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Nace en Euskadi una red de mujeres que lucha contra el uso del síndrome de alienación parental: "Es maltrato institucional"

Presentación de la Red de Resistencia contra el síndrome de alienación parental en Bilbao

En 1985, el médico estadounidense Richard Gardner acuñó el síndrome de alienación parental (SAP) para describir una situación en la que, supuestamente, un progenitor, normalmente la madre, aliena a su hijo contra el padre, alegando en la mayoría de los casos falsas acusaciones de agresión sexual o malos tratos. Este síndrome ha pasado por una supuesta dolencia no avalada por la comunidad científica ni por el Consejo General del Poder Judicial.

Unanimidad política en Bizkaia contra el uso del síndrome de alienación parental en los servicios de infancia

Unanimidad política en Bizkaia contra el uso del síndrome de alienación parental en los servicios de infancia

Para acabar con el hecho de que a pesar de que no se recomiende se siga aplicando este síndrome –sobre todo para quitar custodias de menores a sus madres y otorgárselas a los padres–, una veintena de madres afectadas han decidido unirse y junto con 62 asociaciones, partidos políticos, sindicatos y personas a título individual han creado la primera Red de Resistencia contra el SAP en Euskadi. Desde que crearon la red el pasado octubre, el goteo de mujeres afectadas ha sido constante y la percepción de esta asociación es que se trata de un fenómeno que va en aumento desde la primera vez que se aplicó en España, en el año 2002.

De esta manera, las fundadoras del colectivo han presentado un manifiesto en el que critican la labor en este tipo de casos de los jueces, los equipos psicosociales, los servicios sociales de base y los servicios de infancia argumentando que "todas las actuaciones –de estos servicios– obedecen al mismo patrón: no se escucha a los niños y se culpabiliza a las madres".

Tanto la red como el manifiesto han surgido debido a que en Bizkaia, dos casos de madres han llegado a impactar profundamente en la sociedad vasca. Uno de ellos es el de Karen Gutiérrez, una madre que lleva desde julio de 2018 sin ver prácticamente a su hijo –que por aquel entonces tenía 5 años– debido a que una sentencia de la Audiencia de Bizkaia le quitó la custodia del menor y se la dió a su padre, a pesar de que nunca había convivido con él y de que la Fiscalía se oponía. En este caso, los informes del equipo psicosocial del Juzgado y del colegio del niño también apoyaban la custodia para la madre y así lo había determinado una primera sentencia del juzgado de primera instancia número 5 de Barakaldo el pasado noviembre.

Sin embargo, la Audiencia de Bizkaia revocó esta decisión en una sentencia que recoge expresiones propias del llamado síndrome de alienación parental, empleando términos como "instrumentalización" u "obstaculización" refiriéndose a la madre, respecto a la relación de su hijo con su padre. La defensa de Karen interpuso en su momento un recurso de casación en el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, la única vía que les quedaba.

El otro caso es el de Irune Costumero, una madre que denunció que la Diputación de Bizkaia le había retirado la custodia de su hija de cinco años utilizando este mismo argumento y actuando sin una autorización judicial. Gracias a la demanda de Irune, la Audiencia Provincial de Bizkaia imputó a cuatro responsables forales, entre ellos el actual diputado vizcaíno de Acción Social, Sergio Murillo, por un delito de prevaricación por actuar sin autorización judicial y arrebatar a una menor de su madre. La Diputación defiende que la decisión venía avalada por hasta cinco informes técnicos de diferentes instancias, pero la Audiencia Provincial mantiene abierta la causa a la espera del juicio.

Unanimidad política contra el uso del SAP

El caso de Irene también es uno de los más significativos: a partir de él y de la creación de la Red de Resistencia contra el SAP, todos los partidos políticos de las Juntas Generales de Bizkaia (incluidos el PNV y el PSE, que gobiernan en la Diputación) han alcanzado un acuerdo unánime para adoptar medidas para que el servicio de Infancia dirigido por la Diputación vizcaína no utilice el Síndrome de Alienación Parental. La propuesta, que surgió de EH Bildu, ha sido aprobada por todos los partidos de la cámara, aunque el Partido Popular no ha firmado el acuerdo.

De esta manera, cada vez que el Servicio de Infancia detecte un caso de desprotección por parte de alguno de los progenitores, la Diputación se comprometerá a analizar dicha situación y estudiar el efecto que ha tenido sobre ellas uno de los indicativos utilizados para justificar el SAP, el de la instrumentalización en conflictos entre progenitores. Esos resultados serán enviados al Gobierno vasco para que revise la herramienta y en especial ese indicador. Además, a partir de ahora, el personal del Servicio de Infancia recibirá una formación específica en el ámbito del abuso sexual infantil y la violencia machista y un proceso de reflexión sobre la respuesta que se da en Euskadi a los abusos sexuales a menores.

Según Carmen Sanz, una de las fundadoras de la red, este acuerdo es "un gran paso", pero "sigue siendo insuficiente porque son muchos agentes los que intervienen en ese maltrato institucional". Sanz explica a eldiario.es que es significativo que un parlamento, aunque sea uno provincial, tome conciencia y que por unanimidad de sus partidos políticos apele, en este caso, al Gobierno vasco. Sin embargo, para que se realice este estudio y se eleven las conclusiones al Gobierno vasco, aún disponen de seis meses. "Estamos hablando de un año o más para que a nivel de la comunidad autónoma se ponga en marcha", lamenta Sanz.

A pesar de ello, desde la red continuarán con su labor de "visibilizar y sacar a la opinión pública" esa problemática a través de manifestaciones frente a la Diputación y los juzgados, así como de plataformas coordinadas con el resto del Estado para que "de aquí a poco tiempo" puedan llevarse campañas a nivel estatal, que "tendrían un mayor eco", y tratar de acabar, así, "con el sufrimiento que hay detrás, que es muchísimo y se está haciendo un daño terrible".

"No basta con decir que no se recomienda su uso ni tampoco con elaborar guías de criterios de actuación judicial frente a la violencia machista", denuncia este colectivo, puesto que, para ellas, la labor que se debe realizar desde las instituciones es la de prevención y educación al personal para "lograr que su uso –el del SAP– no sea ajustado a derecho". En este punto, critican que la Justicia emplee eufemismos como "interferencia marental", "instrumentalización materna" u "obstaculización", cuando en realidad lo que están aplicando es "ese falso" síndrome. De esta forma, aseguran que el trabajo del nuevo colectivo no se limitará a la lectura del manifiesto fundacional, sino que se organizarán actividades de denuncia "continuadas en el tiempo".

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Publicado el
15 de febrero de 2020 - 20:44 h

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