Sánchez se dispone a frenar la subasta de ideas sobre la amnistía con una campaña activa del PSOE desde esta misma semana

En el manual de la buena política hay dos máximas fundamentales: ocupar espacios y medir bien los tiempos. Desde el 23J, el PSOE no ha sabido o no ha querido manejar con soltura ninguno de los dos preceptos. Primero, porque no era el momento. Después, porque había que dejar que Alberto Núñez Feijóo se cociera en su propia salsa hasta que el Congreso de los Diputados tumbase su candidatura a la Presidencia del Gobierno. Y ahora, porque toda negociación de envergadura obliga a la reserva y la prudencia. El resultado es que el marco político se ha convertido en una especie de subasta de ideas sobre la amnistía en la que todo el mundo tiene opinión, información de primera mano, propuestas y hasta doctrina del Constitucional. Todos, menos el PSOE, que sigue ausente y silente del debate que copará la agenda de esta nueva legislatura. 

Mientras el PP se dispone a ocupar la calle, difundir bulos –como el de esta semana sobre una exótica reunión del ministro Félix Bolaños con Carles Pugidemont en la embajada de Colombia en Bruselas– y llamar a la rebelión contra la ruptura de España, la traición a la Constitución del 78 y la humillación de todos los españoles, el independentismo redobla el precio de sus votos a cambio de supuestas nuevas condiciones. La última y más insólita es que Pedro Sánchez invalide a Salvador Illa como interlocutor de cualquier asunto que tenga que ver con la carpeta catalana. 

Por si hubiera pocas voces en la escena, este viernes Sumar alzaba la suya para anunciar a bombo y platillo su propia propuesta sobre la amnistía. Su intención era hacerla pública el próximo martes, si bien ya la adelantó El Periódico de Catalunya. El texto, redactado por un grupo de penalistas, aboga por que la medida de gracia se aplique a “todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Catalunya tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley”. E incluye que sean amnistiados los agentes de policía procesados por las fuertes cargas durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, pero deja fuera de la norma “las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales de autoridad o funcionario público”.

¿Algún comentario de La Moncloa o del PSOE al respecto? “Calma”, pedían desde el gabinete de la Presidencia del Gobierno. “A la propuesta de Sumar que responda Sumar”, añadían desde la sede del partido. “No es nuestra propuesta”, sentenciaba Pedro Sánchez este viernes. El malestar con la vicepresidenta Yolanda Díaz se arrastra entre los socialistas desde su visita a Puigdemont el pasado septiembre. Desde entonces, quienes negocian por el PSOE con el independentismo repiten una y otra vez que no comparten la agenda de Díaz y tampoco sus iniciativas, que atribuyen más a “una estrategia interna para tapar el lío que tiene en sus propias filas con Podemos”. 

Mientras, el presidente del Gobierno en funciones, que aún no ha comunicado a la presidenta del Congreso una previsión exacta sobre la fecha de su investidura, se limita a sortear las preguntas de la prensa aunque, eso sí, ya no evita pronunciar la palabra “amnistía”. Con todas las letras lo hizo por primera vez el pasado viernes en Granada, tras la cumbre de la UE, donde dijo entender la insistencia de la prensa, pero que no era el momento aún de hablar. “Sé que es la pregunta que muchos se hacen. Estamos negociando con los distintos grupos, cuando tengamos una posición concreta, después de la negociación, la daremos a conocer”. Y añadiría al más puro estilo Rajoy: “No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado”. Una frase que, además de obvia, forma parte del lenguaje comunitario en las negociaciones de la UE y que tenía el propósito, según los monclovitas, de blindar al presidente ante la lluvia de declaraciones de los líderes de otros partidos y ante una posible -pero poco probable ya- ruptura de la negociación con los independentistas.

Desde Ferraz tampoco hacen gran derroche de elocuencia, salvo para decir que se espera anunciar un “acuerdo de gobernabilidad para cuatro años” y que será “cuanto antes, mejor”. La 'número dos' de la dirección federal del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que forma parte del equipo negociador designado por Sánchez, insiste en que “ahora empiezan las negociaciones como tal”, y que estas requieren “el tiempo adecuado para poder llegar al número de diputados ”que haga posible investir al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones. 

Todo ello a pesar de que cada día se suceden las informaciones, con mayor o menor dosis de especulación o comentarios en off de quienes poco o nada conocen del desarrollo del acuerdo y al mismo tiempo de que las derechas se preparan para una oposición furibunda que recuerda mucho a la desplegada por Rajoy entre 2004 y 2008 durante el primer mandato de Zapatero.

“Escuchar y callar no siempre es debilidad”

Los socialistas defienden que “callar y escuchar no son necesariamente signos de debilidad sino más bien de prudencia e inteligencia” ante un asunto de envergadura cuyo objetivo es “pasar la página de la tensión territorial del país durante los próximos lustros”. Saben que siempre que gobierna la izquierda, el PP eleva la tensión y provoca el enfrentamiento hasta límites insospechados y esa vez, si Sánchez revalida el mandato, no será una excepción, lo que no significa que la Moncloa “vaya a asistir impasible a una estrategia que considera dañina para la estabilidad, la convivencia y el funcionamiento de la instituciones”.

No hace tanto tiempo, en plena campaña electoral del 23J, Sánchez declaró que “los códigos del periodismo en nuestro país han saltado por los aires cuando se me ha tratado de deshumanizar y criticar” y en la Moncloa reconocieron que se habían equivocado al no responder a los relatos fabricados por las derechas políticas y mediáticas durante tanto tiempo. De ahí que sea cada día más incomprensible que, habiendo pasado ya el tiempo formal de Feijóo tras su investidura fallida, se mantenga el estruendoso silencio sobre la negociación con el independentismo.

No será, matizan desde el PSOE, por demasiado tiempo. La previsión es que los socialistas frenen esa especie de “festival de ideas y ocurrencias” en que se ha convertido el asunto de la amnistía. La presión interna, incluso por parte de los partidarios de la medida de gracia, se ha impuesto y el resultado es que esta misma semana, “con el acuerdo bastante maduro”, según explican, se empezarán a escuchar algunas voces autorizadas por Sánchez. En los últimos días, el presidente ha tenido diferentes contactos con algunos ex dirigentes del partido a quienes les ha confirmado su disposición a recuperar para la primera línea en este mandato a personas con un marcado perfil político. Y el mismo criterio operará en la nueva configuración del que será su próximo Gobierno si finalmente es reelegido.

Una ronda que empezará con los sindicatos

Hasta entonces, el presidente tiene previsto, además, reunirse este mismo lunes con los líderes sindicales para darles cuenta de lo que persigue con un acuerdo que cree que será histórico porque trasciende la coyuntura de su propia investidura. La decisión se ha tomado tras el reconocimiento de que la batalla por los relatos y la lucha política de algunos líderes por ocupar espacios ha añadido cierto “desorden y confusión” a un asunto que requiere de “mucha explicación pública” y sobre el que aún se negocian algunos flecos no menores. 

Se activa así ya la campaña que, como avanzó elDiario.es a principios de septiembre, diseñaron para  tejer alianzas con la sociedad civil y recabar apoyos entre su propio electorado, donde también hay reticentes a este acuerdo con el independentismo, que Sánchez califica de  “proyecto de progreso y de convivencia, que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de la Constitución Española”.