meses después, no se ha dado ningún paso para avanzar en la creación del nuevo organismo, cuando la concesión otorgada por la APV en principio no se puede prorrogar.