El programa trazado por el ministro José Luis Escrivá para reducir los gastos de la Seguridad Social a costa de rebajar las futuras pensiones públicas encaja en la nueva normativa sobre planes privados de empleo. Este proyecto, asumido sin contratiempos en la comisión del Pacto de Toledo y aprobado con amplia mayoría en el Congreso, está despertando recelos y rechazos en su tramitación parlamentaria. Los grupos de izquierda que sostienen al Gobierno de coalición e incluso Unidas Podemos presentan enmiendas al proyecto. Era previsible, el modelo Escrivá es un sistema de capitalización inspirado en las EPSV de Euskadi, un producto financiero implantado sobre todo en las instituciones vascas, que compite con las pensiones públicas, agudiza las desigualdades sociales, favorece a las rentas salariales altas y otorga privilegios fiscales. Tal es así que el rechazo al proyecto Escrivá del sindicato nacionalista LAB le ha movido a reconsiderar hasta su implicación en las EPSV, tras 25 años apuntalándolas.
La nueva ley de planes de pensiones de empleo sustituirá a la que los regula desde el año 2002, habiendo sido creados en 1987 para desarrollar los instrumentos de previsión social complementaria previstos en la Constitución. La actual reforma responde a la 16ª recomendación de los acuerdos del Pacto de Toledo del 2020, orientada a impulsar fondos de pensiones de empleo a través de la negociación colectiva. Aunque el plan se establece en el marco empresarial, de entrada no lo asumen ni patronal ni sindicatos. Tampoco agrada a la banca y otras entidades financieras, dado que afecta a su negocio en los planes de pensiones individuales. Las reticencias irán desapareciendo cuando se calculen las ventajas que aporta el plan en materia de beneficios fiscales, deducciones en bases de cotización y participación en la gestión. El Gobierno está obligado a tener aprobado la reforma a finales de junio, a fin de cumplir con el plan de recuperación y recibir las siguientes ayudas del fondo europeo Nex Generation.
El objetivo declarado de la actual reforma es consolidar el segundo pilar de previsión social complementaria mediante planes de pensiones de empresa. A tal fin destacan estas medidas: 1) Crear un fondo público gestionado por el sector privado. 2) Generalizar su implantación mediante la negociación colectiva, sobre todo a nivel sectorial. 3) Acoger en el plan a trabajadores de rentas medias, bajas y autónomos. 4) Reducir los costes de gestión para que los planes sean más rentables. 5) Ofertar nuevos incentivos fiscales que los hagan más atractivos.
El punto débil del plan es evidente: encomendar al sector privado un proyecto público puede acabar en rescates como el de las autopistas radiales de Madrid o el “banco malo” Sareb en el sector inmobiliario. El hecho de que al frente del proyecto esté una entidad pública no evita los riesgos que conlleva la gestión privada, necesariamente con ánimo de lucro. Siendo un fondo de promoción pública debería tener gestión pública. Muchos negocios con la garantía del Estado acaban en socialización de pérdidas. Este plan, definido por el volumen de capitalización como superfondo y macrofondo, puede acabar en un rescate monumental, como el de la banca en la crisis del 2008, que superó los 77.000 millones de euros y según el Banco de España no se podrán recuperar 60.600 millones de euros.
Para prever los efectos de los futuros planes de pensiones de empresa basta compararlos con las EPSV de Euskadi, modelo de referencia reconocido por el propio ministro Escrivá. Este sistema sólo se ha logrado implantar en los tres niveles de las administración pública vasca, que agrupa a 143.000 trabajadores, y en grandes empresas de Gipuzkoa, en particular la Corporación Mondragon. La razón es obvia: para poder contratar cualquier plan de pensiones hay que disponer de un nivel de renta medio o alto. Con un empleo precario ni se puede ahorrar ni hay nada que desgravar.
Las ventajas fiscales serán de dos tipos: 1) Las empresas podrán dejar de cotizar a la Seguridad Social hasta 115 euros al mes por trabajador, lo cual supone un ahorro individual de cerca de 400 euros al año. 2) El personal vinculado al plan podrá reducir su cuota del IRPF hasta 8.500 euros, que sumados a un posible plan privado alcanzaría los 10.000 euros. La Agencia EFE decía el 24 de octubre de 2021: “según se detalla en el plan de recuperación, transformación y resiliencia remitido a Bruselas, se busca que en 2030 haya 13 millones de trabajadores partícipes en estos planes y que, a más largo plazo, cubran al 80 % de la población activa ocupada”. Haciendo cuentas, a razón de 400 euros por persona, esas cifras suponen que la Seguridad Social dejaría de ingresar 5.200 millones de euros al año. Son incentivos que merman los ingresos de la caja de la caja común de las pensiones y de las haciendas públicas, favoreciendo a quienes más ganan a costa del resto de la población asalariada.
El cuestionamiento del proyecto Escrivá lo inició el BNG con una enmienda a la totalidad respaldada por ERC, EH Bildu, Más País, la CUP y Compromís, contando el Gobierno con el apoyo de las derechas, del PNV a Vox. La enmienda a la totalidad del BNG se basaba en este tipo de argumentos: “Se materializará de forma perversa en los centros de trabajo, va a generar un trato muy discriminatorio entre trabajadores, y se convertirá en un nuevo elemento de discriminación brutal entre los trabajadores y trabajadoras que tengan una mala situación económica desde el punto de vista salarial. Hay un proceso en marcha de discriminación gravísimo dentro de la clase trabajadora”.
Las enmiendas planteadas por EH Bildu van en la línea de reconocer a las comunidades autónomas el derecho a crear sus propios fondos de pensiones de empleo de promoción pública. En ese aspecto indica: “También tendrán esta consideración los promovidos por los Gobiernos Autonómicos que así lo decidieran”. En el mismo sentido se pide que la normativa de los fondos se aplique “sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas en materia de mutualidades no integradas en la seguridad social...”. Aunque sin citarlas, se busca el encaje de las EPSV de Euskadi al referirse a “planes de pensiones de empleo preexistentes...”. De modo que EH Bildu asume la lógica del plan Escrivá, con la condición de que las CCAA puedan implantarlo en su propio territorio. Su visión coincide con la del PNV, aunque EH Bildu insiste en que los planes de pensiones de empleo “mantengan su naturaleza pública”.
Las enmiendas de ERC se ciñen a los argumentos y las demandas de las plataformas de pensionistas. Cita textual: “Esquerra Republicana considera innecesario y peligroso crear un fondo de empleo de promoción pública gestionado por el sector privado, en la medida que puede significar la vía de acceso a un sistema de pensiones mixto, donde las pensiones públicas de todos los trabajadores no resulten suficientes para tener acceso a una vejez digna. Las pensiones son un derecho de todos los trabajadores. Son un asunto público que debe ser gestionado por el poder público. La aprobación de este precepto supondría proporcionar a la banca y al capital financiero una puerta de entrada a la competencia directa del sector financiero privado con respecto al sistema público de la Seguridad Social. Esta propuesta supone un paso más en el camino de recorte de las pensiones públicas en favor de los planes de pensiones privados, aunque sean colectivos”.
El sector minoritario del Gobierno está atrapado en los versos de Machado: “ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio...” El plan Escrivá cuenta con el respaldo del Presidente Sánchez y de la Unión Europea, de modo que en ese aspecto UP tiene escaso margen de maniobra dentro del Gobierno. La diputada Meri Pita, hoy en el grupo mixto del Congreso, que formó parte de la comisión del Pacto de Toledo, no estaba conforme con el documento final aprobado el 19 de noviembre del 2020, aunque tuvo de aceptarlo sin presentar enmiendas. Por otro lado, ese proyecto distancia a UP del resto de las fuerzas de izquierda del Congreso que votaron a favor de la enmienda a la totalidad del BNG.
Mientras Yolanda Díaz imita a Hamlet con el ser o no ser de su candidatura a las próximas elecciones generales, UP se arriesga a perder espacio en el bloque de la izquierda. Aunque sin cuestionarlos, esta vez UP presenta enmiendas a los planes de pensiones de empleo en la línea de recortar sus ventajas fiscales, reclamando limitar deducciones y reducciones en la base imponible del IRPF. También plantea que la vinculación sea voluntaria, no obligatoria, así como aplicar medidas correctoras para evitar la brecha de género. La propuesta más efectiva que plantea UP no guarda relación directa con los planes de pensiones de empleo. Consiste en eliminar los topes máximos de cotización de las rentas más elevadas, con esta justificación: “Es necesario promover medidas dirigidas no a mermar, sino a garantizar la sostenibilidad financiera del primer pilar de nuestro sistema de previsión social, de manera que las rentas más altas contribuyan en mayor medida a su sostenimiento”.
El destope de las bases de cotización está en el debate abierto sobre el futuro de las pensiones. Sería una medida positiva que aportaría a las arcas de la Seguridad Social cerca de 6.000 millones de euros anuales. No es justo ni equitativo que Ana Botín, por ejemplo, cotice por 4.139 euros mensuales si cobra 1 millón de euros. Lo lógico sería contribuir por los ingresos reales. Cabe hablar de compensaciones, incrementando la pensión máxima de jubilación, que en 2022 es de 14 pagas de 2.819 euros. Esa cantidad resulta insignificante si se compara con los grandes sueldos, pero lo realmente preocupante es tener que sobrevivir con una pensión contributiva de viudedad de 547 euros.
El plan Escrivá está diseñado para expandir los fondos de pensiones de empresa a través de la negociación colectiva. Ese procedimiento convierte a la patronal y sindicatos mayoritarios en partícipes privilegiados e imprescindibles. El macrofondo está destinado a mover enormes recursos económicos, no cabe imaginar que las empresas lo frenen, aunque Hacienda se oponga a recuperar las deducciones en el impuesto de sociedades suprimidas el año 2013. Por ahora las centrales sindicales se muestran reticentes, pero carecería de sentido que rechazasen los fondos de empleo equivalentes a las EPSV del País Vasco que ellos asumen en los convenios colectivos. Es más, CCOO y UGT tienen sus propios planes y no dudan en legitimarlos. En el portal digital de UGT se llega a una conclusión desconcertante sobre el fondo de pensiones común de CCOO y UGT que gestiona el BBVA: “Es perfectamente compatible combinar objetivos financieros con valores sociales”.
La sorpresa la ha dado LAB con un imprevisible anuncio recogido por 'Noticias de Gipuzkoa' el 26 de marzo de 2022:
“Tras un debate interno con su militancia, el sindicato concluye que las EPSV se han desarrollado en una dirección contraria al modelo que defiende LAB. Los motivos son varios: 'Las prestaciones no son universales, no se basan en la solidaridad entre los trabajadores, aumentan las desigualdades, dan cobertura a una minoría, no han conseguido complementar el sistema de pensiones u ofrecer complementos dignos, las inversiones carecen generalmente de ambición y capacidad para influir de forma estratégica en el tejido económico propio y no han servido para dar pasos en la creación de un sistema público propio'”.
Por el momento ELA, CCOO y UGT se han limitado a expresar sorpresa, a la espera de que LAB precise el alcance de su decisión. Quien sí ha reaccionado a favor de la postura de LAB es la corriente abertzale del colectivo de pensionistas, hasta ahora reacia a cuestionar las EPSV, pese a ser una de las causas de la ruptura del movimiento de pensionistas a comienzos del 2020, dos años después de su creación.
Las pensiones públicas tienen dos problemas básicos interdependientes: pensiones mínimas y brecha de género. Los planes privados de empleo no contribuyen a resolverlos, al ser productos financieros que requieren capacidad de ahorro y están concebidos para favorecer a rentas salariales medias y altas, mientras las bajas son de subsistencia. Lo más grave es que esos planes de inversión cotizan menos de lo que deberían a la seguridad social y se benefician de desgravaciones fiscales. Por tanto, adolecen de faltan de equidad e intensifican las desigualdades sociales. Se trata de práctica económica extractiva contraria al bien común.
El ministro Escrivá cae en una flagrante contradicción al proclamar de forma reiterada la sostenibilidad de las pensiones públicas. El pasado 10 de abril declaraba en una entrevista publicada en La Razón: “A los pensionistas hay que decirles que hemos dado un paso decisivo para que su poder adquisitivo esté garantizado de forma permanente. Deben estar tranquilos”. El Sr. Escrivá es consciente de que el método válido para lograr pensiones dignas es tener buenos salarios. Lo recordaba el 27 de enero de 2022 en psoe.es: “No hay política que refuerce más nuestro sistema de pensiones que la creación de empleo y más si ese empleo es de calidad, como muestra el incremento de empleo indefinido”. De modo que no tiene sentido impulsar desde el Gobierno planes privados de empresa. El único motivo creíble para lanzar tales productos financieros, pensando siempre en los intereses de las rentas medias y altas, es una futura reducción drástica de las pensiones públicas que condenaría a las rentas bajas al empobrecimiento.
En ese escenario se sitúan algunas plataformas de pensionistas que pronostican la privatización de las pensiones públicas. Pudiera ocurrir que futuras reformas, tales como la ampliación del periodo de cotización de 25 a 30 años, continuasen reduciendo la tasa de reemplazo que ahora ronda al 72 % del último salario. Es probable que se intente ir hacia el modelo mixto público - privado que predomina en Europa. Ya lo tenemos en los otros dos pilares del estado de bienestar: sanidad y enseñanza. La privatización, sistema neoliberal que fracasó en Chile, es conflictiva, no resulta funcional. Aunque a largo plazo cabe imaginar nuevas reducciones de las pensiones públicas, sorprende que esa posibilidad preocupe más a algunos pensionistas de hoy que a la mayoría de los de mañana. Ese rechazo a los planes privados de empleo, más allá de sus nefastas consecuencias, sitúa en un segundo plano la demanda primordial: equiparar las pensiones mínimas con el SMI para suprimir las pensiones de miseria y reducir la brecha de género.
Si las aportaciones a planes de pensiones de empleo cotizasen a la Seguridad Social igual que el resto de retribuciones salariales y no tuviesen desgravaciones fiscales, serían un producto financiero más, como contratar un fondo de inversión. Por tanto, lo razonable es centrarse en abolir sus privilegios. Sin ventajas perderán cualquier atractivo. Todos los productos financieros son especulativos y provocan desigualdades sociales. Lo mismo pasa con los sueldos altos comparados con los bajos o el empleo público respecto al precario. La base de la justicia social es un sistema fiscal progresivo, favoreciendo a quien tiene menos recursos, no al revés.
Lo que más cabe destacar del proyecto de los fondos privados de empresa es que, al utilizar como modelo las EPSV vascas se constata, como acaba de hacer LAB tras un cuarto de siglo promoviéndolas, que lo uno y lo otro son ejemplos de inequidad social. Se trata pues de la reforma de un gobierno que se declara de izquierdas y va a necesitar el apoyo de las derechas para sacar adelante una de las iniciativas más significativas de la legislatura, pero que no pasará a la historia como una medida progresista.
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