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"Dejamos en casa de De Miguel un montón de documentación de otras empresas que luego sí aparecieron en la investigación"

Cinco agentes de la Ertzaintza, entre ellos el jefe del operativo con el que se inició el 'caso De Miguel', defienden su actuación investigadora. Como ejemplo, subrayan que en un primer momento sólo buscaban datos de Kataia Consulting y que no se incautaron de material de otras sociedades controladas por el ex 'número dos' del PNV de Álava que luego sí se ha demostrado relevante

De Miguel y Gonzalo Susaeta, a su llegada a los juzgados

De Miguel y Gonzalo Susaeta, a su llegada a los juzgados NURIA GONZÁLEZ

La fase de cuestiones previas ha concluido y el tribunal ha desechado suspender el juicio del 'caso De Miguel' por supuestas irregularidades en la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza bajo la coordinación del juez Roberto Ramos. Pero en la reanudación de este macroproceso por corrupción, en el que están imputados 26 personas entre ellas tres exdirigentes del PNV de Álava como Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, las defensas no se dan por vencidas y han continuado en su línea de tratar de cuestionar el trabajo policial. En las próximas semanas, 38 agentes comparecerán en total en esta primera parte de la fase de comparecencias del juicio. Cinco de ellos han depuesto ya este lunes. Y todos ellos, incluido el jefe del operativo del 17 de marzo de 2010 en el que se detuvo a De Miguel, Tellería, Ochandiano y a otras cinco personas, han insistido en que se siguió escrupulosamente un auto del juez Ramos en el que se ordenaban una serie de registros en busca de pruebas relacionadas con De Miguel y con la única empresa con la que se le vinculaba entonces, Kataia Consulting.

De hecho, el ertzaina con código profesional 15008 -adscrito a la sección de delitos económicos- ha dejado caer que en aquellos registros se localizaron muchas más pruebas sobre otras operaciones que luego se incorporaron a la investigación y que no fueron intervenidas al no contar con la preceptiva autorización judicial. "En la casa de dejó un montón de documentación de otras empresas que luego sí aparecieron pero que no tenían nada que ver en aquel primer momento [con Kataia Consulting]", ha explicado el funcionario para demostrar, ante la batería de preguntas de Gonzalo Susaeta, letrado de De Miguel, que la Ertzaintza actuó de un modo exquisito y garantista aquel largo 17 de marzo de 2010 que se inició a las cuatro de la madrugada con un 'briefing' en sede policial y se cerró bien entrada la noche siguiente con la puesta en libertad con cargos de los ocho primeros detenidos. De hecho, los imputados ni siquiera fueron llevados a comisaría, como tampoco sus objetos: pasaron a disposición judicial para agilizar el procedimiento y que estuvieran privados de libertad el menor tiempo posible.

En una vista en la que apenas cuatro de los 26 imputados se han dejado ver -María Justina Angulo, Xabier Sánchez Robles, Iosu Arruti y Prudencio Hierro-, el peso de los interrogatorios lo ha llevado casi en exclusiva el letrado de De Miguel. Después de que la Fiscalía confirmara con los testigos su participación en las diferentes detenciones y registros y las funciones concretas de cada uno de los ertzainas, Susaeta ha tratado de buscar errores formales e incongruencias en el trabajo policial. Ha preguntado  si las bolsas en las que se guardaron las pruebas estaban bien selladas, por qué no todos los ertzainas actuantes firmaban el atestado -le han explicado que sólo el instructor y el secretario han de hacerlo- e incluso si uno de los expertos en delitos económicos que participó en el caso desde el origen era "auditor". Con los agentes de esta unidad se antojan nuevas batallas porque comparecerán en más ocasiones para explicar el contenido de sus informes, que señalan que De Miguel controlaba una red de empresas que recaudaban comisiones ilegales.

Una de las batallas de Susaeta era demostrar que la Ertzaintza se llevó los ordenadores y demás dispositivos electrónicos del domicilio de De Miguel y de su esposa y de la "sede formal" de Kataia Consulting -así se ha referido al 'txoko' en el que se ocultaba la presunta empresa pantalla para el cobro de comisiones- sin una autorización judicial expresa. Las pruebas contenidas en ellos pueden resultar determinantes para una condena y Susaeta busca probar que estaban contaminadas.

En efecto, la palabra "ordenadores" no consta en el auto del 16 de marzo de 2010 que dio origen a la operación anticorrupción, pero los ertzainas han subrayado que tenían mandato de buscar pruebas sobre la mercantil controlada por De Miguel y que ello habilita a ocupar todo tipo de soportes. Tampoco figuraba la palabra "papel" y nadie ha cuestionado en el juicio que se decomisaran cuadernos o libretas de ahorro, entre otros efectos.

"En definitiva, todo lo que se utilizara para contabilidad. Ordenadores, 'pen drives', … Cualquier medio. [El juez] Habla de cualquier medio que se utilice", ha explicado el agente D33L2, mientras que el jefe del operativo ha añadido: "En el propio auto el juez instructor hace referencia a todo aquello que sea necesario [para investigar a Kataia Consulting], de forma expresa hace referencia a ello". Este alto funcionario, que ha retado a Susaeta a leer en el juicio el textual del auto del juez para que no quedara la duda, ha recordado también que el secretario judicial acompañó a los policías en los registros, como también un abogado de los detenidos, y ha señalado que ninguno de ellos advirtieron que la Ertzaintza se hubiese extralimitado.

A vueltas con la reforma de la casa de Górliz

En el análisis del material informático incautado a Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava y exdiputado foral hasta su imputación, aparecieron datos de una factura sobre la reforma de la vivienda del político y de su esposa en Gorliz (Bizkaia). A partir de este indicio, la Ertzaintza localizó al autor de las obras, Iñigo Aparicio Vivanco, y éste explicó primero en sede policial y luego ante el juez Roberto Ramos que los trabajos para De Miguel los había abonado un empresario, en este caso Prudencio Hierro, el cual se había beneficiado de contratos públicos. Inicialmente era otro constructor, el igualmente imputado Jon Iñaki Echaburu, el que se había comprometido a pagarle por esa reforma. Incluso tenía las llaves de la casa de De Miguel y se la enseñó para concretar el alcance de las obras. Según la Fiscalía, se trata del pago de una comisión y, de hecho, durante la fase de cuestiones previas, Josu Izaguirre citó este ejemplo para asegurar que era insostenible defender que De Miguel no había obtenido lucro personal. "El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas", dijo entonces. Este lunes, Gonzalo Susaeta, su letrado, ha insistido en cuestionar el testimonio de Aparicio y ha dudado de que sus explicaciones fueran "voluntarias". Izaguirre ha formulado una protesta ante estas afirmaciones al entender que habrá momento para discutir este asunto cuando el testigo sea citado en el juicio.

 

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