La denuncia de Más Madrid contra la tasa de basuras de Almeida alerta de “errores” y cree que “está mal concebida”

La demanda de Más Madrid contra la tasa de basuras instigada por el alcalde ha llegado a los tribunales. El grupo municipal y principal partido en la oposición, que acaba de formalizar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la petición para anular una de las normas recientes más polémicas de José Luis Martínez-Almeida, esgrime entre sus razones un “error” de cálculo desde el inicio. En su denuncia, la formación apunta a que el impuesto, por el que los residentes pagarán unos 141 euros anuales de media por la limpieza de las calles, es injusto. Y “está mal concebido” a nivel legal. Los de Rita Maestre alegan que este tributo, aprobado mediante una ordenanza fiscal, debió haberse tramitado por la vía general. La diferencia entre ambas opciones radica, principalmente, en su ámbito de aplicación.

“La ordenanza no contempla bonificaciones para unidades familiares ni para personas con bajos ingresos o en riesgo de exclusión social, ni para los que reciclan correctamente”, reitera en su denuncia Más Madrid, y añade que “tampoco diferencia tipos de vivienda, ni diferencia ente tipos de basura o participación en puntos limpios o incluye reducciones por compostaje doméstico y no diferencia la participación en puntos limpios”. Asimismo aprecian una “doble imposición del IBI”, el Impuesto de Bienes Inmuebles, como consencuencia del diseño de la tasa: “Usan la misma base imponible para un concepto tributario diferente”.

En febrero de este año, la formación ya adelantó que irían a los tribunales para anular la tasa de basuras que había aprobado el Ayuntamiento, con mayoría absoluta del PP. Ahora, la demanda se formaliza y deberá ser examinada por el TSJM. La portavoz del grupo, Maestre, es clara. “La medida está mal concebida desde su origen. No estamos ante una tasa sino ante una prestación patrimonial de carácter público no tributaria: el consistorio no presta directamente este servicio, sino mediante una concesión”, esgrime.

“La legislación vigente (Ley de Haciendas Locales) establece que, cuando un servicio público se presta mediante gestión indirecta, la contraprestación debe configurarse como prestación patrimonial no tributaria, no como tasa”, ha defendido en su exposición de motivos, asegurando que el tributo municipal “no cumple la normativa sobre responsabilidad ampliada”, y además imputa a los residentes los residuos que generan las más de 15.000 viviendas de uso turístico (VUT) ilegales“, que recientemente rastreó el Ministerio de Consumo. También considera incorrecta la imputación del coste del canon de poda, que alcanzarían los ”623.426 euros“, o en los costes de recogida de muebles, ”sobrevalorados en 16,3 millones de euros“.

Más Madrid cuestiona que, en la fase de información pública no se pusieran a disposición de la ciudadanía los informes que determinan los residuos generados por la actividad económica. “La ordenanza tiene una finalidad principalmente recaudatoria y carece de los incentivos para la reducción y mejor separación de residuos que exige la normativa europea”, señala Maestre. El área de Hacienda imputa a este cobro un 80% por el valor catastral de la vivienda y un 20% según la generación de residuos por barrio, lo que llevará a pagar unos recibos medios de entre 47 y 574 euros, según cálculos del partido. Desde el grupo municipal aseguran que la fórmula penaliza a los barrios más desfavorecidos, como Villa de Vallecas y Villaverde, que abonrán más pese a recibir menos servicios de limpieza.

La líder de la oposición en el Consistorio ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por “cargar contra los ciudadanos e ignorar sus responsabilidades con los grandes productores de residuos”, concluyendo que “Madrid merece una gestión responsable, justa y transparente” y atribuyendo al alcalde la intención de que “sean los madrileños de a pie los que paguen la factura”. “Espero que los tribunales paren este despropósito. Vamos a seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía frente a este abuso recaudatorio que solo busca llenar las arcas municipales a costa de cargar contra las familias”.