El Tercer Sector pide que la Constitución reconozca los derechos económicos como fundamentales

La primera de las medidas propuestas a los partidos políticos por la Plataforma del Tercer Sector, con el ánimo de que sean recogidas por estos de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre, “es una reforma constitucional que incluye, entre otros aspectos, el establecimiento de un Fondo contra la Pobreza de 1.000 millones de euros anuales y la sanidad universal mediante la derogación del RD Ley 16/2012”.

Así lo ha explicado Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, durante el acto que ha tenido lugar este lunes en el edificio de la ONCE, en el murciano barrio de San Andrés. A su juicio, “es necesario que se reconozca el papel del Tercer Sector y se garantice el equilibrio en la atención social”. Poyato cree que “las prestaciones sociales tienen que ser equitativas” en todo el país, y por eso, la Plataforma que representa ha pedido la reforma del Título Octavo de la Constitución Española de 1978 para el establecimiento de “competencias de naturaleza compartida” en materia de asistencia social de Estado y Comunidades Autónomas.

Poyato ha precisado que la Plataforma no pretende con ello la recentralización de competencias “ni definir la articulación política del país”, sino establecer un sistema en que el Estado “pueda compensar los desequilibrios económicos” entre comunidades en la atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. “No queremos quitar competencias a las Comunidades Autónomas; queremos sumar”, ha insistido.

Desde la Plataforma del Tercer Sector se ha argumentado que la reforma permitiría “exigir un mínimo de competencias estatales en materia social que garanticen la solidaridad y el equilibrio territorial”: “Una persona pobre es una persona pobre en cualquier sitio, y la obligación de atenderla debe ser igual independientemente de donde resida”, ha justificado Luciano Poyato.

En la misma línea que la anterior, otra de las propuestas que aspiran a ser reconocidas en los programas de los partidos, para después a ser llevadas a la práctica, es el establecimiento de una Ley Estatal de Rentas Mínimas. Según Poyato, “hay muchas diferencias entre Comunidades Autónomas en lo que refiere al ingreso mínimo de inserción, y se debe equilibrar las rentas mínimas de este país”.

Dentro de los aspectos que la Plataforma del Tercer Sector quiere que se modifiquen en la Constitución, es de convertir los derechos sociales, culturales y económicos en derechos fundamentales: “Este grupo de derechos, derivados de la legislación internacional -Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y normativas específicas de la Organización Internacional del Trabajo o de la UNESCO-, incluye el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, o al trabajo”, ha argumentado.

“Aunque algunos de ellos, como el derecho a la educación -al trabajo o a la libertad de enseñanza y cátedra- están reconocidos en la Constitución Española, el grupo completo no está incluido de manera expresa, y por tanto en su totalidad, entre los derechos fundamentales”, ha justificado la Plataforma, y así, “el reconocimiento de los derechos sociales, culturales y económicos como fundamentales” pretende que “el respaldo constitucional los convierta en subjetivos, vinculantes y exigibles”, y que “las cuestiones relacionadas a legislar tengan una argumentación de suficiente peso”.

La propuesta de reforma incluye además “el reconocimiento expreso del papel de la sociedad civil organizada, a través del Tercer Sector, como interlocutor necesario que garantice el diálogo para tener un papel de complementariedad en el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Plan de Lucha contra la Pobreza

La Plataforma ha hecho una radiografía del estado social en el que se encuentra la Región de Murcia: “Existen, según la última Encuesta de Población Activa y el 5º Informe de 'El Estado de la Pobreza' de EAPN, un total de 658.601 personas en riesgo de exclusión social, lo que supone el 44,9% de la población; de ellas, algo más de 125.000 se encuentran en pobreza y exclusión severa”.

“En situaciones de extrema urgencia hay que tomar medidas extraordinarias”, ha asegurado Poyato, para quien es necesaria la creación de “un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza que comprometa una partida económica de nuevo cuño, de”mil millones de euros anuales“.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector ha recordado que todavía se está a tiempo para destinar una parte de los fondos europeos a la inversión en la exclusión, pues aparte del fomento de obras públicas e infraestructuras, esos fondos permiten que haya un porcentaje destinado a los más vulnerables.

La Plataforma ha propuesto además la suscripción de un Pacto contra la Pobreza “para reducir en un 15% el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión, y un 25% de la tasa de pobreza infantil, y la adopción de una Estrategia Estatal de Inclusión Laboral, orientado al fomento de la empleabilidad de todas las clases sociales”, ya que habitualmente “los planes de empleo suelen fracasar en lo que respecta a las personas en riesgo exclusión”.

Según Poyato, “la producción y la creación de empleo no es sinónimo de la salida de la exclusión y la pobreza”, sino que “depende de las políticas que se adopten”, por lo que “si no se desarrollan políticas en materia de acceso a la educación, de garantía de rentas mínimas, o si no hay plan de empleabilidad dirigido a las clases excluidas”, se seguirá “generando más excluidos que se quedan fuera del sistema educativo y laboral”.

El decálogo de la Plataforma del Tercer Sector incluye destinar los fondos de la futura Tasa de Transacciones Financieras aprobada recientemente por 11 países europeos -y que se estima para España en unos 5.000 millones de euros anuales- a fines sociales; la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 que restringe el acceso universal a la sanidad; el establecimiento de un marco estatal de apoyos y ayudas al tercer sector -tras la reciente aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la reforma de la de Voluntariado- en los dos primeros años de la nueva legislatura; y el reconocimiento e inclusión de las entidades del Tercer Sector en el Comité Económico y Social.

Durante el acto de presentación del decálogo, también han intervenido representantes de los diversos partidos políticos interesados en dar respuesta a las peticiones de la Plataforma del Tercer Sector. Según esta organización, los siguientes miembros de diferentes partidos mostraron su disposición a cumplir con el decálogo: Felipe Cervantes (UPyD), Javier Sánchez Serna (Podemos), María Dolores Bolarín (PP), Presen López (PSOE), Miguel Garaulet (Ciudadanos) y José Daniel Espejo (Unidad Popular-IU Verdes).