Los memorialistas andaluces convocan otra vigilia este 18 de julio para exigir la salida de Queipo de Llano de la Macarena
El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 vuelve a servir de motivo a asociaciones memorialistas para reivindicar que sean retirados los restos del general Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena de Sevilla “por el cmplimiento de la Ley de Memoria de Andalucía, por respeto a las víctimas del franquismo y por dignidad democrática”.
De nuevo la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas (Andalucía Republicana), por tercer año consecutivo, ha convocado “una vigilia laica y antifascista en la ciudad de Sevilla”, en esta ocasión apoyada por la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo. Los precedentes de esta vigilia fueron en el 2018 y en el 2017.
La vigilia comenzará a las 21.00 horas de este miércoles 17 de julio y concluirá a las 11.00 horas del día siguiente, jueves 18 de julio, en la Plaza de la Esperanza Macarena de Sevilla. Los organizadores invitan a la ciudadanía a participar, portando una vela, si consideran que “la permanencia de vestigios en lugares de honor, de los que utilizaron el golpe de Estado perpetrado el 18 de julio de 1936 para acabar con las personas cuyo único delito era pensar distinto, como es el caso del enterramiento del general de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena, es insoportable y es un ataque a la justicia democrática”.
La reivindicación insiste, según avanzaron los organizadores de la vigilia en la web, en que “la presencia de los restos del primer responsable de la catástrofe humanitaria que se abatió sobre Andalucía tras el golpe de estado fascista contra la República en un lugar de uso público y referente simbólico de la ciudad de Sevilla como la Basílica de la Macarena resulta radicalmente incompatible con los valores de convivencia y respeto que deben presidir una sociedad democrática y constituye una afrenta permanente a la dignidad de las víctimas del franquismo, por lo que deben ser exhumados y trasladados a un espacio funerario privado”.
Por ello exigen “a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena, a la Iglesia Católica y al Arzobispado de Sevilla, y a la Junta de Andalucía como responsable de cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, la inmediata retirada de este lugar de uso público de los restos del genocida Queipo de Llano”.
Estado de la cuestión
¿Cuál es el estado de la cuestión? La Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, aprobada hace dos años y cuatro meses sin ningún voto en contra, dice en su artículo 32.4, esgrimido por las entidades y partidos para exigir la exhumación de los restos de Queipo, que “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.
Uno de los 37 puntos del acuerdo suscrito en enero entre PP y Vox en Andalucía que facilitó la investidura del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla habla de “promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica”. Los populares, meses atrás, habían amortiguado el sentido del compromiso subrayando que su intención era “reformar” y “mejorar” la ley en vigor, pero a finales de marzo el PP admitió por primera vez que derogará la Ley.
Fuentes de la Consejería de Cultura, con las competencias en memoria histórica, se remiten al respecto a una comparecencia en el Parlamento hace unos días de la consejera, Patricia del Pozo, quien anunció que no sería un Decreto-Ley, sino una Orden, “más rápida y efectiva”, el mecanismo para la eliminación de símbolos y actos contrarios a la memoria democrática, dentro del desarrollo reglamentario de la Ley. “Lo vamos a regular por Orden, que es lo que exige la Ley aprobada por este Parlamento”, porque “es lo más lógico, lo más ágil y lo más eficaz”, dijo Del Pozo.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo pleno municipal aprobó en julio de 2016, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una moción que decía que el hecho de que el militar franquista esté enterrado allí constituía “una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para el conjunto de las y los demócratas”, pone la pelota en el tejado de la Junta de Andalucía: “El Ayuntamiento, como tal, ahí tiene poco margen. Las cartas transmitían un acuerdo de pleno y una referencia a la ley autonómica. Es la Junta quien tiene capacidad real de actuación”, señalan en alusión a las misivas remitidas al Arzobispado de Sevilla y a la Hermandad de la Macarena por el alcalde, Juan Espadas.
¿Qué pasa con la denuncia en el juzgado?
Paralelamente a la exigencia administrativa, y como ya informó este periódico, la reivindicación para sacar los restos del general golpista está a punto de iniciar el camino judicial. Aún no se ha interpuesto la demanda por vía contencioso-administrativa anunciada por la coordinadora contra el Gobierno autonómico por su “reiterado incumplimiento” de la Ley de Memoria, previendo que en estos días haya alguna concreción al respecto, apuntes fuentes de la coordinadora.
La vía judicial se había quedado en punto muerto ante el nuevo escenario político andaluz surgido de las elecciones del 2 de diciembre pasado. El anuncio de la última vigilia antifascista, de julio de 2018, no llegó a culminar por la tramitación de la documentación y se vio finalmente interrumpido por la convocatoria electoral y el nuevo Gobierno de la Junta. La idea primaria del movimiento republicano era querellarse contra la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, pero será el nuevo gobierno de coalición de PP y Ciudadanos el que deberá hacer frente a la demanda judicial.
La conmemoración del segundo 'Día de la Memoria' de la historia de Andalucía (el primero se celebró el 14 de junio de 2018) vino el mes pasado con las habituales reivindicaciones relativas al cumplimento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía pero con la reiteración en una petición histórica: “que se retire la tumba del general golpista y responsable de masivas violaciones de derechos humanos Queipo de Llano de un lugar de acceso público como es la Basílica de la Macarena”.
La “exigencia”, tal y como se contempla en el manifiesto de las organizaciones memorialistas y de víctimas integradas en la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y de Víctimas del Franquismo, obedece a la no aplicación del artículo 32 de la citada ley, motivo por el cual también solicitan “la eliminación inmediata en los espacios de uso público de cualquier símbolo o mención honorífica que exalte instituciones o personas vinculadas al franquismo”.
