Cualquier conflicto social tiene carácter político. Sin embargo, cuando se mira la política de forma despectiva, la reacción es negarlo. Visto desde la política profesional pasa lo contrario, se tiende a descalificar los conflictos sociales catalogándolos de políticos. En ambos casos, negando o rechazando la realidad, que siempre es política, se cuestiona su validez como cauce reivindicativo. Para zanjar el dilema basta separar, diferenciar, la política social de la política partidista. Analicemos ambos aspectos desde la perspectiva del movimiento de pensionistas.
El conflicto surge en Barakaldo y Bilbao el 15 de enero de 2018, de forma espontánea y simultánea, mediante convocatoria anónima. Desde la primera concentración ante los respectivos ayuntamientos, el término política se convirtió en una expresión proscrita, junto a sindicatos y partidos. Hacer una referencia en ese sentido, salvo que fuese para descalificar o desautorizar, acarreaba un sonoro abucheo. Entretanto, desde la dirección de algunos partidos, se intentó desautorizar a quienes coordinan las movilizaciones, recordando su trayectoria política. Como si fuese normal llegar al activismo social sin pasado militante.
Se trata de un conflicto social permanente, año y medio de duración, sin fecha de caducidad. Con el paso del tiempo, unas y otras posiciones se han moderado. Ya se puede informar en las concentraciones de las gestiones de los partidos, incluso en positivo, aunque nadie se atreva a declarar que las iniciativas del movimiento de pensionistas son políticas. De la misma forma, los partidos que recelaban de ese fenómeno inusual e incontrolado, reconocen su capacidad de movilización, alaban la moderación, e incluso asumen parte de las reivindicaciones. A todo ello contribuye el arraigo popular logrado, e incluso cierta simpatía institucional, expresada con la concesión de galardones o dando protagonismo en actos festivos.
La política actúa en el organismo social como el colesterol en el cuerpo humano. Tienen dos componentes complementarios. Hay una política colectiva, transversal, basada en el interés general, necesaria para convivir en sociedad. La otra política, la partidista, está diseñada para encauzar las demandas ciudadanas de forma equilibrada. Pero tiene contraindicaciones. Si no se regula de forma adecuada, produce trastornos que pueden provocar atrofia muscular en el organismo social, e incluso infartos de extrema gravedad.
El mayor riesgo que acecha a cualquier iniciativa social es caer en la órbita de una estrategia política definida. En el colectivo de pensionistas se dan intentos de parasitación o utilización partidista, cuestionados desde el interior del propio movimiento. Un fenómeno tan plural, con equilibrio de fuerzas inestable, enraizado en la actividad política, requiere asumir códigos de conducta que no comprometan la continuidad del proyecto compartido. Aunque una de las consignas más coreadas ha sido: “Si nos roban las pensiones, lo pagarán en las elecciones”, en las campañas electorales se ha respetado la neutralidad, evitando posicionamientos públicos a favor o en contra de cualquier partido. Las intervenciones en uno u otro sentido eran a nivel personal, sin condicionar lo acordado.
El alcance político del movimiento de pensionistas constituye una constante del conflicto. Las movilizaciones se convocan en el contexto de acontecimientos destacados: negociación de los Presupuestos Generales del Estado y de comunidades autónomas, constitución de un nuevo gobierno o campañas electorales. Es una dinámica reivindicativa con resultados favorables. Actuando como grupo de presión, el colectivo de pensionistas se convierte en actor político, logrando modificar los PGE para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo durante dos años y evitando la entrada en vigor de medidas desfavorables. El eco de consignas como: “Rajoy, dimisión”, “Ni un día más de gobierno del PP”, retumbó en la moción de censura que llevó al cambio de gobierno. Si en vísperas de la constitución de un nuevo gobierno, en las concentraciones se sigue gritando: “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”, significa que el movimiento de pensionistas, sin dejar de ser apartidista reclama, a través de sus propias reivindicaciones, un reparto equitativo de la riqueza.
Las pensiones no se habrían convertido en problema político si el empleo no fuese el principal dilema de la política económica. Desde altas instancias del Estado se arremete contra las pensiones, en vez de hacer propuestas viables para acabar con la precarización del empleo, que merma los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación de Hacienda. Sus catastróficas declaraciones favorecen el “cuanto peor mejor”, lema de la banca y de las aseguradoras para intentar sustituir las pensiones públicas con planes privados. Sus productos financieros tienen para las rentas bajas un efecto comparable al de las hipotecas basura.
Hay Informes oficiales que inspiran titulares tenebrosos: “El Tribunal de Cuentas certifica que la Seguridad Social está en quiebra tras perder 100.000 millones desde 2010”. Al Gobierno le toca responder con mensajes tranquilizadores: “Magdalena Valerio niega que la Seguridad Social esté en quiebra”. Tiene razón la Ministra al aclarar que el Sistema Público de Pensiones (SPP) no tiene un “gasto excesivo” sino “déficit de ingresos”. Por tanto, el propio Tribunal de Cuentas reclama al Gobierno complementar las pensiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no con “préstamos” que agigantan la deuda. La situación resulta paradójica: en vez de establecer transferencias corrientes, el Gobierno concede créditos a fondo perdido al único estamento social que, además de crear riqueza y pagar impuestos, estando activo cotiza para su pensión de jubilación. El colmo del absurdo es que a Valerio tenga que justificar el desatino de las decisiones que toma en el Consejo de Ministras.
La institución estatal que más arremete contra las pensiones públicas es el Banco de España. Sus presidentes, denominados curiosamente gobernadores, en vez de reclamar a la banca los 67.000 millones que costó su rescate, se dedican a profetizar catástrofes si sube el SMI o no se recortan las pensiones. Las propuestas de tan preclaros prohombres en su defensa de las pensiones privadas rozan el esperpento: reclaman medidas urgentes ante la amenaza que supone el creciente peso electoral del colectivo de pensionistas, mientras aconsejan a los pensionistas con vivienda en propiedad contratar hipotecas inversas para poder ahorrar. La Ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha tenido que responder a las últimas ocurrencias del actual gobernador del Banco de España aclarando, entre otras cuestiones, que quien “no llega a fin de mes, no puede ahorrar”.
La Ministra Valerio posee las cualidades precisas para gestionar la Seguridad Social con acierto: conoce la institución y es firme defensora del Sistema Público de Pensiones. Asociaciones de pensionistas y sindicatos confiaron en que enmendaría de inmediato los entuertos provocados por su predecesora, Fátima Báñez. No ha ido más allá de las promesas, limitándose a aplicar los aspectos positivos de los acuerdos presupuestarios PP – PNV. Va dando largas a la toma de decisiones trascendentales, complicando su resolución, en vez de facilitarla.
Congelación encubierta de las pensiones mediante el denominado “factor de revalorización”. Se comprometió a suprimirlo, estableciendo el incremento de las pensiones en base al IPC. Ahora pretende reanimar el Pacto de Toledo para eludir la responsabilidad de eliminarlo. Es una medida urgente, en 2020 volvería a entrar en vigor el fatídico 0,25% que provocó el inicio de las movilizaciones. Sustitución progresiva de las pensiones públicas por privadas con el “factor de sostenibilidad”. Para evitar derogarlo propone renovar del Estatuto de los Trabajadores. Esa medida, paralizada por el acuerdo PP – PNV, comenzaría a aplicarse en 2023.
En las campañas electorales todos los partidos han hecho ofertas generosas a los pensionistas. Las de las tres derechas resultaban absurdas o no tenían credibilidad: “El Partido Popular garantizará todas las pensiones públicas y los recursos para seguir subiéndolas, con un aumento de entre un 2% y un 15% para las pensiones de las madres trabajadoras con hijos.” Las promesas de Pedro Sánchez bastarían para satisfacer las principales demandas y paralizar las movilizaciones, pero arrastran el estigma de las promesas incumplidas.
En las elecciones de 28 de abril, el voto de mayores de 60 años, que ya representa el 30% del electorado activo, basculó desde el PP hacia el PSOE, favoreciendo al triunfo de Sánchez. Se cumplía así, en parte, la consigna: “Si nos roban las pensiones, lo pagarán en las elecciones”. Es un voto que sigue favoreciendo al gobierno de turno y mantiene la preferencia por el bipartidismo. El creciente protagonismo electoral y político de las personas de mayor edad no se ha traducido en una mayor representación institucional, al contrario, en la anterior legislatura había 23 congresistas mayores de 65 años, en la actual 10. En cualquier caso, la victoria de Sánchez ha creado expectativas favorables a la mejora de las pensiones, lo cual afecta a la afluencia a las concentraciones, aunque la participación sigue siendo satisfactoria. Es un dato que resultará reversible, si Sánchez no cumple sus promesas y defrauda a quienes creen que los programas electorales son un contrato con la sociedad.
Las ofertas electorales del PSOE relacionadas con las pensiones tropiezan con su práctica institucional. Durante su breve mandato el Gobierno de Sánchez ha utilizado la fórmula del decreto – ley para impulsar (por exigencia de Unidas Podemos) mejoras de carácter laboral y social, como la subida del SMI a 900 euros, mientras que en materia de pensiones no hay ningún avance significativo. Se ha limitado a aplicar los acuerdos presupuestarios heredados del Gobierno de Rajoy. En el Parlamento Europeo el PSOE facilitó con su abstención el 4 de abril la aprobación del Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP). Es una decisión que favorece la implantación en el espacio comunitario de productos financieros vinculados a planes de pensiones privados, en beneficio de la banca y detrimento de las pensiones públicas.
Dos meses después de las elecciones generales del 28 de abril, Sánchez decide iniciar las consultas para formar un nuevo gobierno. El periodo de inactividad ha sido utilizado por los poderes en la sombra del Ibex 35, los grupos que controlan la prensa en papel y la patronal CEOE, para presionar al previsible futuro presidente, reclamando un gobierno PSOE - C’s, en oposición al acuerdo de izquierdas con Unidas Podemos. El equipo de Iglesias ha reaccionado a esa ofensiva promoviendo encuentros con diversos movimientos sociales y sindicatos, que se han mostrado favorables a la alternativa de un gobierno de progreso que refuerce las políticas sociales y medioambientales. En la ronda de consultas participó el 28 de junio la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE), que veía así reconocida su representatividad y capacidad de movilización en el conjunto del país. En la entrevista se constató la coincidencia en las reivindicaciones y la necesidad de controlar las actuaciones del futuro ejecutivo, mediante un gobierno de cooperación u otra experiencia similar.
Parece difícil conciliar las posiciones de PSOE y UP. Tal vez el PNV contribuya a desbloquear la situación al declarar que ve factible una coalición entre Sánchez e Iglesias, mientras reclama participar en la elaboración del programa de gobierno. Recordemos que el PNV es un partido pragmático, capaz de llegar a acuerdos con la derecha o la izquierda. Precisamente, la mejora de las pensiones de 2018 y 2019 fue el resultado de un compromiso presupuestario entre PP y PNV. Siendo el PNV un referente para el soberanismo catalán, no resulta aventurado imaginar que pueda prosperar el gobierno de cooperación, evitando la repetición en noviembre de unas elecciones que todos los partidos temen. Coincidiría con la ofensiva que el movimiento de pensionistas anuncia para el otoño.
Hablando del PNV y volviendo a las consignas. A veces los partidos interpretan de forma inadecuada los mensajes que se corean en las manifestaciones. “PNV, mójate”, por ejemplo, es valorado como una ofensa. Cabe otro significado: supone reconocer su legitimidad, su capacidad de interlocución. Carecería de lógica reclamar la intervención de un partido sin poder institucional. El sentido de la realidad que caracteriza al PNV debería llevarle a esa conclusión, en vez de interpretarlo como afrenta.
Transcurrido año y medio desde el inicio de las concentraciones de pensionistas, sin obtener respuesta satisfactoria a las principales demandas, hay motivos para advertir que se agota la paciencia. En 2018 y 2019 no se ha perdido poder adquisitivo, pero el futuro es tan incierto como al comienzo. El comportamiento reivindicativo del movimiento de pensionistas resulta tan modélico y civilizado, que obtiene galardones y es distinguido con pregones festivos. En Bilbao se ha convertido en atracción turística, como el museo Guggenheim. Tanto éxito plantea un dilema: si a quien gobierna no le inquietan las movilizaciones de pensionistas, no atenderá sus reivindicaciones. Por eso en las concentraciones se reclaman actuaciones más contundentes, que no tienen que ser ilegales. Dado que sus mayores fortalezas son la unidad y la acción multitudinaria, se pueden emprender iniciativas pacíficas que tengan repercusión social y preocupen a quienes gobiernan. A partir del 22 de julio, o en noviembre si hay que ir a las urnas, Pedro Sánchez volverá a tener la potestad de zanjar el conflicto. Entretanto, el movimiento de pensionistas seguirá actuando como grupo de presión y sujeto político.
*Luis Alejos es sociólogo y pensionista
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