La pifia en la reforma laboral ya no es un “error informático”

¿El primer indicio de que estamos ante un mentiroso? Que cambie a cada rato de versión. Exactamente eso mismo está pasando con el Partido Popular y su denuncia de un “pucherazo” en el Congreso a cuenta de la metedura de pata al votar que cometió su secretario de Organización, el hasta ahora desconocido diputado Alberto Casero.

Repasemos los hechos, aunque no ha pasado tanto como para que sean fáciles de olvidar. 

El jueves 3 de febrero, nada más terminar la votación por la que quedó aprobada por la mínima la reforma laboral, la portavoz del PP Cuca Gamarra pidió la palabra en el pleno para denunciar que uno de sus diputados había sufrido un “error informático” al votar. 

Fue una tesis que apenas una hora más tarde Cuca Gamarra volvió a confirmar, en una declaración sin preguntas desde la sala de prensa del Congreso. Según esa segunda explicación de la portavoz del PP, el diputado Alberto Casero había sufrido una “anomalía” después de “votar no a la reforma laboral”. “El certificado emitido por parte de la Cámara ha contemplado un voto diferente al que él ha emitido”, expuso Gamarra. Un misterio técnico, al parecer.

La teoría del error informático fue tan extendida ese día por el Partido Popular que unas pocas horas después un abogado denunció un presunto “delito informático” por esa votación. Entre otras medidas cautelares, que el juez rechazó, pedía intervenir todos los ordenadores del diputado Casero para encontrar pistas de ese delito. La alucinante denuncia sugería que una mano negra había manipulado electrónicamente la votación. 

Pero, ¿acaso fue eso lo que pasó? Nadie lo cree a día de hoy. El diputado Alberto Casero metió la pata al votar y lo hizo en otras ocasiones en esa misma sesión, no solo con el decreto de la reforma laboral. No hubo siquiera un solo error. 

“Lo estoy pasando fatal, estoy destrozado, la que he liado”, dicen que dijo Casero a otros diputados del PP el mismo día en que sus compañeros mentían sobre un “error informático” que nunca existió. Una teoría de la conspiración que el PP ni siquiera hoy mantiene, porque saben sencillamente que esta mentira no colaría ni ante el juez más incondicional. Los registros de la intranet del Congreso demuestran que no hubo nunca tal error informático. Porque lo que pasó es más sencillo: Casero la pifió.

¿Lo normal ante un caso así? Sería que el partido pidiera disculpas y lo dejara estar. No es eso lo que está pasando ni lo que pasará. Tengan por seguro que en el recurso del diputado del PP ante el Tribunal Constitucional no se mencionará el absurdo de ese error informático que Gamarra denunció. En su lugar optarán por acogerse al reglamento de 2012, y esa llamada telefónica de comprobación que se supone que hay que hacer después de cada voto. Obviarán que hace dos años que no se hace así en ninguna votación, después de que con la pandemia se acordara un protocolo de voto telemático más simple, como expliqué en un artículo anterior. 

Tal vez cuele en el Tribunal Constitucional, por dos razones: porque ese acuerdo de la mesa donde se decidió el nuevo sistema de voto telemático –que se ha aplicado pacíficamente desde marzo de 2020 en todas y cada una de las votaciones– no fue elevado al reglamento. Y porque el PP mantiene su mayoría en el Constitucional hasta el mes de junio, cuando la perderá. 

Para que esa mayoría les sirva, la sentencia sobre este asunto tendría que llegar a toda velocidad: en menos de cinco meses. Sería extraño, muy extraño, porque tienen otros recursos pendientes de resolver desde hace más de un lustro. Pero cosas más raras hemos visto ya en el Constitucional.

Para el PP, la pifia de Casero es un asunto trascendental porque también tiene una derivada interna. Este diputado extremeño es un hombre del secretario general del PP, Teodoro García Egea. Y sus votos erróneos llegan en la recta final de una campaña electoral donde la actual dirección del PP se juega mucho. 

Toda la estrategia de Casado y Egea con los adelantos electorales en Castilla y León y, más tarde, en Andalucía, pasan por ahogar el “efecto Ayuso” con el “efecto PP”. Que el partido repita en otras autonomías el éxito que logró en Madrid y pueda gobernar en solitario, sin depender ni de Ciudadanos ni de Vox. 

Pero, ¿qué pasa si el plan no sale bien? ¿Si el PP de Mañueco o el de Moreno Bonilla pierden las elecciones o se ven obligados a meter en sus gobiernos a los ultras de Vox? Si eso ocurre, el ruido de sables en el partido contra el liderazgo de Casado retumbará. Porque el éxito será de Ayuso y el fracaso de la dirección nacional.

En este contexto, son más fáciles de entender las críticas e insultos de Federico Jiménez Losantos contra Teodoro García Egea y contra Alberto Casero: el locutor es uno de los principales puntales mediáticos de Ayuso contra la actual dirección del PP. Igual que antes lo era del aguirrismo contra Mariano Rajoy.

Los nervios en Génova también explican las salidas de tono permanentes de Pablo Casado en esta campaña electoral. En los últimos días, el líder del PP que hace no tanto defendía la moderación se ha convertido en otro hooligan, indistinguible de cualquier portavoz de Vox. Un día habla de pucherazos y acusa a la presidenta del Congreso de prevaricación –por esa pifia de su secretario de organización– y al siguiente acusa sin pruebas al expresidente Zapatero de ser “comisionista de Nicolás Maduro”. 

“Atacan a la remolacha”, dice un Casado indistinguible de su caricatura. Se refiere a las campañas del Ministerio de Consumo contra el exceso de consumo de azúcar por parte de los niños –uno de cada tres sufren en España obesidad infantil–. “Garzón dice que el azúcar es veneno”, se inventa el líder del PP. Que olvida que todos los nutricionistas del mundo y todos los gobiernos del mundo recomiendan reducir el consumo de azúcar. También lo hacía, hace no tanto, la Junta de Castilla y León. 

Al igual que con las macrogranjas de cerdos, el PP es capaz de estar en contra y a favor.