Crean un protocolo contra las sentencias “que atacan el euskera”: “Defenderemos nuestros derechos lingüísticos”

Ante los “ataques” y la “ofensiva judicial” contra el euskera después de que varias sentencias hayan anulado medidas para priorizar su uso sobre el castellano y tras la masiva manifestación en la que 70.000 personas se concentraron el sábado en Bilbao para denunciar estos hechos, desde el Consejo de los Organismos Sociales del Euskera (Euskalgintzaren Kontseilua) han elaborado un protocolo de actuación. El objetivo de este documento, que han hecho público este martes en una rueda de prensa, es que la sociedad vasca pueda dar “una respuesta firme” a “futuras sentencias” y disponga de una “herramienta de organización ante los ataques de los derechos lingüísticos”.

El protocolo ha sido creado para ser utilizado en dos supuestos: el primero de ellos, cuando se recurra una norma, contratación pública o convocatoria de empleo en relación con el euskera y el segundo, cuando se tenga conocimiento de una sentencia contraria a los derechos lingüísticos o a la normalización del euskera. Cuando alguno de estos dos supuestos ocurra, el protocolo indica que se debe informar a Euskalgintzaren Kontseilua para que valore la situación y determine los pasos a seguir.

Si el “ataque” se ha producido en términos municipales, en primer lugar Euskalgintzaren Kontseilua se pondrá en contacto con las personas, agentes o colectivos afectadas, así como las asociaciones de euskera del lugar. A partir de ahí, cada uno de ellos realizará una labor. Mientras desde el Consejo de los Organismos Sociales del Euskera se pondrán en contacto con los sindicatos y partidos políticos para valorar si deciden realizar una denuncia conjunta, desde las asociaciones de euskera se pondrán en contacto con los sindicatos pero a nivel municipal para trabajar en una denuncia conjunta: “La prioridad es conseguir que denuncien los trabajadores relacionados con la sentencia para acabar con el argumento de la falsa dicotomía de los derechos de los trabajadores contra los derechos lingüísticos”, apunta el protocolo, cuestión que hace referencia a las denuncias de trabajadores de la administración pública descontentos con la necesidad de justificar un nivel concreto de la lengua vasca para el puesto de trabajo que ocupan o quieren ocupar. Argumento que respaldan partidos como el PSE-EE o Podemos, que no acudieron a la movilización del sábado al entender que no se está produciendo ningún tipo de ataque contra el euskera por parte de los jueces.

El protocolo prosigue indicando que se deberá contactar también con los partidos políticos a nivel municipal para trabajar en una posible denuncia conjunta y proponer la realización de un recurso de la sentencia. Esta última acción la podrían realizar tanto desde Euskalgintzaren Kontseilua como las propias asociaciones de euskera, lo dejan a criterio de los responsables. “Entre los agentes sociales y políticos que quieran denunciar el ataque tiene que haber una respuesta consensuada. Ya sea una declaración, una rueda de prensa, una concentración, una manifestación u otro tipo de acción. A pesar de ello, puede que los distintos agentes tengan un nivel de compromiso distinto, en esos casos no se obligará a nadie a ir más allá de lo que esté preparado”, sostiene el documento.

En el caso de ataques más generales contra las administraciones, el protocolo contempla, por un lado, una respuesta conjunta entre trabajadores afectados y sindicatos, por el otro, una declaración por parte de los partidos políticos e instituciones y, si procede, la presentación de un recurso contra la sentencia. “El objetivo del protocolo es organizarse y defendernos contra los ataques a los derechos lingüísticos. Se trata de proporcionar una herramienta para la defensa de la lengua vasca y de los derechos lingüísticos”, explica el protocolo, que busca la colaboración entre distintos agentes a nivel local, provincial y autonómico para determinar cuáles son los lugares más afectados y fortalecer la presencia y la defensa del euskera en ellos.

Más allá del ámbito laboral, algunas de estas sentencias sobre el euskera son las del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que siguiendo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Municipal de 2015 ha anulado en dos resoluciones artículos de decretos para priorizar el euskera en las instituciones locales recurridos por Vox y por el PP. Estas decisiones siguen a otras de los últimos meses que han acotado la exigencia del euskera en oposiciones, por ejemplo, o que incluso vetaron que una familia pusiera 'Hazia' a su bebé al asegurar que era un equivalente a 'semen'.