Catalunya sigue siendo el problema

El sistema de partidos, del que depende la gobernabilidad de cualquier país en democracia, empezó a fracturarse en España en las elecciones catalanas del otoño de 2010 y en las generales de 2011, como consecuencia de la confluencia de la crisis del Estado social de derecho por el impacto de la crisis económica de 2008 y la crisis de la Constitución territorial tras la STC 31/2010 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

En principio, la combinación de ambas crisis pareció afectar exclusivamente a los partidos de izquierda, PSC y ERC en Catalunya y PSOE en España. Tanto CiU como el PP tuvieron unos excelentes resultados electorales en Catalunya y en España, mientras que PSC/PSOE y ERC experimentaron pérdidas enormes. Podría pensarse que era una crisis coyuntural, susceptible de ser absorbida, como lo fue en los años ochenta la crisis que se produjo en la derecha como consecuencia de la desaparición de UCD.

Sin embargo, a partir de la Diada de 2012 empezaría a verse que no iba a ser así y que la crisis del sistema de partidos iba a ser sistémica tanto en Catalunya como en España. Con el tránsito de la autonomía a la independencia del nacionalismo catalán, el sistema político se convertiría en una auténtica montaña rusa, con repeticiones de elecciones (2012, 2015, 2017), cuyos resultados no posibilitaban ni avanzar hacia la independencia, ni garantizar la gobernabilidad de Catalunya, ni establecer una relación viable en términos constitucionales y estatutarios  con el Estado.

Por su parte, el Gobierno del PP con base en una muy sólida mayoría absoluta alcanzada en 2011, dio la respuesta más conservadora posible a la crisis del Estado social y se cerró en banda a explorar siquiera una salida para la integración de Catalunya en el Estado, delegando la respuesta al Tribunal Constitucional, en un primer momento, y a los Tribunales de Justicia a continuación: Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

El resultado ha sido una quiebra del sistema de partidos, que se haría visible por primera vez en el resultado de las elecciones europeas de mayo de 2014, que sería interpretada por la Casa Real como una crisis de tanta entidad como para activar el mecanismo de la abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI. En las elecciones del 20 de diciembre de 2015, se confirmaría esa crisis sistémica. 

Desde entonces, la sociedad española no es capaz de hacer una síntesis política de sí misma a través de sus partidos políticos para poder gobernarse. Investiduras fallidas y repetición de elecciones. Decretos-leyes en lugar de ley parlamentaria. Un solo presupuesto en cuatro años. Y un largo etcétera.

Sin el concurso activo de los nacionalismos catalán y vasco no es posible encontrar una fórmula estable para la dirección del Estado. Con su política brutalmente anti nacionalista, el PP ha conseguido convertirse en un partido prácticamente extraparlamentario en Catalunya y País Vasco. Y en esas condiciones es muy difícil que no haya siempre una mayoría contraria a un Gobierno de ese partido en el Congreso de los Diputados. Es lo que viene ocurriendo desde 2015 de manera ininterrumpida. 

Al mismo tiempo, ese enfrentamiento brutal con el nacionalismo dificulta hasta casi imposibilitar que puedan establecerse relaciones con los partidos nacionalistas desde la izquierda en general y desde el PSOE en particular. La derecha española, todavía más tras la deriva de Ciudadanos, ha erigido una suerte de “cordón sanitario” en torno a los nacionalismos catalán y vasco, con la finalidad de que no se pueda contar con ellos en la dirección del Estado.

Ese “cordón sanitario” se rompió en la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Sin el concurso de los nacionalismos catalán y vasco, no hubiera sido posible. La mayoría de la moción de censura se ha visto confirmada en las elecciones del 28A. La misma mayoría, con algunos reajustes internos,  que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa a través de la censura, lo podía haber confirmado en la presidencia a través de la investidura. Ha sido la renuncia de Pedro Sánchez a apoyarse en dicha mayoría la que lo ha hecho imposible.

Lo que pueda ocurrir el 10 de noviembre no es fácil de prever, aunque, en mi opinión, sí lo es que tanto el nacionalismo catalán como el vasco mantendrán su cuota de representación en el Congreso de los Diputados, que en las elecciones del 28A de 2019 ha sido la más alta desde las primeras elecciones constitucionales de 1979. Encontrar una fórmula de gobierno sin contar con ellos va a ser muy difícil. A menos que el PSOE, el PP y Ciudadanos decidieran formar un Gobierno de “concentración nacional español”.