Los 22 inspectores de viviendas de uso turístico renuevan su contrato
La Agencia de Actividades continuará contando en su plantilla con los 22 funcionarios interinos de refuerzo que se incorporaron el pasado mes de julio para combatir a las viviendas de uso turístico piratas de la ciudad a base de inspecciones y la tramitación de los expedientes.
Una medida que contará con una inversión de 883.735 euros y que servirá para asumir los gastos de personal de los 10 arquitectos superiores, 4 técnicos de gestión y 8 auxiliares administrativos que dan apoyo al equipo humano encargado de visitar las viviendas y apartamentos turísticos para comprobar si cumplen con las normas y de realizar las tareas administrativas para sancionar a quienes se salten las reglas.
Estos empleados públicos interinos, que tendrán un contrato inicial de un año prorrogable por un periodo máximo de tres años, renuevan su contrato solo un día después de la aprobación de la normativa municipal que regula las viviendas de uso turístico en la ciudad.
Su trabajo ha permitido inspeccionar, entre agosto de 2018 y febrero de 2019, 11.936 viviendas. Inspecciones en las que se ha tramitado la apertura de 1.729 expedientes disciplinarios y, hasta la fecha, se han emitido 502 órdenes de cese de actividad.
El delegado de Economía y Hacienda y concejal de Centro, Jorge García Castaño, ha señalado que es complicado facilitar cifras sobre los pisos turísticos que hay en la ciudad y que el registro de la Comunidad de Madrid no parece que de un dato serio de los que hay, porque muchos no están.
Por su parte Rita Maestre ha señalado que la referencia de los 2.300-2.500 pisos turísticos que tiene registrados la Comunidad de Madrid se corresponden con los que tienen licencia de apartamentos turísticos y que en realidad hay “bastantes más” que no disponen de ella pero sí que ejercen en la práctica como viviendas de uso turístico.
En cuanto a las críticas del presidente regional, Ángel Garrido, sobre la regulación de las viviendas de uso turístico aprobado ayer en el Pleno, Maestre se ha mostrado sorprendida por la actitud del gobierno regional que “no ha hecho lo que tenía que hacer, que es actuar”.
Asimismo ha precisado que el gobierno municipal lo que ha hecho es intervenir para acabar con ese limbo legal de las viviendas de uso turístico “desde sus competencias urbanísticas” para proteger los usos en la ciudad de Madrid.
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