President, ponga las urnas

El 30 de enero, hace ya más de siete meses, el president, Quim Torra, dio por finiquitada la legislatura y así se lo hizo saber a los catalanes. En una cena con conexión por videoconferencia con Waterloo y a la que asistieron varios miembros de JxCat se acordó que la solución menos mala era anunciar que las elecciones se celebrarían una vez aprobados los presupuestos. En ese momento se descartó una remodelación del Govern porque no tenía sentido nombrar a unos consejeros para tan pocos meses. Han pasado siete meses, siete, desde que se tomó esa decisión. Los presupuestos se aprobaron en abril, hace más de cuatro meses, y no solo no se han convocado los comicios sino que Torra va a alargar todo lo que pueda una legislatura más que moribunda. 

El argumento oficial del president para desdecirse de su promesa es que no puede irse mientras los datos de la epidemia sigan siendo tan preocupantes en Catalunya. Ahora su propósito es que las elecciones se celebren el año que viene, como muy pronto en febrero, para intentar que la proyección ascendente que las encuestas auguran al nuevo partido de Carles Puigdemont en detrimento de ERC siga y se confirme en las urnas. La inhabilitación de Torra por parte del Supremo no tiene una fecha concreta y puede ser cualquier día a partir del 17 de septiembre, que es cuando se celebrará la vista. Como el todavía president ya ha anunciado que no quiere que en su lugar se invista a nadie de modo provisional, en la práctica se situará a Catalunya en un limbo político puesto que el president estará inhabilitado y durante meses no se elegirá a un sustituto. 

Calculadora en mano, y según la previsión que se hace en el Palau de la Generalitat, una vez el Supremo confirme que Torra no puede seguir en el cargo se abre un plazo de aproximadamente cuatro meses. Son el resultado de sumar los 10 días en los que el presidente del Parlament debería proponer un candidato alternativo, algo que ni Torra ni Puigdemont quieren, más los dos meses en los que empieza a correr el plazo para que aparezca algún aspirante que logre los apoyos necesarios para ser investido (hoy por hoy no hay ninguno), más los 54 días que transcurrirían tras la convocatoria formal de las elecciones. 

Torra había asegurado en público y en privado que tenía decidida la fecha de los comicios pero que no la desvelaría hasta el momento de convocarlos. Añadió en más de una ocasión que lo que también tenía claro es que no quería que el Supremo fuese quien acabase condicionándola. Pero ha cambiado de opinión y con su nuevo plan sí será el Alto Tribunal quien determinará cuándo empieza la cuenta atrás para una fecha que ya no decidirá el president sino los plazo fijados por la ley.

Nadie sabe cómo evolucionará la pandemia, la hoja de servicios de la Generalitat este verano para combatirla ha sido más que mejorable, y, además, otras comunidades han celebrado elecciones sin que ello haya supuesto que las administraciones de Euskadi o Galicia hayan hecho dejación de sus obligaciones para intentar controlar la expansión del virus en sus territorios e intentar paliar en la medida de lo posible los perjuicios económicos que está provocando.

Torra asumió, casi como algo personal, la lucha contra la pandemia y eso le ha provocado no pocos encontronazos con el departamento de Salut, controlado por ERC. Fuentes de Presidencia aseguran que el president le ofreció a Aragonès aprovechar esta remodelación del Govern para cambiar a alguno de sus consejeros pero que el vicepresidente lo rechazó. Los republicanos niegan esta versión e insisten en que, pese a las múltiples críticas recibidas, están satisfechos con la gestión de todos ellos. A los desencuentros con ERC se suma el divorcio de Puigdemont con el PDeCAT hasta el punto de que Torra no informó a la dirección del partido de su intención de destituir a Àngels Chacón, la única consejera que no había roto el carné para pasarse a Junts. La labor de la hasta este jueves titular de Empresa y probable candidata del PDeCAT ha sido siempre bien valorada por los sectores económicos, y durante su etapa en el Govern ha evitado entrar en público en las reyertas que protagonizan las distintas familias surgidas de la antigua Convergència. 

Puigdemont necesita tiempo y eso es lo que Torra le ha dado con este cambio de planes. Tiempo para organizar su partido y para ver si ERC sigue perdiendo fuelle, sea porque su gestión en carteras como la de Salut, Educación o Servicios Sociales sigue desgastándole o porque su apuesta por una vía más pragmática en el Congreso de los Diputados le hace perder más apoyos entre los sectores duros del independentismo. Es a esos sectores a quienes ha buscado contentar Torra con su cambio de gobierno.