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El medio ambiente, uno de los retos de la legislatura vasca

El lehendakari Iñigo Urkullu (c) posa junto a los consejeros del nuevo ejecutivo vasco frente al Palacio de Ajuria Enea en Vitoria. EFE/Adrián Ruiz de Hierro

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El pasado 1 de septiembre los partidos PNV-EAJ y el PSE-EE firmaban el “Acuerdo para la reactivación económica y el empleo desde la defensa de los servicios públicos y las políticas sociales sobre la base de más y mejor autogobierno”, que conforma el programa a llevar a cabo por parte de los citados partidos que forman el nuevo Gobierno vasco en la legislatura 2020-2024.

No es mi intención abordar en este artículo el acuerdo en toda su extensión, sino lo referente a los aspectos relacionados con el Medio Ambiente que considero más importantes, así como la integración de las competencias medioambientales en el Departamento de Desarrollo Económico que dirigirá Arantza Tapia.

Y comenzando por esto último, no me ha sorprendido del nuevo ejecutivo vasco la incorporación del área de Medio Ambiente al departamento de Desarrollo Económico que dirigirá Arantxa Tapia. En mi opinión, todo lo ocurrido en relación con la mayor catástrofe ambiental ocurrida en Euskadi, el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar -lo he abordado en varios artículos en este diario, el último publicado el pasado 22 de agosto- ha tenido que ver en este cambio. Pero, también puede ser a que el medio ambiente comienza a percibirse como un sector importante de reactivación económica, de empleo y resiliencia en la recuperación postcoronavirus. 

En cuanto a los contenidos programáticos del nuevo Gobierno vasco veo algunas cosas interesantes, al menos tal y como están formuladas, y otras no tanto. Entre las primeras, citaría, que entre los cuatro ejes vertebradores para la reconstrucción económica y social de Euskadi, uno de ellos, es el “compromiso con una Transición Energética y Climática Justa”. Esta cuestión me parece muy interesante, porque la crisis climática es el desafío ambiental más importante que tiene el planeta Tierra en la actualidad, y también a nivel de Euskadi. Pero, por otra parte, hay que mirar la letra pequeña.  

Así, yendo a aspectos más concretos de este compromiso, considero que contiene objetivos que son muy poco ambiciosos. Concretamente, en lo que respecta a la crisis climática, se plantea “alcanzar la neutralidad de las emisiones de gases de efectos invernadero en el horizonte de 2050, y no superar los dos grados centígrados de temperatura a finales del presente siglo, en conformidad con el Acuerdo de París”. En primer lugar, habría que decir que, para alcanzar la neutralidad climática en 2050, el Acuerdo de París plantea que hay que limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C para finales de este siglo con respecto a los niveles preindustriales. E, incluso el Parlamento Europeo reclamó hace unos días más ambición climática y ambiental, con unos objetivos de reducción de emisiones más exigentes, además, de eliminar gradualmente todos los subsidios directos e indirectos a los combustibles fósiles a más tardar el 31 de diciembre de 2025, lo que subraya la necesidad de continuar los esfuerzos para combatir la pobreza energética. 

También otra cuestión de interés que se plasma en el acuerdo del Gobierno vasco es el impulso de la economía circular, que supone pasar de la economía lineal “extraer, producir, usar y tirar” al “reducir, reutilizar y reciclar”, siendo la reducción y la reutilización las palabras clave. En este sentido, se plantea la “creación de un Centro de gestión pública, para la recogida selectiva, caracterización, almacenamiento y valorización de residuos industriales no peligrosos”. En mi opinión, esta infraestructura de residuos, puede ayudar a reducir el vertido de residuos, que actualmente supone cerca del 40% de los residuos industriales no peligrosos. No hay que olvidar que el vertido es la última de las opciones contempladas en la jerarquía europea de gestión de residuos, que pasa por este orden, por la reducción, reutilización, reciclaje, valorización energética o incineración, y vertido. 

En Euskadi, hacen falta menos vertederos, y ninguno como el de Zaldibar, y más infraestructuras de tratamiento de residuos. Por tanto, es obligado un cambio de rumbo en la política de gestión de los residuos, y en este sentido, es necesario caminar hacia la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje, y para ello es necesaria una Ley vasca de Residuos que camine hacia un territorio cero residuos. 

En el campo titulado “Infraestructuras y transporte sostenible”, se plantean compromisos para potenciar la movilidad de forma conectada con los principales retos que se deben de afrontar de forma global: la lucha contra el cambio climático y la apuesta por la innovación y la digitalización”, y se “apuesta por convertir el transporte por ferrocarril de personas y mercancías en uno de los ejes vertebradores de la movilidad sostenible en Euskadi”. Pero, ¿qué tren? Se trata, como se dice en el acuerdo programático del Gobierno vasco de culminar la construcción de la “Y vasca”. En mi opinión, debería de hacerse una profunda reflexión a la luz de los últimos informes publicados acerca del Tren de Alta Velocidad. Concretamente, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sentó –probablemente sin pretenderlo– las bases de lo que debería contemplar una nueva política ferroviaria. En dicho informe, la AIReF comienza recordando que “España cuenta con la segunda red de Alta Velocidad ferroviaria más extensa del mundo, con 3.086 km, por delante de la de cualquier otro país europeo y solo por detrás de la de China. Sin embargo, su intensidad de uso es la más baja de todos los países con una red significativa de alta velocidad".

Es decir, que España ha construido una red de Alta Velocidad más extensa que otros países, pero sin tener en cuenta criterios de movilidad, dado que “los beneficios sociales no compensan los costes fijos de la construcción y no ofrecen seguridad en escenarios sujetos a incertidumbre y en los que el coste de oportunidad de los fondos públicos es elevado”. En este contexto, la AIReF propone “evaluar las actuaciones pendientes de Alta Velocidad y priorizar los proyectos”.

Como puede comprobarse, todo lo referente a la movilidad, en la medida en que tiene una dimensión estratégica, necesita de un reseteo ambicioso que tenga en cuenta los criterios de sostenibilidad económica, social, ambiental. 

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16 de septiembre de 2020 - 12:10 h

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