Retrasos de hasta tres meses en las citas presenciales para tramitar la apertura de un negocio en Madrid

José Luis Martínez-Almeida prometió el día que se presentó oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Madrid que convertiría la capital en un enclave libre de impuestos para atraer a inversores y emprendedores. Hace apenas un mes, el primer edil proclamó en una conferencia en Murcia que había que “crear oportunidades para facilitar el emprendimiento” al talento “que llega y dice que quiere quedarse”. Tanto él como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presumen de haber creado el clima necesario para los emprendedores sin burocracia y aligerando los permisos. En algunos casos las administraciones madrileñas han sustituido los trámites y las licencias por una declaración responsable que deben firmar los empresarios. Con eso vale para echar a andar un negocio. Esa es la teoría.

La práctica es que las personas que quieren montar una empresa, emprender una actividad económica en la ciudad, se están dando de bruces contra la lentitud de la administración local en un Madrid que empieza a salir de la pandemia.

Por ejemplo, David. Su objetivo es alquilar un local para montar un espacio de coworking. En el Ayuntamiento le dieron la primera cita presencial en la Agencia de Actividades para octubre. La solicitó a finales de julio. “Yo no podía esperar ese tiempo, así que acudí a una agencia privada para resolver las dudas que tenía con las licencias y los procedimientos”, explica en conversación con elDiario.es. Este organismo autónomo “tramita los procedimientos necesarios para el inicio o modificación de toda la actividad económica que se desarrolle en la ciudad”, según la web del Ayuntamiento.

El área de Urbanismo, gestionada por Ciudadanos, admite que “se han dado circunstancias que han podido generar alguna demora en determinados casos, pero no es lo normal”. Una portavoz relaciona estos retrasos con que los demandantes preguntan a la Agencia cuando su consulta –por ejemplo, la ampliación de una terraza– es competencia de los distritos. En el Ayuntamiento aseguran que las consultas telefónicas y telemáticas se resuelven en “24 o 48 horas” y que las atenciones han aumentado de 14 a 18 diarias. Sin embargo, la espera de David, tras contactar por correo, se prolongó una semana. Él ya había gestionado la consulta por su cuenta, pagándosela. En pleno agosto las citas presenciales se ofrecen para mediados de septiembre.

Los sindicatos confirman que el grueso de los empleados del servicio municipal está teletrabajando. “Eso dificulta la atención a la ciudadanía”, señalan desde Comisiones Obreras. A lo que se suma el periodo vacacional que reduce al mínimo las plantillas en muchos sectores. La Agencia de Actividades solo atiende presencialmente (y con cita previa) los lunes, los miércoles y los viernes.

“Cuando te toca hacerlo a ti te encuentras todo lo contrario al discurso que mantiene el Gobierno de Madrid sobre el emprendimiento”, lamenta David, que considera que la presencialidad en este servicio debía ser “esencial” porque “no están las cosas para retrasar cuestiones relacionadas con emprender negocios”. Él acudió primero a la Junta de Distrito –la Centro, en este caso– y allí lo derivaron a la Agencia de Actividades. “No me contestaban al teléfono, así que envié un correo al que me respondieron una semana después cuando ya había consultado por otro lado, dándolo por perdido”, precisa.

Tanto PP como Ciudadanos tomaron desde su llegada al Palacio de Cibeles la desregulación como una de las puntas de lanza del cambio de color político del Gobierno municipal. El delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, prometió que los trámites administrativos no serían nunca más “la piedra en el zapato” y ha implementado cambios, en línea con el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, para minimizar los controles previos a la hora de conceder una licencia urbanística como vía para acelerar los trámites. Si cumple o no la normativa se revisará a fondo a posteriori, de acuerdo con la modificación de la Ley del Suelo promovida por el equipo de Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno local también ha aprobado un plan de simplificación normativa enfocado hacia el mismo objetivo.

Con el estallido de la pandemia, ambos partidos hicieron suyo el lema de conjugar “economía y salud” para evitar el cierre de la hostelería, como sucedió en otras comunidades autónomas, y el Ayuntamiento ha dado miles de licencias para extender las terrazas. También se les bonificó la tasa por ocupar el espacio público a los propietarios y se redujo el IBI a los sectores más afectados por la pandemia (también el comercio). Las ayudas a autónomos, sin embargo, se presupuestaron en tres millones de euros, una cantidad inferior a poblaciones mucho menores como Pozuelo de Alarcón. Las ayudas al ocio nocturno, el sector que ha sufrido el cierre más prolongado, tampoco han dado el resultado esperado y la convocatoria ha tenido que extenderse este verano con criterios más amplios.