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La patronal del juego carga contra la ley del Consell: “Puede suponer el cierre de la mitad de las casas de apuestas”

Representantes de Cejuego

Carlos Navarro Castelló

Las empresas del juego está en pie de guerra contra la nueva ley que tramita el Gobierno valenciano, la cual consideran un ataque directo al sector por las formas en su tramitación y sobre todo por su contenido.

Así lo han denunciado este lunes Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego); Luis Miguel Cabeza de Vaca (CODERE); Carlos Duelo (CIRSA); y Pedro García (ORENES).

En primer lugar han lamentado que el Gobierno valenciano pretende poner en marcha una Ley del Juego sin tener en cuenta al sector del juego privado ni a la hostelería, mientras que se fomenta el juego público.

Landaluce ha criticado que la normativa contemplaba inicialmente que las casas de apuestas y salones de juego debían guardar una distancia mínima de 150 metros con centros escolares y de 700 metros entre sí: “sin embargo ahora nos encontramos con que uno de los socios de Gobierno ha ampliado esas distancias vía enmiendas a 250 metros y 1.000 metros, además con carácter retroactivo”.

Según han explicado, en la práctica esto supondrá que los locales que están actualmente funcionando cumpliendo una legislación, cuando vayan a renovar sus permisos deberán cumplir otra diferente que en muchos casos harán inviable su actividad.

“Se trata de una situación clamorosa de inseguridad jurídica, aunque no tenemos aún datos concretos, estimamos que el 50% de las casas de apuestas de las grandes ciudades (hay 373 en toda la Comunitat) deberán cerrar cuando caduquen sus permisos porque no podrán cumplir estas condiciones, especialmente las distancias entre locales”, han asegurado.

Otro de los aspectos que han criticado es el relacionado con la incorporación de un mando a distancia en las 21.000 máquinas de premio de la hostelería similares a los que funcionan en las máquinas de tabaco, para prevenir que las utilicen menores de edad.

Así, deberían incorporar un dispositivo de activación, que se debería instalar en un plazo de tres meses que, según han afirmado, ni las compañías ni la propia administración podrían cumplir puesto que al tiempo de la instalación del sistema se añadiría el que requiere la administración para homologar los dispositivos: “la Generalitat no tiene personal para llevar esto adelante ni en un año, se produciría un colapso”.

A cambio proponen como alternativa el modelo de Navarra y País Vasco, donde además de sancionar al titular del local donde ha jugado el menor también se multa a los padres.

Pese a todo, han destacado que de las 50.000 inspecciones realizadas el año pasado no se levantó ni una sola acta por presencia de menores.

Sobre la incidencia de las casas de apuestas y del juego online en casos de adicciones o ludopatía han tratado de minimizar el problema haciendo referencia a un informe del Ministerio de Hacienda según el cual tan solo un 0,3% de las personas que apuestan pueden desarrollar una patología asociada al juego.

Sin embargo, un estudio de la Conselleria de Sanidad alerta de que las apuestas deportivas se han convertido en una actividad regular (“juego varias veces al mes”) para el 10% de los menores de edad.

Al respecto, los empresarios han recordado que solo en la Comunitat Valenciana aportan en concepto de tasas 140 millones de euros, un impuesto que se creó en su día con el objetivo de llevar adelante políticas de prevención. Además, han aclarado que no todo el que apuesta es ludópata y que normalmente esta conducta está asociada a otro tipo de problemas o adicciones.

Sobre la irrupción de casas de apuestas en barrios de carácter más humilde o de rentas más bajas, han asegurado que los criterios que se siguen para abrir un local son que tenga el mayor paso de gente posible y que el precio del alquiler del local sea asumible.

Según han informado, en la Comunitat Valenciana se facturaron el año pasado por todo lo relacionado con el juego y las apuestas (bingos, casinos, máquinas y apuestas deportivas) 638 millones de euros, 228 millones menos que en 2007. Las casas de apuestas representan el 10% del volumen total de juego. El sector da empleo directo a 7.000 personas e indirecto a 23.000 en territorio valenciano.

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