No necesitamos un gobierno

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en la mesa ‘Crecimiento contra la desigualdad’, en el marco de la Convención Nacional del PP, en Cartagena, Murcia, Región de Murcia (España).

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El candidato del principal partido de la oposición a presidente del Gobierno se ha empeñado en demostrarnos que no necesitamos un gobierno. Nunca había visto a un aspirante estrangularse con su propia soga de manera más efectiva. Casado, por mor de perjudicar al gobierno actual, ha emprendido una libre y liberal y loca carrera por demostrarnos que nada puede hacer un gobierno y que, por tanto, su utilidad es prácticamente nula: con los grandes plutócratas, las grandes compañías, el mercado salvaje y un puñado de señores selectos en el Constitucional hemos acabado. Si nada puedes, nada vales. En el supuesto de que Casado estuviera dispuesto a cumplir con esos grandes principios que afirma que le informan, debería dimitir nada más ser nombrado, si algún hipotético día lo consigue. ¿A qué entonces seguir con la carrera? Suelte los trastos, señor jefe de la oposición, y entréguelos a quien de verdad y sin remisión, según usted mismo, manda. Excepto que considere que tales poderes fácticos necesitan de un títere útil y se esté ofreciendo para el papel. Sería cómico si no fuera trágico. 

El Gobierno no puede gobernar. Un gobierno español está atado de pies y manos ante la subida desorbitada de la luz, ante la inexistencia de vivienda asequible en venta o alquiler para la población más joven. Un gobierno no puede hacer su propia política exterior ni acoger por razones humanitarias a representantes de organizaciones reconocidas por la ONU. Un gobierno no puede pretender que se renueven los órganos constitucionales en tiempo y forma y tampoco puede realizar ninguna modificación legislativa para promoverlo. Un gobierno está incapacitado para tomar medidas de urgencia en caso de mortandad máxima debida a una pandemia. Un gobierno no puede pretender que las grandes empresas paguen el porcentaje de impuestos que la ley les señala. Un gobierno no puede establecer un marco social para el mercado de trabajo porque eso traerá paro y desgracia. Un gobierno no puede favorecer a los trabajadores  ni defenderlos de la codicia del empresariado. Un gobierno no puede decidir con quien pactar sus presupuestos generales del Estado porque hay grupos parlamentarios legales que están prohibidos. Un gobierno no puede gestionar los fondos recibidos de la UE porque debe hacerlo un grupo de control externo. Un gobierno no puede poner límites a las grandes tecnológicas multinacionales ni puede pretender que paguen sus impuestos. Un gobierno no está capacitado para llevar al Parlamento, que las aprueba, leyes que pretendan que todos los actores económicos y empleadores cumplan el Estatuto de los Trabajadores, incluidas las nuevas plataformas tecnológicas. Un gobierno no puede indultar. Un gobierno no puede establecer sus propias líneas políticas respecto a los conflictos territoriales ni dialogar sobre ellos. Un gobierno no puede fijar su política criminal mediante el nombramiento de un fiscal general del Estado que la implemente. Un gobierno no puede cumplir la ley reconociendo las transferencias autonómicas. Un gobierno no puede aplicar la ley acabando con la anomalía de la dispersión de presos aplicada para impedir la retroalimentación de una banda terrorista que ya no existe. Un gobierno no puede cumplir la ley y tiene que prohibir las manifestaciones a través de sus delegados aunque no haya motivos para ello.  Un gobierno no puede llevar a las Cortes las iniciativas legislativas que corresponden a su programa electoral, debe llevar las que complazcan a la oposición. Un gobierno no puede articular misiones de rescate de población civil extranjera que haya colaborado con nuestras fuerzas armadas si no lo hace en el momento que decida el líder de la oposición. Un gobierno no puede poner medidas sanitarias en plena pandemia y tampoco puede retirarlas. 

Un gobierno, por no poder, no puede ni tomarse en serio la Constitución mas allá de lo referido a la amenaza de división territorial. Un gobierno no puede considerar que en primer término España se define como un estado social y, además, democrático y de derecho. Un gobierno no puede reparar en que la Constitución le obliga, junto al resto de poderes públicos, a promover las acciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Un gobierno no debe escuchar el precepto constitucional que consagra que en España la propiedad privada está limitada por la utilidad pública o el interés social. 

Un gobierno no puede, al parecer, gobernar. 

¿Para qué necesitamos pues un gobierno?

¿Por qué tiene Pablo Casado ese ansia viva de presidir uno?

La única lógica de tal actitud reside en el aserto subyacente: un gobierno que no sea de derechas no puede gobernar. Esa premisa es la que le sostiene el discurso y la que llena de pavor. 

Y es que un gobierno que entienda quién es intocable (las eléctricas, el Ibex, los fondos de inversión, los grandes tenedores de capital y propiedad), quién es perfectamente prescindible (los desfavorecidos, los potenciales votantes de izquierda, los trabajadores) sí que puede legítimamente gobernar. El gobernante que propugna Casado es el gobernante adecuado para defender los derechos de los amos de verdad. Dicho así queda como feo así que lo reviste de tecnicismos. 

El poder es suyo y que los que votan mal se lo quiten de vez en cuando es un tremendo error y un accidente. 

No necesitamos gobierno, necesitamos que manden los llamados naturalmente a ello.  

Dicho queda.

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